La Generalitat de Mazón no alertó a FGV sobre la dana de 2024

La Consejería de Emergencias de la Generalitat Valenciana no informó a los responsables de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) de la dana de 2024, la catástrofe que dejó 230 muertos en Valencia. Así lo revela un documento oficial de FGV al que ha tenido acceso EL PAÍS y que se ha incorporado a la investigación sobre la desgracia que instruye la jueza de Catarroja (Valencia) Nuria Ruiz Tobarra.

En el momento del temporal, Emergencias estaba dirigida por la entonces consejera de Justicia e Interior y hoy principal imputada en la causa, Salomé Pradas. Y el número dos de este departamento era el entonces el director general de Emergencias, el también investigado Emilio Argüeso.

Pradas, en la línea de defensa de la Generalitat y el PP, siempre ha sostenido que, si su departamento no reaccionó a tiempo ante la inundación, fue porque organismos estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CGH) o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no reportaron con antelación la desgracia. Una tesis, la del denominado apagón informativo, que ha sido desmontada por la instructora en decenas de resoluciones avaladas por la Audiencia Provincial de Valencia.

En su respuesta a la magistrada de Catarroja, FGV indica: “según consta en los archivos y registros, más allá de los avisos recibidos por alertas meteorológicas de fenómenos atmosféricos adversos y avisos especiales dirigidos de manera global a organismos públicos, esta entidad no recibió instrucción concreta o recomendación por la dana por parte de la Consellería de Emergencias en relación al Puesto de Mando de FGV ubicado en el complejo ferroviario de València Sud”.

Con esta respuesta, la empresa pública sale al paso de un oficio de la instructora que preguntaba a FGV si fue avisada de la catástrofe entre el 24 y el 29 de octubre de 2024.

En otra resolución, la jueza ha identificado al chófer que acompañó el día de la dana a la exconsejera Pradas. La magistrada da así el primer paso para poder citar como testigo al conductor, tal y como solicitaba la acusación popular que ejerce en la causa el PSOE.