En Madrid hay cerca de 10.000 auxiliares a domicilio del Ayuntamiento para la atención a personas con dependencia, la mayoría mayores y con patologías previas, el grupo de mayor riesgo ante el nuevo coronavirus. Varias trabajadoras recibieron esta semana, tras días de reclamaciones, un bolsa de material de protección que resultó ser una bata negra y de manga hasta el codo de la peluquería Marco Aldany y mascarillas que no venían empaquetadas.

“En mi grupo somos 23 auxiliares y solo nos dieron batas a ocho. Dijeron que eran solo para quienes tenemos usuarios en cama. Todas estamos muy enfadadas”, asegura Isabel, empleada de Sacyr Social de 58 años, que, como todas las semanas, estos días ha atendido seis casas en la zona suroeste, fundamentalmente para hacer la compra y la comida.

La Comunidad de Madrid estableció un protocolo de actuación por el que la empresa, junto a los servicios sanitarios, valora si dar continuidad o no a los servicios de personas que hayan dado positivo. El documento añade que, en caso de prestar el servicio, las auxiliares deben llevar siempre una bata resistente a líquidos, mascarilla de alta protección, guantes y protección ocular antisalpicaduras.

Un portavoz de la empresa Sacyr Social -una de las compañías subcontratadas, además de Clece y Asispa- afirma que están haciendo lo que pueden y que es responsabilidad del Ayuntamiento. Por su parte, un portavoz del Área de Políticas Sociales del Consistorio reconoció que no hay "material necesario para proteger a los asistentes sociales ni a los usuarios en este momento”, como ocurre ante la falta de recursos incluso en hospitales y centros de salud. Y añadió: “La peluquería Marco Aldany hizo una donación de batas y pensamos que mientras tanto esto era mejor que nada”. El Ayuntamiento de Madrid espera poder entregar "Epis [equipos de protección individual] lo más pronto posible, para poderles proteger”.

Por un mes a jornada completa, el sueldo de auxiliar de ayuda a domicilio asciende a alrededor de los 1.000 euros. La Comunidad de Madrid ha recomendado reducir los servicios al mínimo y prescindir de tareas como la limpieza de la casa, indican fuentes de la Consejería de Políticas Sociales.

Las trabajadoras niegan la reducción de servicios y aseguran que la única solución que les han ofrecido las empresas es que utilicen sus días de vacaciones. Esto ha llevado a dejar desamparadas a algunas personas dependientes, como Carmen (nombre ficticio), vecina de 84 años de Villaverde Bajo y residente un piso de vivienda social. “La chica nos dijo hace 13 días que la empresa suspendía el servicio”, cuenta al teléfono Antonio Mena, un amigo que se ha quedado para ayudar a Gonzalo. “Para mí, que deje de venir la chica supone mucho, no puedo barrer ni fregar ni lavarme”, lamenta Gonzalo.

La mayoría de las empleadas del servicio de auxiliares de ayuda a domicilio son mujeres y muchas son madres. Ante el cierre de todos los centros educativos, muchas se ven obligadas a dejar a sus hijos solos en casa. “La empresa nos ha pedido que lo solicitemos como una licencia no retribuida de 15 días, no cobraremos, tenemos que asumir nosotras el tiempo para cuidar de nuestros hijos”, denuncia otra trabajadora.

Con información de Lucía Aísa y Julia F. Cadenas

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