Maribel Vilaplana, la testigo de El Ventorro y del juzgado de la que pende el futuro de Mazón

Tratar de hablar con Maribel Vilaplana, la periodista que almorzó con el president Carlos Mazón durante la dana que provocó 229 muertos en Valencia, es toparse con un muro. Desde que trascendió hace un año que compartió mesa durante casi cuatro horas con el barón popular en el restaurante El Ventorro mientras se inundaba la provincia, la informadora se ha mantenido hermética.

La comunicadora tiene una portavoz que la blinda de sus compañeros de profesión y con la que estudia con celo la declaración como testigo que prestará este lunes ante la jueza de Catarroja (Valencia) que indaga la catástrofe, Nuria Ruiz Tobarra. “No te puedo contar nada”, responde como un resorte a cada pregunta su asesora. Una fuente de su entorno más próximo, que no da crédito a sus cambios de versión (tres en un año), explica: “Los que no entendemos nada somos nosotros. Parece que está elaborando una coartada a medida que se saben nuevas cosas”.

Primero, Vilaplana aseguró que se despidió de Mazón a las 17.45. Después, se corrigió a sí misma en una carta abierta y dijo que fue una hora más tarde. Y, por último, tras conocer que la magistrada la citaba como testigo —una condición que le obliga a decir la verdad— se filtró que el president la acompañó al aparcamiento donde tenía su coche.

Para entender la irrupción de Vilaplana hay que retroceder al 29 de octubre de 2024, el día de la dana. Tras impartir un curso de comunicación en Almussafes (Valencia), sede de la multinacional Ford, esta periodista recorre los cerca de 26 minutos en coche que le separan del corazón de Valencia. Deja su vehículo en el aparcamiento Glorieta-Paz, con entrada en la céntrica plaza de Tetuán. Y, cuando pasan las tres, atraviesa la pequeña puerta de madera del restaurante El Ventorro.

Al otro lado de la mesa de la casa de comidas, se encuentra el president. Acaba de llegar del Palau de la Generalitat. Ha tenido una reunión con líderes sindicales y empresariales, en la que ha calificado de “exagerada” la decisión de la Universitat de Valencia de suspender las clases. Por entonces, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había decretado ya ocho horas antes la alerta roja, la máxima en la escala. El desbordamiento del río Magro, génesis del caos en Utiel y Requena, es una realidad.

Arranca el almuerzo. Su finalidad es, en teoría, proponer a Vilaplana la dirección de la televisión pública À Punt. Un dato que desmiente su entorno. “Lo de À Punt es una bola. Mazón ya se lo había ofrecido días antes y lo había rechazado”, argumenta esta fuente, que justifica que a Vilaplana no le compensaba económicamente la oferta y, además, cuenta ya con una trayectoria laboral reconocida como profesora de oratoria. Tampoco guarda buenos recuerdos de la última etapa de Canal 9, cuando el PP la cerró. Junto a su puesto de consejera del Levante Unión UD, es propietaria de Bencomunicat S. L., una empresa de relaciones públicas creada en 2006 que el pasado año registró unas ventas de 101.705 euros.

Transcurre una hora y media de almuerzo. A 18 kilómetros de El Ventorro, hay una mujer que trata de hablar con el jefe del Consell. El president cancela su llamada. Son las 16.29 horas. La comunicante se llama Salomé Pradas, tiene 47 años, y es la consejera de Justicia e Interior encargada de la emergencia. Se encuentra en un coche, sorteando un atasco, rumbo a L’Eliana (Valencia), donde se ultima el Cecopi. Diez minutos después de la frustrada comunicación, las rabiosas aguas del Poyo se desbordan a la altura de los municipios valencianos de Cheste (9.022 habitantes) y Chiva (17.245 vecinos).

En el reservado del céntrico restaurante de Valencia prosigue la sobremesa. Pasan las 17.30 cuando un WhatsApp se cuela en el móvil de Vilaplana con un mensaje. Una persona muy próxima le advierte de las inundaciones en Utiel con un vídeo de À Punt en el que se ven coches arramblados por la corriente, con declaraciones sobreimpresas del alcalde, Ricardo Gabaldón, en la que califica la situación de “muy crítica” y pidiendo a los vecinos no salir de sus casas. La comunicadora responde con un emoticono de una carita. Su portavoz sostiene que no le enseñó a Mazón el vídeo, pero otras fuentes apuntan lo contrario. El lunes deberá responder sobre la cuestión.

A continuación, el president charla por primera vez con Pradas (17.37 horas). Ya había más de 10 muertos (seis en Utiel, en total), según la investigación. Conversan dos minutos, tratan del riesgo en Utiel y Requena. El jefe del Consell no muestra “signos de estar preocupado”, según el entorno de la consejera, que fue destituida cuatro semanas después de la tromba.

Después, Mazón llama al presidente de la Diputación, Vicente Mompó, del PP, y le pide el teléfono del alcalde de Utiel. No consta, sin embargo, que el jefe del Consell contactara con el edil, según el listado entregado por él mismo a Les Corts Valencianes. El alcalde del PP señaló a este periódico el pasado jueves que no puede asegurar si recibió en ese momento una llamada de Mazón o a través del móvil de otra persona porque entonces estaba en plena catástrofe.

Pasan unos minutos y el jefe del Consell comunica, de nuevo, con Pradas. Lo hace tres veces (18.16-18.30). Abordan el riesgo de la presa de Forata, en el municipio valenciano de Yátova (2.242 habitantes). “El presidente dijo a Pradas que le mantuviera informado, pero no le ordenó nada”, relatan fuentes próximas a la exconsejera.

El enigma del aparcamiento

Al abandonar El Ventorro, entre las 18.30 y las 18.45 horas, arranca el periodo más enigmático de la aciaga tarde. Mazón cancela entonces dos llamadas de Pradas y no vuelve a coger el teléfono a su consejera de emergencias hasta las 19.43. Pocos minutos después, llega al Palau de la Generalitat, donde había estado “trabajando” y “haciendo llamadas”, después de la comida, según las versiones ofrecidas por Presidencia y el propio Mazón. Sin embargo, apenas estuvo unos minutos, según desveló un testigo y dos fuentes conocedoras de los hechos a este periódico. Se deja ver, recoge a dos colaboradores y se marcha al Cecopi.

Entretanto, el dispositivo de la emergencia se preparaba para adoptar la decisión más relevante de la jornada, el envío de la alerta masiva a móviles, que aterrizó en los teléfonos a las 20.11 horas, cuando ya habían fallecido, al menos, 155 personas, según la investigación. Mazón sigue ausente. La alarma le suena en el coche, de camino a L’Eliana, donde está el Cecopi.

En Catarroja, cuando Vilaplana cruce este lunes el acristalado portalón del juzgado, deberá contestar durante horas a las decenas de acusaciones que le preguntarán sobre la mutante cronología de su relato y las llamadas que el president mantuvo con Pradas durante la crisis. Para acreditar la última “novedad”, el episodio del aparcamiento, la jueza ha pedido a Vilaplana que lleve al juzgado el tique del establecimiento.

El céntrico aparcamiento se ha convertido en un lugar de peregrinación de periodistas en los últimos días. En el primer sótano del parking, un hombre con chaleco amarillo revisaba en silencio el pasado viernes las plazas que han quedado libres. Cuando se le pregunta por Mazón y Vilaplana, responde: “No puedo decir nada, ni mirar nada, me juego el cuello. Me quedo sin trabajo y me costó mucho conseguir este”.

La mediática testigo —que este sábado acudió al hospital tras sentirse indispuesta por un ataque de ansiedad, del que salió unas horas después, según fuentes próximas a la familia— no protagonizará una más de las 350 comparecencias que han desfilado en un año por el juzgado de la dana, coinciden varios abogados. “Puede contar muchas cosas sobre decisiones y omisiones muy interesantes. Depende de lo que escuchó en El Ventorro”, confía el letrado Manuel Mata. Su colega Mamen Peris preguntará a la informadora si sincronizó su estrategia de comunicación con la Generalitat e, incluso, si le diseñaron sus cambios de versión.

Su testimonio puede resultar clave para desvelar hasta qué punto el president influyó en la toma de decisiones que se adoptaron (o no) en el Cecopi, el órgano convocado por la Generalitat que coordinaba la crisis. La jueza permitirá que se le pregunte por las llamadas que recibió o realizó el barón popular en su presencia durante la larga sobremesa. Vilaplana siempre puede alegar que no recuerda qué ocurrió hace un año. Un comentario suyo podría ser clave sobre el futuro judicial del jefe del Consell, que ha declinado tres invitaciones de la jueza de declarar voluntariamente como investigado para salvaguardar sus derechos. Al ser aforado, solo puede ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La pelota está ahora en el juzgado de Catarroja. La magistrada deberá velar porque las preguntas se ajusten al mandato de la Audiencia de Valencia. “El testimonio [de Vilaplana], por lo demás, podría ofrecer información que solo ella, el presidente de la Generalitat y sus interlocutores podrían conocer”, señalaba el auto del tribunal que daba luz verde a la declaración como testigo de la expresentadora.