Las urnas pasan consulta al sistema sanitario andaluz

Carmen Roldán vive en Herrera, un municipio de 6.584 habitantes de la sierra norte de Sevilla. Su hijo Bruno, de cuatro años, jamás ha visitado al pediatra en su localidad, porque no existe. “La última vez que lo vio una profesional aquí fue en 2023 y no era especialista en pediatría, era médica de atención primaria”, explica sobre una fórmula adoptada por el Servicio Andaluz de Salud en aquellos distritos sanitarios donde, al no haber pediatras, se utiliza a médicos de cabecera para tratar a la población infantil. “Nos dijo que tenía paperas, no nos fiamos y fuimos a un pediatra privado que nos confirmó que lo que tenía era mononucleosis. Fue un error de diagnóstico porque ella no era experta”, cuenta. La profesional pidió traslado ese mismo verano y desde entonces no hay nadie que atienda a los niños de Herrera, que tienen que irse hasta Estepa, a 10 kilómetros, para ser atendidos en un centro de salud público. “Tampoco hay muchos más médicos en el consultorio de Herrera, que es prácticamente nuevo. Tenía que haber urgencias y fisioterapeuta y solo hay una matrona que va y viene y atención primaria. Aquí la mayoría nos automedicamos porque conseguir cita también es complicado”, abunda Roldán.

Su caso ejemplifica el deterioro del sistema sanitario andaluz, lastrado por una falta de médicos estructural y donde la escasez de profesionales y los tiempos de espera —por encima de la media de España en todas las categorías: atención primaria, especialista y quirófano— han abocado a buena parte de la población a contratar un seguro privado. Entre 2019, cuando el PP entró en la Junta, y 2025 Andalucía se ha convertido en la comunidad en la que más ha crecido la suscripción de este tipo de pólizas, con un aumento acumulado del 27%.

Mari Baena tiene 71 años y no piensa en hacerse un seguro privado. Arrastra problemas de osteoporosis y de espalda desde hace años. En noviembre tenían que llamarla para hacerse unas pruebas, pero nunca lo hicieron. En marzo se cayó y su médica de cabecera solicitó que le dieran cita en el hospital de Osuna (Sevilla). Tiene fecha para el 12 de enero de 2027 a las 12.45. “No puedo esperar tanto, es inhumano lo que están haciendo con nosotros”, se lamenta.

Su insatisfacción es compartida por la mayoría de andaluces, que son los ciudadanos que peor valoran el sistema sanitario público —de competencia autonómica— de todo el país. Solo un 38,8% tiene una opinión positiva en este territorio, 12,8 puntos por debajo de la media nacional, de acuerdo con el último Barómetro sanitario del CIS, de marzo. El malestar también se recoge en la encuesta del Centra, el estudio de opinión del Gobierno andaluz, del pasado diciembre, donde la sanidad se ha convertido en el primer problema para el 22,3%, por encima del desempleo.

La sanidad es el talón de Aquiles del Gobierno de Moreno, especialmente en la última legislatura. El dirigente popular hace tiempo que reprocha a sus rivales políticos que solo centren sus ataques en la gestión sanitaria. La candidata socialista, María Jesús Montero, cirujana de profesión y al frente de la sanidad andaluza entre 2004 y 2013, ya ha adelantado que los comicios autonómicos serán “un referéndum sobre la salud”.

El primer aviso lo dio Marea Blanca con las manifestaciones en varias ciudades andaluzas en noviembre de 2022, poco después de que el PP ganara con mayoría absoluta, en protesta por el colapso de la atención primaria. Desde entonces se han sucedido ocho más —a la que se le sumará una novena este domingo en todas las capitales andaluzas—, cada una más multitudinaria que la anterior, y en las que se acumulaban más motivos de descontento: el incremento de las listas de espera, la ausencia de profesionales en las zonas rurales, el amago de privatizar la atención primaria, los contratos de emergencia para derivar pacientes a clínicas y hospitales privados al margen de los conciertos… El Gobierno andaluz también se ha enfrentado a concentraciones y huelgas promovidas por los sindicatos sanitarios descontentos por el incumplimiento del pacto de atención primaria y otras promesas de la Consejería de Sanidad.

Cuatro consejeros

Todos estos problemas cristalizaron el pasado mes de octubre en el escándalo de los cribados, la mayor crisis de las dos legislaturas del barón popular. Por primera vez en ocho años se oyeron gritos de “Moreno dimisión” en las calles. “No están dando con la tecla en materia de sanidad”, advierte Daniel Gutiérrez, portavoz de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO Andalucía, que pone como ejemplo el paso por la Consejería de Sanidad de cuatro responsables, frente a la estabilidad en el resto de carteras, o el colapso con las listas de espera. “Andalucía es la comunidad con más demora en ser atendido en atención primaria, 11,6 días [9,5 de media en España], y a eso se suma la media de 160 días de espera para una cirugía [la más alta] que arrastra también una media de atención superior por consulta externa. ¿Cuánto retraso suma una persona en Andalucía para ser intervenida?”, se pregunta, citando los datos del último barómetro sanitario del CIS y los de listas de espera de junio de 2025 de la Junta.

El PP sabe del poder movilizador del malestar de los ciudadanos en materia sanitaria. Llegó a la Junta, en buena medida, explotando la crispación con la gestión sanitaria de los gobiernos socialistas. Moreno prometió en 2018 un nuevo modelo. Durante sus primeros meses, eliminó la subasta de medicamentos, que ha disparado el gasto farmacéutico (3.500 millones de euros, el 23% del presupuesto sanitario de 2025), siendo el mayor de toda España, y suprimió el plus de exclusividad, permitiendo compaginar a los médicos su trabajo en la sanidad privada.

Tras la pandemia, afloraron los problemas. Pese a los distintos planes de choque en materia sanitaria que ha ido aprobando el Ejecutivo autónomo (en atención primaria, para reducir las listas de espera o para atender las citas del médico de cabecera en menos de 72 horas), la sensación de deterioro del sistema se ha acentuado, tanto para los usuarios como para los profesionales sanitarios, saturados por la falta de plantilla, la ausencia de sustituciones y unas consultas que no disminuyen. En noviembre de 2025, en la presentación de su cuarto consejero de Salud, reconoció que no se habían conseguido los objetivos marcados y se comprometió a una reforma integral del Servicio Andaluz de Salud, con 130.000 profesionales, que considera “rígido y analógico”.

El Gobierno andaluz ha tratado de rebatir las críticas a su gestión con cifras económicas, insistiendo en que nunca antes se habían destinado más recursos a sanidad —el presupuesto de 2026 plantea 16.266 millones, un tercio del total y el 7% del PIB—, que se ha incrementado la plantilla, anunciando 4.371 profesionales sanitarios nuevos para 2026 (1.200 médicos). También ha incidido en que, por primera vez, el gasto sanitario por habitante es superior a la media nacional.

“Por mucho dinero que metas, si el pozo está agujereado, no te va a recoger el agua. La inversión es fundamental, pero tiene que estar bien orientada, no puede servir para mantener un modelo que está obsoleto”, indica Martín Blanco, exgerente de la Escuela de Salud Pública Andaluza y viceconsejero de Salud entre 2015 y 2017. “Ahora hay más dinero que nunca, pero si no lo gestionas bien, difícilmente se van a poder arreglar las cosas”, añade Alfonso Carmona, presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Andalucía, que, no obstante, valora los avances en estabilización de la plantilla con las Ofertas Públicas de Empleo aprobadas por la Junta en estos últimos años.

La confrontación de los modelos sanitarios va a ser el epicentro de la próxima campaña electoral. El Ejecutivo andaluz en este tiempo se escuda en que los problemas son heredados y los achaca a los gobiernos socialistas. El PP ha insistido en recordar que fue con Montero cuando más se deterioró el sistema sanitario andaluz, con el despido de 7.000 profesionales sanitarios. La dirigente socialista ha contraatacado, poniendo en valor los hitos en investigación biomédica o la primera ley de muerte digna en esos años, y deslizando que Moreno aprobará el copago sanitario, algo que su Gobierno ha negado categóricamente. “Quiero conocer qué ofrecen otros partidos, pero en la papeleta que se meta en las urnas el 17 de mayo nos va la vida”, sostiene Roldán, la mujer de Herrera, el pueblo sevillano donde no hay pediatra.