Un jefe de bomberos confirma que la Generalitat supo del riesgo en el barranco del Poyo dos horas antes de enviar la alerta en la dana

Un jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha confirmado este miércoles a Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana –la tragedia que dejó 229 muertos el pasado octubre- que reportaron a la Generalitat del riesgo del barranco del Poyo, detonante de la inundación, más de dos horas y media antes del envío de la alerta masiva a móviles.

En su comparecencia como testigo, una condición que le obliga a decir la verdad, Manuel A., oficial de guardia de bomberos, ha admitido que reportaron a la administración autonómica del peligro de la rambla a las 17.30 horas. La Generalitat, sin embargo, no envió la notificación a los teléfonos para avisar a la población de la magnitud de la catástrofe hasta las 20.11 horas, cuando se amontonaban los muertos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes. La demora, según la instructora, disparó la cifra de víctimas.

“A las 17.30 horas, desde Ribarroja (24.230 habitantes), nos comunican que el barranco del Poyo va al límite de agua. Esto se comunica al centro de Emergencias de la Generalitat”, ha explicado el funcionario, según confirman a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia.

El testigo ha relatado que el control del caudal de esta rambla, epicentro de la riada, apenas duró una hora y media. Y que su monitorización se prolongó entre las 13.05 y las 14.40 horas del día de la aciaga jornada. “La retirada se produce porque se considera concluido el trabajo de vigilancia. El sargento de bomberos es quien considera concluida esta tarea”, ha indicado.

El funcionario ha enmarcado en una orden del departamento de Emergencias de la Generalitat la decisión de dejar de controlar el caudal del Poyo. “Si desde el centro de coordinación [del organismo autonómico] se hubiera dado una instrucción más detallada, con permanencia, con lecturas cada tiempo, se hubiera hecho así. Con la información que se dio, se entendió que no era una labor con permanencia”, ha afirmado el responsable de bomberos a la jueza.

También ha explicado cómo fueron sus movimientos antes de marcharse de la rambla. “Solicitamos instrucciones al centro de comunicación y se nos dice que nos retiremos de la base. El sargento de coordinación entendió que el trabajo está realizado”, ha apuntado.

La retirada anticipada de los bomberos del barranco del Poyo el día de la dana se ha revelado como uno de los grandes agujeros negros de la aciaga jornada. El que fuera jefe durante la riada de este cuerpo, que depende de la Diputación de Valencia, José Miguel Basset, ya jubilado, justificó que los efectivos se fueron de este lugar anticipadamente “porque había ganas de comer”. Tras estallar la bronca política y pedir disculpas, el mando enmarcó la decisión en un descenso del caudal.

Poco más de una hora y media después de su marcha, decenas de llamadas alertaban al 112 –la centralita telefónica de emergencias de la Generalitat- del desbordamiento del barranco del Poyo a la altura de los municipios valencianos de Cheste (9.022 habitantes) y Chiva (17.245).

El testigo ha admitido en el juzgado que no se supervisó el barranco que detonó la crisis la víspera de la inundación. “El día anterior o ese día, no se hicieron rondas de seguimiento con los bomberos provinciales. No sé si con otros recursos se hizo”, ha admitido. También ha reconocido que no se comunicó con el que fuera director de Emergencias de la Generalitat durante la tragedia, Emilio Argüeso.

Junto con la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas, Argüeso es uno de los dos exaltos cargos del Gobierno de Carlos Mazón investigados en la causa. El president les destituyó cuatro semanas después de la inundación. Las pesquisas indagan los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están castigados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente.

El testigo que ha declarado este miércoles en el juzgado firmó uno de los informes incorporados a la causa sobre la polémica retirada de los bomberos de la rambla. Ha sostenido ante la magistrada que la información sobre sus movimientos pudo no registrarse en el denominado Cordcom, una suerte de caja negra de Emergencias de la Generalitat que refleja todas las decisiones importantes.

El PP pide explicaciones

Por otra parte, el PP se acoge a un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), solicitado por la comisión de investigación de la dana, para pedir explicaciones al Gobierno. El portavoz del grupo popular en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez, ha pedido este miércoles al Gobierno central y a la CHJ que “expliquen por qué mandaron a casa a los agentes responsables de vigilar el Poyo”. Pérez señala en un comunicad que “el falso relato del Gobierno de Pedro Sánchez en cuanto a la fatídica riada del 29 de octubre ya no se sostiene”. “Ahora hemos conocido que ninguno de los agentes responsables de vigilar barrancos trabajó la fatídica tarde de la dana. Y siguen sin hacer nada para remediar esta situación”, afirma. No ha hecho ninguna referencia a la retirada a las 14.40 de los bomberos del barranco del Poyo, enviados por la Generalitat, según establece el plan de Inundaciones.

Al respecto, la CHJ ha recordado este miércoles que no es un “servicio de intervención ni tiene competencias en la gestión de emergencias” y que ni sus agentes medioambientales ni “los datos suministrados a tiempo real a través del SAIH suplen en ningún caso la vigilancia que deben llevar a cabo los servicios de intervención desplegados en el territorio, dependientes de las autoridades que sí son competentes en la gestión de emergencias”, en referencia a la Generalitat. E incide en que en la cuenca del Poyo había decretada “una alerta hidrológica desde las 12:20 horas, por lo que esa zona queda bajo el seguimiento de las autoridades competentes en protección civil”.