Pradas alude a las opiniones “radicalmente contradictorias” de los jefes de Bomberos y Emergencias para el envío del ES-Alert

La exconsejera de Interior y Justicia Salomé Pradas, investigada por la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, ha apelado ante la Audiencia Provincial de Valencia contra el auto que desestimó su petición de sobreseimiento de las actuaciones que se siguen contra ella. Uno de los argumentos que ha esgrimido su defensa en relación a si se envió tarde el ES-Alert es que no había un protocolo sobre su uso y que, aunque hubo un primer borrador del mensaje a las 18.38 horas, a las 19.00 horas se “inicia un debate” sobre el mismo entre el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y el jefe operativo de la Emergencia y responsable de los Bomberos, José Miguel Basset, quien en la comisión de investigación de la Diputación de Valencia llegó a admitir que puso objeciones a su envío por el efecto estampida.

La jueza de Catarroja, que instruye la causa, ha centrado el foco en el ES-Alert, el aviso que la Generalitat de Carlos Mazón envió a los móviles para informar a la población de la dimensión de la tromba el día de la riada. Y que, según la magistrada, es una de las piedras angulares de las pesquisas porque el texto de alerta se remitió tarde, a las 20.11 horas, cuando ya se amontonaban fallecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes.

El recurso de la exconsejera hace hincapié en que ambos responsables, Suarez y Basset, se enzarzaron en un debate del que participan todos [sobre el envío del mensaje de alerta], tanto Miguel Polo, de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), como José Ángel Núñez, de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), como Pilar Bernabé, preguntando por el procedimiento, como la consejera, atendiendo a toda la información y proponiendo evacuaciones.

Según la defensa de Pradas, “finalmente, y con todos los datos, en media hora se decide el contenido, la zona geográfica de envío del mensaje y se debaten otra serie de medidas que al final se descartan por motivos técnicos, como la evacuación o el confinamiento”, apunta el recurso, siempre refiriéndose a la posible rotura de la presa de Forata, no al desbordamiento del barranco del Poyo.

El escrito de apelación prosigue que a partir de ese momento se procede al proceso técnico de envío y en media hora está en los móviles de los valencianos. “¿Dónde está el supuesto retraso? ¿En atender a las opiniones radicalmente contradictorias de los técnicos y mayores expertos en la materia", plantea la defensa de Pradas en referencia a las opiniones de Suárez y Basset.

En cuanto a si fue erróneo su contenido, otro elemento en el que indaga la jueza, la defensa de la exconsejera insiste en que la única forma de que el mensaje hubiera podido ser efectivo habría sido alertarles de manera muy concreta del fenómeno natural que iba a suceder o estaba sucediendo y de cómo protegerse de él.

Pradas insiste además en el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que no elaboró los dos ES-Alert que se enviaron aquel día, “aunque estuvo presente y volcada en el debate técnico mantenido por los expertos para la redacción final (alcance, idiomas, medidas a sugerir, ámbito geográfico...)”.

El recurso argumenta que faltaron recursos aquella jornada cuya gestión no es imputable a Pradas, en alusión a la vigilancia de los cauces que se encargó a los bomberos forestales y la negativa al despliegue de los agentes medioambientales. También incide su abogado, entre otras cuestiones, que no hubo nexo causal entre la actuación de Pradas y los fallecimientos, que hubo fallos estructurales e informativos ajenos a su competencia, que la dana fue un fenómeno de fuerza mayor e imprevisible y que, por tanto, continuar la instrucción sería injustificado y contrario a derecho.

Los bomberos se retiraron del Poyo sin informar al CCE

En este sentido, detalla que los efectivos de Bomberos Forestales que operativamente dependían del Consorcio Provincial de Bomberos se retiraron el barranco del Poyo a una hora determinada sin comunicarlo al Centro de Coordinación de Emergencias ni informar sobre las posibles mediciones u observaciones realizadas en el lugar.

El texto hace constar la hora en la que fueron retirados “(sin que nuestra defendida tuvieses conocimiento ni nada que ver con esa orden)”. A efectos de Pradas, al comienzo del Cecopi, a las 17,00 horas del 29 de octubre, los bomberos estaban desplegados y el barranco del Poyo estaba seco, según los datos de la CHJ y los propios de la Generalitat Valenciana. “No podía saber que se habían retirado porque el jefe operativo jamás comunicó expresamente, como ya consta en autos”, refiere.

Según la defensa de la exconsejera, esta falta de información operativa esencial impidió una adecuada valoración del riesgo por parte de quienes gestionaban la emergencia.

La defensa de Pradas también argumenta, respecto al posible apagón informativo de la CHJ, que este organismo incurrió en una cadena de omisiones y acciones erráticas que constituyeron un verdadero “apagón hidrológico” en el momento de máxima virulencia, “anulando la capacidad de respuesta institucional del Centro de Coordinación de Emergencias”.

La defensa de Pradas alude a la declaración del presidente de la CHJ, Miguel Polo, cuando apuntó en sede judicial que “no era relevante esa información”, un reconocimiento tácito de la omisión de su deber legal de informar sobre un riesgo que ya se había materializado de forma mortal.