La Generalitat de Mazón avaló el confinamiento de la población en lo peor de la dana

La Generalitat Valenciana sopesó adoptar medidas de choque durante la dana justo cuando la mayoría de las víctimas de la tragedia que dejó 230 muertos en octubre de 2024 ya habían fallecido. Ignacio Lleó, abogado de la Consejería de Justicia e Interior, ha manifestado este martes ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la catástrofe, Nuria Ruiz Tobarra, que la tarde del 29 de octubre de 2024 fue consultado sobre la posibilidad de confinar a la población. “Planteé que las normativas de emergencia nacional y autonómica permitían confinamientos y evacuaciones forzosas”, ha señalado, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su declaración.

El letrado ha precisado que hizo las gestiones para tomar la medida a las 20.45, cuando llamó a su “directora general”. En ese momento, el Centro de Coordinación Operativo de Emergencias (Cecopi) —el órgano que coordinó la crisis— ya había enviado la alerta masiva a móviles, que llegó cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto. Y el entonces presidente Carlos Mazón ya había llegado al dispositivo de Emergencias tras pasar más de cuatro horas en una comida en el restaurante El Ventorro de Valencia con la periodista Maribel Vilaplana.

Lleó, que ha comparecido como testigo, ha enmarcado la consulta sobre el confinamiento en las dudas jurídicas surgidas a raíz de la crisis de la covid-19 de 2020. “La gente tenía en mente la restricción de derechos de la pandemia. Por eso, las consultas. La respuesta es que no hacía falta el informe de la Abogacía para ordenar desalojos o confinamientos”, ha remarcado.

En su declaración ante la instructora, el abogado de la Consejería de Justicia ha recordado que el confinamiento se puso sobre la mesa por el riesgo de rotura de la presa de Forata, una infraestructura en Yátova (Valencia) cuyo desbordamiento pudo causar 8.000 muertos, según informes de la Generalitat.

El testigo ha relatado que la consulta sobre el confinamiento se la transmitió “al final de la tarde” del 29 de octubre de 2024 el subsecretario de la Consejería de Justicia e Interior, Ricardo García. Y que este no le explicó de quién procedía la pregunta para analizar el encaje jurídico de la medida. El que fuera mano derecha de Mazón y su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, remitió un wasap a la exconsejera y principal investigada de la causa, Salomé Pradas, en el que rechazaba el confinamiento. “Salo, de confinar nada”, le dijo, según un acta notarial aportada al juzgado por la investigada. El letrado ha indicado ante la jueza que no sabía si la consulta a la Abogacía de la Generalitat por la dana tuvo algo que ver con el mensaje que Cuenca le remitió a Pradas.

El abogado de la Consejería de Justicia e Interior que dirigía Pradas fue citado a declarar como testigo después de que la Abogacía de la Generalitat presentara en enero un informe que contemplaba que este órgano jurídico fue consultado por teléfono sobre la posibilidad de confinar a la población la tarde de la dana.

La jueza de la dana también ha tomado declaración como testigo este martes al abogado general de la Generalitat, Álvaro Martínez Ávila. Un letrado que, la tarde de la catástrofe, fue contactado por teléfono en dos ocasiones por Cayetano García, entonces secretario autonómico de Presidencia y miembro del núcleo duro de Mazón. Martínez Ávila ha contado en el juzgado que, a las 20.30 horas, durante la segunda llamada con García, este le descartó el confinamiento. Y que García le informó sobre el posible riesgo de rotura de la presa de Forata.

Durante la tarde de la riada, ha asegurado este último testigo,no recibió ninguna llamada de la exconsejera y principal investigada en la causa, Salomé Pradas.