Dos menores denuncian agresiones sexuales de compañeros en un centro de acogida de Madrid y acusan al director de taparlos

En diciembre de 2024, el educador A. estaba a punto de dejar el trabajo en un centro de acogida de Madrid, ubicado en el distrito de Usera. Solo había estado unos meses, pero vio muchas cosas, en las dinámicas de trabajo y en el modo de gestión, que no le gustaron y pactó una salida con el director. Antes de irse, hizo una ronda para despedirse de los menores y, cuando entró a decirle adiós a S., esta le replicó: “¿Te vas por lo mío?”. A. no entendía a qué se refería. Entonces, la adolescente, de entonces 15 años, se echó a llorar y le relató los abusos y agresiones a los que la había sometido otro menor del centro de su misma edad, sin que el director, conocedor de los hechos, hiciera nada, según su relato.

Era la primera vez que la niña le contaba la situación a algún educador y A. enseguida acudió alarmado a contárselo a sus compañeros. Ninguno era consciente de la situación. El educador denunció en la Fiscalía y al día siguiente, una de las trabajadoras, de iniciales P. C., también presentó una denuncia en la policía. Ese mismo día, Ángel P., director del centro, la llamó. “Le trasladé a Ángel lo que S. había contado y le dije que por qué no había denunciado, él me transmitió que no había que llegar a tanto, que se podía solucionar desde el hogar y que si denunciábamos la culpa iba a recaer sobre los educadores, por no haber vigilado correctamente”. Otra chica también aseguró en ese momento haber sido víctima de abusos por parte de otros compañeros más mayores desde hacía 10 años, aunque algunos de sus agresores ya no vivían en el mismo centro.

Este periódico ha podido hablar con diversos empleados del centro y también con las dos menores afectadas, acompañadas de familiares de una de ellas. La otra no cuenta con relaciones familiares estrechas. La Unidad de Familia y Atención al Menor (UFAM) abrió una investigación y tomó declaración a varios empleados y a la propia menor entre diciembre de 2024 y enero de 2025, según afirman varios de los implicados. S. ratificó este miércoles su denuncia en la Fiscalía de Menores y volvió a relatar los hechos durante una hora y media. El asunto se instruye en un juzgado de menores porque algunos de los denunciados tienen menos de 18 años. La otra menor denunciante está citada para declarar en mayo.

S. relató a sus educadores que había contado todo al director en el verano de 2023 y que este le prometió poner al corriente al resto de cuidadores del centro y tomar medidas. Pero esto, según denuncian los propios empleados, nunca ocurrió. “Nosotros empezamos a ver que S. se comportaba cada vez de forma más distante con nosotros y no entendíamos por qué”, apunta P., la trabajadora que acudió a la policía, que ya no desempeña su labor en el centro. Después, entendieron que la adolescente pensaba que todos sabían de su situación y nadie estaba haciendo nada por ayudarla.

El centro de menores es mixto y está ubicado en dos casas bajas contiguas en el barrio de San Fermín. Entre las dos, cuentan con seis habitaciones, cinco dobles en las que duermen los niños y otra para los educadores. Está gestionado por la Asociación de Desarrollo e Intervención Abrazo que, según recoge su página web, lleva “20 años dedicada a los menores”. Al frente se sitúa Ángel P. El martes, este periódico acudió a las instalaciones para recabar la versión del responsable y este declinó hacer ningún comentario por “consejo de la Comunidad”, al ser un asunto judicializado. Simplemente, confirmó que a él también se le ha tomado declaración.

“Durante todo este tiempo, el director me ha callado con regalos y con permitirme hacer lo que quería. Incluso pagó mi fiesta de los 15 años ―una celebración para festejar ese cumpleaños tradición en algunos países―”, explica la menor S. Ella reconoce que recibía menos sanciones que sus compañeros cuando su comportamiento era peor. Su tutela la mantiene su propia familia, aunque la guarda está en manos de la Comunidad. La otra chica denunciante sí que está tutelada por la Administración.

EL PAÍS también ha tenido acceso a varios documentos de la investigación, como por ejemplo a la carta que el director remitió a la policía cuando esta solicitó datos sobre qué medidas se habían tomado cuando el responsable fue conocedor del relato de S. En la respuesta del director a la policía, este aseguró que se había tratado el tema con los educadores y que se había decidido prestar más atención a los espacios comunes, cerrar las habitaciones de los menores por las noches, que se hizo una formación entre los empleados sobre abusos sexuales en junio de 2024 y que se estableció un análisis de los posibles riesgos en cada reunión entre trabajadores y dirección. Los empleados con los que ha podido hablar este periódico niegan tajantemente cualquiera de estas medidas y que se hablara de este tema en las reuniones. “Esas reuniones eran un monólogo de Ángel en las que nadie intervenía”, asegura el educador A.

El 15 de diciembre, la Consejería de Familia organizó una reunión con los trabajadores denunciantes, en la que se mostraron preocupados por la situación y emplazaron a los empleados a comenzar con la solicitud de traslado del menor acusado de agresión, para que no permaneciera en contacto con sus víctimas. El 18 de diciembre, una técnica de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad envió al centro instrucciones para tramitar este traslado a un centro especializado de agresores menores y a las dos niñas a otras residencias. El chico permanece ahora en un piso de acogida del Gobierno regional y las dos niñas han sido trasladadas a otros centros de menores.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales afirma que aplicó el protocolo en cuanto se tuvo conocimiento de la situación. “Este procedimiento implica la apertura de diligencias informativas, la denuncia de los hechos, la escucha e intervención con los menores afectados y la separación de las víctimas y los agresores. El expediente informativo continúa abierto porque la investigación no ha concluido. Una vez se resuelva el expediente, se adoptarán las decisiones pertinentes”, especifica un portavoz regional.

El 17 de enero, la Consejería de Familia envió una inspección al centro, pero en ese momento, esta se limitó a hacer un análisis de los fallos en la estructura y de las condiciones laborales de los trabajadores. “Ropa de cama y toallas viejas y en muy mal estado. Baños sucios y desorganizados, azulejos rotos. Las cortinas se sostienen con un alambre. Los suelos de toda la vivienda están deteriorados y sucios. Armarios muy deteriorados. Acumulación de enseres viejos”, reza el informe. En el documento, también se especifica que faltan educadores y que algunos de los empleados no tienen la titulación necesaria.