Nuevo contratiempo para juzgar por contrabando al exalcalde del PP Nené Barral 21 años después de su detención

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha tenido que aplazar el juicio previsto para el próximo martes en el que se iba a juzgar al exalcalde de Ribadumia José Ramón Barral, Nené, por los presuntos delitos de contrabando, cohecho y asociación ilícita por los que afronta una condena de 10 años y medio de prisión. La enfermedad de unos de los acusados en el proceso supone un nuevo contratiempo para la resolución de la causa más antigua por contrabando en España.

Después de interminables vicisitudes que ha rodeado este proceso, como el fallecimiento de tres acusados y el principal testigo de cargo de la Fiscalía, Barral se sentará en el banquillo junto a otras 11 personas, entre ellas tres agentes de Vigilancia Aduanera y dos de la Guardia Civil. La investigación que arrancó en un juzgado de Vilagarcía en 1996 y tras varios intentos de Vigilancia Aduanera de arrestar a Barral, un contenedor con 432.000 cajetillas de tabaco ilegal que llegó al puerto de Vigo desencadenó su detención en mayo de 2001 y su posterior dimisión de la alcaldía de su pueblo que gobernó durante 18 años bajo las siglas del PP.

Aunque la acusación llegó a implicar a familiares directos del expolítico, el fiscal retiró la acusación contra todos ellos excepto su hermano Feliciano Barral, que entonces era presidente de la ejecutiva local del PP, para quien solicita una condena de seis años de cárcel. El exregidor, de 78 años, ya fue condenado por fraude fiscal en 2016 con una multa, después de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Pontevedra para evitar el juicio a sus hijas y abonar casi un millón de euros de deuda con la Agencia Tributaria. Ahora, Barral también se enfrenta a otra posible multa de 15 millones de euros por supuestamente importar tabaco ilegal de forma continuada.

El proceso se presenta complejo por las dilaciones que ha tenido la causa. De hecho, la Fiscalía ha intentado que los acusados admitiesen los delitos de los que se les acusa a cambio de una rebaja de las condenas, pero Nené Barral y su hermano Feliciano, al igual que los otros nueve procesados, han rechazado el juicio de conformidad.

La acusación se ciñe a la actividad continuada de la red que supuestamente lideraba José Ramón Barral introduciendo en España y en Europa tabaco de procedencia extracomunitaria, tanto por vía marítima como terrestre, a través de dos pesqueros y un buque mercante. El ministerio público considera que era “un grupo organizado, estable con proyección internacional y delimitada asignación de tareas y jerarquización entre sus miembros”. Una organización criminal de la que formaban parte otras personas “de nacionalidad portuguesa, holandesa, suiza, croata, norteamericana, inglesa y polaca”, además de España, fundamentalmente de las provincias de A Coruña y Pontevedra.

“El mando de esta asociación era asumido por José Ramón Barral, que ostentaba la máxima capacidad de decisión en ese grupo en territorio español, proyectando, planificando y dirigiendo las labores a desempeñar por los demás componentes de la misma”, señala la Fiscalía en su escrito de acusación, aunque tanto Barral como su hermano han rechazado estas acusaciones. El juicio cierra tres décadas de historia en la que las redes de contrabandistas consiguieron enormes fortunas, amparadas por la corrupción policial y en un ambiente político propicio. En 2004, la Fiscalía de Pontevedra dio por agotado el negocio en Galicia dejando atrás centenares de causas y millones de cajetillas incautadas.