Un jefe de Emergencias revela ante la jueza de la dana que conocieron el riesgo en el Poyo seis horas antes de la alerta

La Generalitat Valenciana conocía el riesgo en el barranco del Poyo, la rambla que desató la inundación causada por la dana, a mediodía del 29 de octubre de 2024, cuando la mayor catástrofe natural del siglo dejó 230 muertos en Valencia. Manuel Villalba, jefe de explotación del 112, la centralita autonómica de emergencias, ha asegurado este martes ante la jueza de Catarroja (Valencia) que indaga en la desgracia, Nuria Ruiz Tobarra, que a las 14.00 horas de ese día ya sabían del peligro en esta infraestructura. “Preocupaba en ese momento el barranco del Poyo”, ha reconocido el responsable, según informan a EL PAÍS fuentes presentes en su declaración como testigo, una condición que obliga a decir la verdad.

Pese a manejar esta información, el Cecopi, el órgano autonómico de emergencias que coordinó la crisis, no envió la alerta masiva a móviles para reportar a la población de la dimensión de la gota fría hasta las 20.11 horas, cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto, según una investigación de EL PAÍS a partir de los datos del sumario. La jueza ha sostenido en diversas resoluciones que si el aviso se hubiera remitido antes, se habrían salvado vidas.

En su intervención, el testigo ha relatado cómo a las 14.00 horas ya se puso sobre la mesa el riesgo de desbordamientos en Manises y se reportaron “achiques” en viviendas de Chiva y Buñol. Ha destacado que transmitió este flujo informativo a la entonces consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que es la principal investigada en la causa; a quien fuera su segundo, el también imputado, Emilio Argüeso; y al subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez. “A partir de las 14.00, hay un gran aumento de llamadas”, ha rememorado Villalba. El día de la barrancada, el 112 recibió casi 20.000 comunicaciones. “El sistema no se cayó, sino que se colapsó. Se rechazaban las llamadas”, ha aseverado ante la jueza.

El jefe de la centralita ha desvelado que Argüeso −entonces director de Emergencias de la Generalitat− visitó la sala del 112 para “recabar información por conocidos suyos” sobre las 19.30 horas, tras el desbordamiento del barranco del Poyo. “Llegó muy nervioso y agitado. Pedía que se gestionara la petición de auxilio que a él le había llegado”, ha señalado el testigo.

Después de que la Agencia Española de Meteorología (Aemet) decretara el nivel rojo, el máximo en la escala, a primera hora de la mañana del 29 de octubre, la centralita de crisis de la Generalitat -según el testigo- disparó el número de peticiones de auxilio. “Empiezan las llamadas desde Utiel y Requena hasta las 9.30 horas. A partir de las 10.00, son comunicaciones de Chiva y Buñol”, ha recordado.

Villalba ha precisado que “no está entre sus funciones” transmitir información del flujo de llamadas del 112 al Cecopi, pese a que ambos organismos se encuentran en el mismo complejo de Emergencias de L’Eliana (Valencia). A partir de las 16.40 horas, esta centralita ya recibía decenas de peticiones de auxilio de municipios como Chiva o Cheste, donde nace el barranco del Poyo.

A preguntas del fiscal, el testigo ha reconocido que los altos cargos del Consell de Mazón que desembarcaron a mediodía en el dispositivo de crisis fueron a la reunión “a saludar”. “No es que hubiera preocupación”, ha admitido.

La declaración de Villalba contradice la versión del apagón informativo defendida por la Generalitat, el PP y los dos principales investigados en la causa. La tesis sostenía que la reacción de la administración autonómica respondía al hecho de que los organismos estatales, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no reportaron con antelación del riesgo en infraestructuras críticas como el barranco del Poyo. La jueza a cargo de la investigación ha rechazado este argumento en varias de sus resoluciones, respaldadas luego por la Audiencia Provincial de Valencia.