Víctimas de la dana reivindican a Bolaños la revisión del uso de los aforamientos

Tres asociaciones de víctimas de la dana han traslado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, la necesidad de que el juzgado de Catarroja encargado de la instrucción cuente con todos los recursos necesarios, de una justicia que actúe “sin interferencias políticas” y de la revisión del uso de los aforamientos.

El expresident de la Generalitat Carlos Mazón “debería estar siendo investigado” en esa causa, según trasladan en un manifiesto conjunto la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre de 2024, la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29-O y Damnificados por la DANA de l’Horta Sud de Valencia, entregado al ministro durante la reunión celebrada con él el pasado miércoles en Madrid, un documento en el que le trasladan sus “preocupaciones, reivindicaciones y la realidad” que siguen “viviendo como víctimas”.

“No nos dejamos manipular ni utilizar por nadie. Como sociedad civil organizada usamos nuestros derechos para hacer llegar nuestras peticiones y reivindicaciones a quienes consideramos”, afirman las entidades, que añaden que su existencia “es clara: verdad, justicia y reparación”.

Refuerzo de medios para la investigación judicial

En el manifiesto reclaman un refuerzo de medios para la investigación judicial de la dana y consideran imprescindible que, desde el Ministerio, y en la medida de sus competencias, “se apoye con todos los recursos necesarios al juzgado de Catarroja encargado de la instrucción”.

“Solo garantizando medios suficientes —personales, técnicos y materiales— se podrá desarrollar una investigación rigurosa, ágil y a la altura de la gravedad de los hechos", afirman. También defienden una justicia “independiente y creíble” e indican que para que la ciudadanía crea en ella “es imprescindible que esta actúe sin interferencias políticas y sin ser utilizada como un instrumento para conseguir en los tribunales lo que no se logra en el ámbito político”.

En los últimos tiempos, advierten, “estamos asistiendo a una preocupante dinámica en la que procedimientos judiciales se alargan, se reabren o se impulsan incluso con bases muy discutidas o con escasos indicios, mientras que en otros casos, como el que nos ocupa, se levantan obstáculos que dificultan avanzar en la investigación”.

“Esto alimenta una sensación social de desigualdad y arbitrariedad que erosiona la confianza en el sistema judicial. La justicia no puede convertirse en un “culebrón” ni en un espacio de confrontación permanente, necesitamos una justicia en la que confiar, que no haga política judicial ni justicia política", aseveran.

Asimismo, abogan por una revisión del uso de los aforamientos tras trasladar al ministro su “profunda preocupación por el uso y la interpretación del aforamiento en este caso”. Afirman que el aforamiento “es una garantía procesal, no un mecanismo de protección personal. Su aplicación no puede desvirtuar su finalidad ni convertirse en un privilegio” y añaden que no entienden que el TSJCV “haya eximido de facto de la posición de garante a Carlos Mazón sin haberse completado la fase de instrucción”.

A su juicio, “el aforamiento, como figura excepcional, no puede situarse por encima del derecho constitucional y fundamental de las víctimas a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo”. “Entendemos que Carlos Mazón debería estar siendo investigado. No estamos juzgando ni señalando culpabilidades, porque sabemos que nos encontramos en fase de instrucción. Pero precisamente por ello, recordamos que la elevación de la causa al Tribunal Superior de Justicia por parte de la jueza instructora responde a la existencia de indicios que justifican su investigación”, afirman.