La Justicia paraliza casi 10.000 viviendas en la Comunidad de Madrid por faltas medioambientales

Unas 9.650 viviendas sobre planos en la Comunidad de Madrid han sido paralizadas en los tribunales por motivos ecológicos, a pesar de que los Ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Alcobendas ya habían dado luz verde a los proyectos urbanísticos. Ecologistas en Acción y asociaciones vecinales quieren replicar este escenario en municipios como San Sebastián de los Reyes, Alcorcón o Cercedilla, que suman más de 7.000 viviendas impugnadas. El Gobierno regional, que aprobó el verano pasado una flexibilización de la ley del suelo, impulsa una Aceleradora Urbanística que despierta preocupación entre los ambientalistas.

El último revés judicial para un proyecto urbanístico se ha dado a inicios de este mes en Alcobendas con una sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ha dejado en el aire la construcción de 8.600 viviendas de la urbanización Valgrande —a la que los vecinos críticos del proyecto, agrupados en la plataforma Salvemos Los Carriles, prefieren llamarle Malgrande—.

El TS ha determinado, tal como lo hizo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en 2022, la nulidad de la evaluación medioambiental del proyecto, que no considera los efectos la creación de una montaña artificial de 1.300 metros de longitud y hasta 22 metros de altura. “Es una aberración absoluta”, ha señalado Ainara Elorza, portavoz de ecologistas del municipio, quien teme por “el destroce que va a suponer la obra para el trasiego de fauna desde el monte de Valdelatas”.

El plan de construcción fue aprobado en 2019 por el Ayuntamiento de Alcobendas, entonces del PSOE y hoy del PP. En ninguna de las Administraciones saltaron las alarmas ante la creación de la montaña artificial. Seis años después, el Alto Tribunal ha dictado que “no puede calificarse de simple modificación técnica, correctora, estética o paisajística, pues constituye a efectos medioambientales una modificación sustancial”.

La plataforma Salvemos Los Carriles llegó con el tema hasta Bruselas en febrero de 2025 y logró que la Eurocámara abriera una investigación contra el proyecto por un delito medioambiental.

Solo semanas más tarde del viaje, otra urbanización madrileña volvía a ser tema en el Parlamento Europeo. En esta ocasión, el eurodiputado Vicent Marzà solicitó a la institución un pronunciamiento sobre la legalidad de un proyecto urbanístico de lujo en Pozuelo de Alarcón, el municipio de mayor renta en España. Marzà instó al órgano a dirimir si el millar de casas que se construirían en Montegancedo son compatibles con la Estrategia de Biodiversidad 2030 y el Pacto Verde Europeo.

Las obras fueron paralizadas en julio de 2024 por un auto judicial que reconoce que las 70 hectáreas en las que se proyecta la urbanización conforman un área “de un gran valor botánico y ecológico” y las promotoras fueron multadas con 263.000 euros por talar irregularmente 214 árboles. Todo esto en un área habitada por más de 100 especies animales y árboles centenarios, según un estudio firmado por el doctor en ciencias ambientales, Daniel Fuentes.

La suspensión de la construcción de 9.650 viviendas en Pozuelo y Alcobendas ha servido de combustible para otros grupos en San Sebastián de los Reyes, Alcorcón o Cercedilla, donde el activismo vecinal amenaza planes inmobiliarios.

En San Sebastián de los Reyes, por ejemplo, los vecinos ya preparan las alegaciones al levantamiento de 3.664 viviendas en el Cerro del Baile, cuya reparcelación fue aprobada por el Ayuntamiento el 10 de junio de 2025. Roberto Vaquero (49 años, Madrid), socio de Ecologistas en Acción del municipio, ha señalado que “la intención de todos los activistas y vecinos, si esto no se paraliza por las buenas, es la de ir al juzgado”, para evitar lo que él llama “un pelotazo de manual”.

Vaquero sostiene que en el espacio donde se alzaría la urbanización “hay una fauna riquísima”. Además, habla de “graves deficiencias” en el plan presentado, “por ejemplo el estudio de impacto medioambiental, si no está caducado está próximo a serlo y entendemos que se tiene que actualizar”.

Paralelamente, los vecinos de Alcorcón también han utilizado el plazo de alegaciones para mostrar su descontento por las 3.503 viviendas de Retamar de La Huerta, un proyecto que a su juicio “afectaría gravemente a un espacio natural y de alto valor ecológico”. Se han quejado por escrito del impacto medioambiental de la construcción, así como de la falta de infraestructura de movilidad y servicios esenciales en Villaviciosa de Odón, el municipio más cercano a la obra que tiene 29.273 habitantes, pero que tendrán 15.000 más, cuando se materialice la urbanización.

Otras obras de menor envergadura brotan en diversos de rincones de Madrid, como Cercedilla, el enclave romántico de la Sierra de Guadarrama. Allí los vecinos han llevado 2.000 firmas al Ayuntamiento para oponerse a los 36 chalets promovidos por una constructora afiliada a Blackstone, uno de los fondos inmobiliarios más grandes en España, que ambiciona construir sobre la Dehesa de los Arroyuelos, un paraje natural en Cuenca Alta del Manzanares y a escasos metros de la Red Natura 2000, protegida por la UE.

Ayuso atiza la aceleradora urbanística

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado partidario de flexibilizar la ley de suelo para acortar plazos y reducir requisitos para los proyectos urbanísticos. Ya lo hizo el verano pasado, con una ley robusta que, entre muchas otras cosas, facilitó la construcción de viviendas en zonas de uso público y rebajó la obligatoriedad de sustituir árboles talados.

Ahora, Ayuso trabaja en la creación de una Aceleradora Urbanística, que actuará junto a los ayuntamientos para “reducir plazos de tramitación, mediante la agilización de la solicitud y emisión de informes”, según la memoria justificativa de la entidad. Estas ventajas serán mayores para proyectos “de gran relevancia”, cuyos plazos se reducirán “a la mitad”.

La institución ideada por Ayuso ha sido enmendada en su totalidad por Ecologistas en Acción, la entidad detrás de casi todas las denuncias de este tipo contra proyectos urbanísticos en la Comunidad de Madrid. El grupo ha dejado por escrito: “No es adecuado acortar los plazos de elaboración de los informes preceptivos, ni de tramitación de los instrumentos de planeamiento. Los plazos actuales para la información pública son muy cortos. Si tenemos en cuenta la complejidad de los instrumentos urbanísticos y la confusa redacción de los mismos a la que se suele recurrir para esconder sus alcances y propósitos y favorecer la interpretación interesada de los mismos, en esos cortos plazos es muy difícil emitir informes legales y medioambientales de calidad”.

El Gobierno de Ayuso defiende la urgencia de construir viviendas, pero los vecinos rechazan el argumento de la crisis de vivienda para autorizar urbanizaciones en entornos naturales.

Tampoco se consuelan con que cerca de la mitad de las viviendas de estos proyectos sean de protección estatal. “Hay tantos niveles de protección que en la práctica son una trampa que no permite acceder a la vivienda a la gente que realmente lo necesita”, ha explicado Elorza.

La vecina de Alcobendas ejemplifica con el proyecto paralizado recientemente por el TS, en el que viviendas de dos dormitorios, 85 metros construidos y patio valen 333.000 euros en régimen de VPPL (Vivienda de Protección de Precio Limitado), según una cotización a la que ha accedido un vecino. “¿Dime tú qué tipo de población puede acceder a una vivienda de dos habitaciones con 330.000 euros más IVA? O sea, esto es una tomadura de pelo absoluta”, se queja Elorza, antes de añadir: “Afortunadamente, en este caso, estaban ahí los ecologistas para plantear un recurso y paralizarlo, pero, ¿y si no? ¿Qué habría pasado? Pues eso, nos lo habríamos comido”.