La victoria judicial de una familia de Madrid para que cierren 10 pisos turísticos de un edificio no frena la huida de los vecinos: “Nos echan”

Una jueza de Madrid decidió a mediados de junio algo inusual. El cierre de 10 pisos turísticos en el corazón de la capital, no por considerarlos ilegales —eso ya lo había reconocido con sanciones sin éxito el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid—, sino por acreditar que el negocio dañaba la salud y la intimidad de una familia con dos hijos con edades inferiores a los siete años. La jueza falló además que las cuatro empresas debían abonar unos 37.000 euros como indemnización a ese matrimonio y sus pequeños. Pero lo que a todas luces parecía una victoria para la lucha contra la gentrificación del centro, en la escalera de un edificio de la calle Toledo, el portero se volvía a quejar de la “mierda” que habían dejado este domingo algunos de los huéspedes. Y Rosa (nombre ficticio), trabajadora de la limpieza de 65 años, que lleva viviendo de alquiler más de 20 con su marido en este bloque, que en septiembre tendrán que mudarse a la casa de su marido en un pueblo de Cuenca. “Aquí es imposible vivir”, sentencia.

Un juzgado de Madrid ordenó el 19 de junio el cierre de 10 pisos turísticos en este edificio. Pero aquí hay 60 pisos, 40 de los cuales se emplean como un hostal y solo han clausurado los de la escalera exterior por la batalla judicial emprendida por la familia. “Porque no es que vayan a cerrar los pisos porque lo ha pedido el Ayuntamiento, sino porque lo ha pedido una familia”, explicaba a este diario su abogado, Miguel Rubio. La estrategia legal que emprendieron consistió en alegar la vulneración de derechos fundamentales: falta de sueño, ansiedad, depresión, entre otros “serios problemas de salud”. La madre llegó a perder su trabajo.

Pese a que los apartamentos demandados contaban con una orden de clausura y “cese inmediato” por parte del Ayuntamiento, con fecha de febrero de 2023, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, además de diferentes multas de la Comunidad de Madrid que alcanzaron los 16.000 euros, el negocio turístico siguió en funcionamiento. Pese a ello, el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha declarado este lunes a la cadena Cope: “Nosotros no tenemos constancia de esa sentencia”. La victoria para este matrimonio solo ha llegado, según su abogado, con un fallo que reconoce la vulneración de sus derechos y que han considerado “pionero”.

Este lunes, dos empleadas de la limpieza de estos apartamentos, que se han negado a hablar con este periódico por temor a represalias en sus trabajos, cruzaban el portal para arrancar su jornada de trabajo. El portero las miraba de reojo. Ellas se encargan de limpiar el interior de los pisos y él, los pasillos. “Y no sabes las bolsas de basura que saca”, apunta Rosa, que observa la escena cargada con otras bolsas de la compra. Él, que ha sido un testigo clave en la causa de la familia perjudicada, ha preferido no dar más declaraciones. Aunque en la sentencia se recoge cómo describía su carga de trabajo.

En su declaración señaló que desde hace cuatro años han sido “constantes” las intervenciones de la policía por el ruido. También, que él mismo puso una denuncia por encontrarse los buzones arrancados y porque una vez le robaron el móvil. “Hay vómitos algunos fines de semana y han roto el espejo el ascensor, llegando a bloquearlo”, señala la sentencia sobre su testimonio. Este lunes, mientras movía de la escalera algunas de las mochilas que cargaban las empleadas contratadas por las empresas turísticas que todavía operan en el inmueble, se quejaba: “De verdad, estoy hasta las narices”.

Esta mole de seis plantas, ubicada en la esquina entre la calle de Toledo y de López Silva, construida en el año 41, todavía conserva una placa en honor al emblemático edificio que albergó este chaflán madrileño: el Teatro Novedades, incendiado en septiembre de 1928, en el que murieron 80 personas, según la prensa de la época. Aquí llegó la Reina Isabel II a inaugurarlo en 1857. Y aquí se crio el esposo de Rosa con su familia, en un piso de tres habitaciones, hace 50 años.

Hoy apenas vive gente, solo queda un puñado de familias. Pero si uno no supiera que más de la mitad de los pisos operan como un hotel, cualquiera podría pensar que quienes habitan esas paredes son decenas de personas sin empleo aparente. A las 13 horas de este lunes, su escalera es un trajín de maletas, jóvenes con cafés de especialidad —hay uno a pocos metros—, bolsas del Carrefour Express con víveres suficientes para pasar un fin de semana, aparatos de aire acondicionado a pleno rendimiento, buzones vacíos y sin nombre y un cartón de zumo en el rellano.

Rosa se va a ir en septiembre del centro de Madrid por primera vez en sus 65 años de vida. Creció en un piso cerca del puente de Segovia, ha jugado entre las callejuelas de este barrio y ha criado aquí a sus hijos. Y no se va a ir a un piso más al sur, ni a una urbanización con piscina a las afueras. Su sueldo y el de su marido jubilado —a ella todavía le quedan dos años más de trabajo— no alcanza ya no solo para resistir en una de las zonas más codiciadas de la capital, sino para seguir empadronada a una hora de ahí. Se mudarán mucho más lejos, como han hecho otros cientos como ellos, a la casa familiar de su marido en un pueblo de Cuenca. “Me da mucha pena. No sé cómo vamos a vivir ahí. Sé que tendremos una vida más tranquila... Pero no nos vamos, nos están echando”, aclara.

La victoria de la familia contra las cuatro empresas que regentan los 10 pisos turísticos de este bloque no ha alcanzado para consolar a quienes todavía sobreviven en el edificio. En la sentencia se recoge la manera en la que una de las firmas trató de comprar el inmueble de los afectados (que habían adquirido en 2021 por 650.000 euros) y así avanzar poco a poco a un edificio completamente destinado al uso turístico. “Así podréis conseguir la paz que reclamáis”, señalaba la familia que les ofreció el presidente de la comunidad de vecinos, que a su vez explota varios pisos turísticos en el edificio.

Rosa y su marido son inquilinos y sospechan que cuando se muden de ahí, el precio de su piso se triplicará. El alquiler de un piso de tres habitaciones en esa zona ronda los 1.800 euros al mes como mínimo. “Aquí nadie quiere vender, es un chollo”, señala Rosa.

La clausura de los 10 pisos no ha evitado la mudanza de Rosa. Ni nada apunta a que no les suceda algo similar al resto de familias que todavía resisten como ella. Aunque los propietarios de su vivienda no tienen nada que ver con las empresas demandadas, la voracidad de la especulación inmobiliaria del centro de Madrid sigue su curso. Pese a las pequeñas batallas ganadas contra la gentrificación, siempre llega tarde o temprano un burofax. Un mensaje del propietario que anuncia la subida del precio del alquiler a un costo inasumible para la mayoría, un desalojo silencioso, un edificio sin vecinos.