La declaración como testigo de Maribel Vilaplana ante la jueza de la dana estrecha el cerco sobre Mazón

La decisión de la Audiencia de Valencia de ordenar la declaración como testigo de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP, el 29 de octubre de 2024 mientras la dana inundaba parte de la provincia, estrecha el cerco sobre el jefe del Consell y agrieta la ya desgastada línea de defensa sobre su gestión en aquella jornada, que dejó 229 muertos.

La comparecencia el 3 de noviembre ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye las pesquisas, Nuria Ruiz Tobarra, podría arrojar más datos sobre qué hizo Mazón en la aciaga tarde mientras se desbordaba el barranco del Poyo ―detonante de la tragedia, al inundar municipios como Paiporta (con 46 muertos) o Catarroja (con 25)―, de qué habló el president por teléfono con sus interlocutores durante el largo almuerzo y cómo reaccionó ante la catástrofe natural más letal del siglo en España.

La Audiencia ha estimado el recurso presentado por una acusación particular contra la decisión de la magistrada de Catarroja de no llamar a declarar como testigo a la periodista. Y coincide con ella en que el president, por su condición de aforado, “queda fuera del ámbito subjetivo de la investigación que dirige”, pero matiza que ello “no obsta para que deban practicarse diligencias que resulten pertinentes y de utilidad a la investigación”.

“De momento, procede avanzar en la investigación (...) y solo en el caso de que la juez de instrucción detectara la concurrencia de indicios reforzados, fundados, de criminalidad contra el president y, elevada la exposición razonada, el TSJCV compartiera la valoración de la juez, cabría extender el ámbito subjetivo de la investigación al mismo y sería Tribunal Superior el órgano competente para ello”, agrega el auto de la Audiencia.

La informadora fue testigo de las llamadas que Mazón recibió e hizo a partir de las 17.37, según el listado entregado por el presidente valenciano a la comisión de la dana de Les Corts. A esa hora, Salomé Pradas, entonces consejera de Justicia e Interior, responsable de Emergencias, posteriormente cesada e imputada en la causa penal de la dana, contactó con el jefe del Consell. A las 17.46, este se comunica con el presidente de la diputación de Valencia, Vicent Mompó, del PP; a las 18.16 y a las 18.25, Mazón vuelve a conversar con Pradas, y dos minutos, después se suceden otros dos contactos breves con Mompó, uno con el alcalde de Cullera, el socialista Jordi Mayor, y de nuevo con la consejera a las 18.30.

En ese periodo, Vilaplana y Mazón compartían mantel en El Ventorro. La Audiencia de Valencia considera que “no se puede descartar que (...) [la periodista] pueda ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación”. Una fuente autorizada de la periodista ha señalado este jueves que respeta la decisión judicial y que no tiene nada que ocultar.

Vilaplana asegura que durante la comida Mazón no le transmitió ninguna inquietud por la situación, si bien para entonces Utiel ya se había inundado y eran miles las llamadas pidiendo auxilio al 112, la centralita de emergencias de la Generalitat. Preguntado al respecto en una entrevista en Las Provincias, el president respondió: “Lo que no estaba era dándole parte de la gestión de la emergencia a alguien que no tenía nada que ver con la emergencia. Las llamadas que yo hacía con terceros eran llamadas con terceros, pero no tenía que rendir cuentas”.

Aquel 29 de octubre, Mazón, tras abandonar una reunión con empresarios y dirigentes sindicales en el Palau de la Generalitat, se desplazó al céntrico restaurante El Ventorro. El almuerzo se prolongó casi cuatro horas, entre las 15.00 y las 18.45, según desveló en septiembre Vilaplana en una carta abierta que corregía su relato inicial, al prolongar una hora más la sobremesa. En un reservado del local, Mazón atendió diversas llamadas sobre la gestión de las inundaciones. El president siempre se ha desmarcado de la toma de decisiones de calado aquella tarde. Entre plato y plato, el dirigente ofreció a Vilaplana la dirección de la televisión pública valenciana À Punt.

Además de poder aflorar el rosario de contradicciones del jefe del Consell, el movimiento de la Audiencia de ordenar la declaración como testigo de Vilaplana dispara la presión sobre Mazón, que ha ido ajustando su relato a los hallazgos de la investigación de la jueza de Catarroja.

Jaque judicial a las contradicciones del Consell

La irrupción de Vilaplana se suma a una catarata de decisiones judiciales que han ahondado en los últimos tres meses las grietas de la línea de defensa de la Generalitat, del PP y de los dos ex altos cargos del Ejecutivo valenciano imputados: la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y quien fuera su segundo, Emilio Argüeso.

La instrucción ha confirmado recientemente que el Consell ocultó al juzgado durante 11 meses pruebas clave para la investigación. La Generalitat mantuvo en un cajón durante este tiempo unos vídeos grabados por una productora contratada por la Consejería de Justicia e Interior en el Cecopi, el órgano que gestionó la respuesta a la tromba. El metraje inédito, que se ha incorporado a la causa por orden de la magistrada, expone que el director general de Emergencias, Jorge Suárez, puso sobre la mesa la posibilidad de enviar un aviso masivo a los móviles a las 17.00 horas para advertir del riesgo en las poblaciones de Utiel y Requena tras el desbordamiento del río Magro. La notificación final llegó a las 20.11, cuando la mayoría de los 229 muertos había fallecido. Según la jueza, si la misiva hubiera llegado antes, el impacto de la desgracia se habría reducido.

Las imágenes apuntalan también el papel de la exconsejera Pradas, que dirigió la crisis, repartió turnos de palabra y supervisó decisiones importantes durante lo peor de la desgracia. En su declaración en el juzgado de Catarroja, el pasado abril, la exdirigente dijo entre lágrimas que ella no dirigía nada, descargó su responsabilidad en los técnicos y exculpó a Mazón. Los vídeos desmienten ahora su testimonio ante la magistrada.

La compleja investigación de Ruiz Tobarra —por la que ya han desfilado más de 350 testigos— ha desmontado también la llamada teoría del apagón informativo, que ha defendido durante un año con vehemencia Mazón y el PP. La tesis esgrimía que, si la Generalitat actuó tarde y mal, fue porque organismos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no reportaron con precisión y a tiempo de la magnitud de la tromba. La instructora ha tumbado en cada auto esta idea al negarse a imputar a responsables de organismos estatales o a la delegada del Gobierno en Valencia, la socialista Pilar Bernabé.

Al cerco contra Mazón se suma otra decisión relevante acordada por la jueza: Citar como testigo a la número dos del president, la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, que abandonó la gestión de la crisis en el Cecopi para ir a unos premios. En septiembre, la magistrada ofreció al barón popular, que solo puede ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia porque es aforado, declarar voluntariamente como investigado. Mazón, por segunda vez, rechazó esta posibilidad.