Casi tres meses después nadie sabe todavía quiénes son las 500 personas sin hogar del aeropuerto de Barajas
AENA amenaza al Ayuntamiento de Madrid con acciones legales. Una entidad religiosa asume por su cuenta un censo, necesario para definir responsabilidades

Hace muchos meses que el aeropuerto madrileño de Barajas sirve de único techo para cientos de personas en situación de calle. El escenario se ha ido agravando hasta que saltó a los titulares a mediados de febrero: conflictos, problemas de salubridad, quejas de trabajadores y un volumen de personas nunca antes vista. Se llegaron a contabilizar medio millar de personas, diez veces más que hace una década. A pesar de lo inaudito del problema y el paso de los meses, ninguna de las autoridades apeladas —AENA, el Ayuntamiento de Madrid, la Delegación del Gobierno o el Ministerio de Migraciones— sabe a día de hoy quiénes son estos casi 500 hombres y mujeres que llevan pernoctando en las cuatro terminales desde el inicio del invierno. Conocer estos perfiles es clave para definir las responsabilidades de cada uno. AENA dice que esa filiación es responsabilidad del Ayuntamiento y este dice que debe hacerlo AENA. Ante la inacción, ha tenido que ser una entidad religiosa —Mesa de la Hospitalidad, donde está integrada Cáritas— la que por iniciativa propia ha hecho un censo, que aún no es público, de esos centenares de personas que se refugian en el aeródromo cada noche.
El conflicto entre administraciones —que se culpan entre ellas sin llegar a ninguna solución a pesar de compartir desde hace semanas un grupo de trabajo— ha escalado este viernes. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, declaró que el consistorio se encuentra “a la espera” de que el Gobierno de Pedro Sánchez elabore “un estudio sobre las personas que se encuentran en el aeropuerto para poder individualizar las soluciones”. Y añadió: “Seguimos esperando. Todavía no lo tenemos. Viendo la situación, ese estudio debería estar lo antes posible”.
Las palabras del alcalde sorprendieron al presidente de AENA, Maurici Lucena, que se apresuró a convocar a los medios para responder al Ayuntamiento, a quien acusó de “escenificar la confusión”. Lucena anunció que requerirá formalmente a Almeida que cese en su “dejación de funciones” y, que si no toma medidas, elevará el asunto a los tribunales, en un proceso contencioso-administrativo.
El presidente de la entidad que gestiona los aeropuertos en España dijo estar sorprendido. Él mismo había llamado el jueves al alcalde, pero Almeida no respondió. Lucena insistió con un mensaje. Nada. “Me ha sorprendido que haya hecho estas declaraciones sin ni siquiera haber hablado conmigo, entre otras cosas, porque nos conocemos”, dijo. “Supuestamente, la intención original era de colaboración, algo que hoy se ha puesto en tela de juicio”, reclamó.
Lucena insistió en que la competencia para resolver la situación de “sinhogarismo” que se vive en Barajas es exclusiva del Ayuntamiento. “Lo que está pasando, digámoslo claramente, es el resultado de la dejación de funciones del Ayuntamiento de Madrid”, aseveró. “Este colectivo está jurídicamente ahora mismo desamparado si los servicios sociales no intervienen como es su obligación legal”. El delegado de Políticas Sociales, José Fernández, no tardó en responderle: “La única forma de garantizar la asistencia social adecuada es que se involucren todas las administraciones”. Fernández acusó además a AENA, de “reiteradas muestras de deslealtad institucional” y de “falta de transparencia en sus actuaciones”.
El Ayuntamiento defiende que hay múltiples perfiles durmiendo sobre esos cartones y que su responsabilidad se limita a personas sin hogar que tienen vínculos con Madrid. Una portavoz no ha aclarado a qué se refieren con esos vínculos, pero ha informado de que en abril los trabajadores municipales atendieron a 94 personas con ese perfil y que 12 abandonaron el aeropuerto para ir a alguno de sus recursos de acogida.
El resto, explica la portavoz, serían solicitantes de asilo, que son personas que piden protección en España porque alegan correr riesgo en sus países y cuya acogida es de competencia estatal. Y una tercera categoría indefinida llamada “otros”, en la que se agruparía “personas de paso en la ciudad o sin vinculación con Madrid” y cuya competencia recae sobre “múltiples administraciones”. Se trataría, por ejemplo, de viajeros extranjeros atrapados en la capital por motivos de lo más diversos o españoles empadronados en otros municipios madrileños cuyos servicios sociales tampoco han prestado atención.
Pero el foco está en los solicitantes de asilo, empujados una vez más a protagonistas de un conflicto entre Almeida y el Ministerio de Migraciones que se arrastra desde hace años. El Ayuntamiento sugiere que es un número relevante y que Migraciones no se está haciendo cargo, aunque sin censo no se puede asegurar cuántos son. Preguntado por estos perfiles, el presidente de AENA deslizó que las primeras informaciones que le habían llegado de la filiación revelaban que el número de solicitantes de asilo es “o inexistente o muy muy pequeño”.
La indignación por el estado de las instalaciones del aeropuerto de Barajas ha ido in crescendo desde que las imágenes de los pasillos abarrotados de personas durmiendo durante las noches saltara a los medios de comunicación. El 20 de marzo, una de estas personas, un varón indocumentado de unos 60 años, falleció en la entrada de los baños de la Terminal 4 sin signos de violencia. Muchas aerolíneas como Fly Emirates se quejaron tras lo sucedido. El sindicato Alternativa Sindical Aena/Enaire (ASAE) denunció que la medida tomada por AENA fue pasarles de los mostradores de la T-4 Planta 2 Sur —donde está Fly Emirates— a los de la T-4 Planta 2 Norte —donde está Boliviana Aviación—. Ante las protestas de esta última compañía, se decidió obligarles a bajar a la Planta 1, a una zona escondida de los turistas donde solo hay oficinas en desusos. Allí se ha formado una especie de guetto en el que se ven forzados a convivir aquellos que son conflictivos, aquellos que trapichean, que beben, que se drogan o incluso se prostituyen, con aquellos que pernoctan en el suelo de Barajas y salen a buscar trabajo —e incluso trabajan— y cuyo problema es exclusivamente habitacional y de recursos.
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