Regularizando la desregularización

El Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar —provisionalmente, pues será la Comunidad de Madrid la que dé el visto bueno definitivo— una nueva modificación de las Normas Urbanísticas, una parte esencial de un Plan General de Ordenación Urbana, aunque no la única. Un plan que, en este caso, data del año 1997 y como se puede aventurar, ni siquiera llegaba a imaginar algunos de los problemas que hoy tenemos en Madrid. Estoy hablando de problemas como la vivienda, las relaciones con el área metropolitana, la terciarización del centro, el desequilibrio territorial entre distritos o la propia emergencia climática, entre otros muchos.

Si van a consultar todo lo que el Gobierno de Almeida ha introducido en estas nuevas Normas Urbanísticas —las mismas que intentó aprobar en el pasado mandato y fueron rechazadas hasta dos veces— sobre estos aspectos, ya les adelanto que no pierdan el tiempo, porque la respuesta es nada. Estamos ante una nueva oportunidad perdida de adecuación normativa a realidades vigentes que constantemente son ignoradas. Quizá lo que falle es el modelo de ciudad, a gran escala. Sí encontrarán, en cambio, dentro del texto, intentos de arreglos normativos ante otros problemas tan graves en Madrid como las cocinas fantasma que, a pesar de que por primera vez en la normativa se introduce dicho concepto como “cocinas agrupadas”, el nuevo texto no soluciona las serias a molestias que generan en zonas residenciales y áreas vulnerables como colegios.  No se fijan distancias mínimas a estas zonas, ni entre establecimientos, ni se regula el aparcamiento dentro de las parcelas para evitar las molestias de los vehículos de reparto y carga y descarga.

Encontrarán también un intento de encajar nuevos modelos residenciales emergentes, como el cohousing y coliving, aunque torpemente encajados en una especie de terciario de hospedaje. Esto es el abrir la puerta, prácticamente, a continuar convirtiendo edificios residenciales en apartamentos, por ejemplo, turísticos. O podrán leer acerca de un nuevo concepto llamado “factor verde”, un cálculo sobre cuántos metros de una parcela están ayudando a mejorar el confort térmico de la misma. Algo que podría ser muy beneficioso, si la regulación no permitiera sustituir esos metros por otras soluciones tecnológicas, como una fachada vegetal —elemento que puede ser interesante— pero no a costa de una reducción de metros cuadrados de ajardinamiento de la propia parcela que es lo que se permitirá, para compensarlo.

Estas normas son también la constatación del fracaso —provocado— de algo que el PGOUM de 1997 sí regulaba bien: los patios de manzana. Entonces se hablaba de intentar esponjar la ciudad recuperando estos espacios para hacerlos, por ejemplo, zonas verdes como está haciendo la ciudad de Barcelona. Pero no sólo no se ha hecho nada de esto en estas casi tres décadas, sino que estas nuevas normas urbanísticas suponen la defunción de esta política y el nacimiento de la contraria: ahora los patios de manzanas podrán incrementar su aprovechamiento para obtener un rendimiento económico.

En definitiva, esta modificación de las normas urbanísticas no viene a hacer nada que el propio modelo del Plan General del 97 no hubiera establecido ya: un modelo de ciudad volcado a la obtención de plusvalías y de rentabilización al máximo del suelo y sus aprovechamientos. Buscando dar encaje a una desregularización de usos para así satisfacer las demandas de actores privados y sin abordar los verdaderos problemas de los madrileños y madrileñas. En contra del interés general.

Confiamos en que, en la futura redacción de un nuevo Plan General —como ha anunciado el equipo de Gobierno— se tengan en cuenta todas estas consideraciones, tal y como las grandes capitales europeas ya están haciendo. Madrid no puede quedarse atrás.

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