Un líder ultra organiza talleres de defensa “contra enemigos de España” a los que asegura que asisten policías

“Vivimos tiempos difíciles. La lucha contra los enemigos de España se libra cada día en varios frentes. También en nuestras calles”. Con esta declaración de intenciones, el partido ultraderechista valenciano España 2000 organiza desde 2021 el seminario de defensa personal “Guerra en las calles”. Se trata de entrenamientos de mma ―combinación de artes marciales y técnicas de combate― a los que han asistido en sus tres ediciones miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército, según asegura a EL PAÍS el líder de España 2000, el abogado y empresario de seguridad privada José Luis Roberto.

La última jornada de lucha se celebró el pasado junio en un gimnasio de un municipio del área metropolitana de Valencia. Los organizadores ocultaron la dirección del centro para evitar represalias de grupos antifascistas y que se vinculara al dueño de la instalación deportiva con las posturas de este grupo que defiende la política de mano dura contra la inmigración. El emplazamiento solo fue conocido por los alumnos seleccionados. Los participantes abonaron 20 euros por asistir a una iniciativa, que daba derecho a un diploma y a una camiseta con la cruz céltica de la iconografía neonazi.

El partido impidió que este diario asistiera el pasado junio a sus últimas jornadas de defensa en Valencia con el argumento de que la presencia de un periodista incomodaría a los asistentes. Y mantiene en secreto el cuerpo al que pertenecen los funcionarios que frecuentan sus entrenamientos. Justifican que propiciaría “persecuciones laborales” e insisten en que la presencia de los agentes de autoridad es “a título personal”. “Han venido a las jornadas integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y legionarios en activo”, admite por primera vez por teléfono Roberto. “Gran parte de los monitores de estos gimnasios están vinculados a nosotros desde siempre”, añade.

Técnicas de estrangulamiento

El último taller fue impartido por profesores de mma adscritos al equipo de seguridad de esta formación fascista que carece de representación. Duró cinco horas, y la treintena de asistentes, entre los que figuraban miembros de las juventudes ―y una decena de observadores― aprendieron técnicas de boxeo y a dar golpes de pierna “siempre por debajo de la cintura”. También se instruyó en la táctica del “pateo a la zona blanda del cuádriceps” y en llaves “para quedar encima del rival”. En la edición 2024, la formación incluyó, además, en el curso prácticas de “estrangulamiento, defensa frente a un ataque con arma blanca y luxaciones”, según el partido. “Muchos de los participantes son profesionales de mma. Ganan medallas y se encuentran preparados para este deporte”, defiende Roberto. Un ultra que presume de mantener una estrecha relación con comisarios de la Policía Nacional y exjefes de este cuerpo como Ricardo Ferris, el inspector retirado acusado de un delito de odio por ligar a la población extranjera con la delincuencia en una conferencia organizada por Vox en Valencia en 2022.

En paralelo al seminario, Roberto admite que, entre los 2.500 miembros de su partido, hay integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército. “Están vinculados, pero no afiliados”, precisa. La Ley Orgánica 11/2007 reguladora de los derechos y deberes de la Guardia Civil prohíbe a los funcionarios del instituto armado formar parte de un partido político.

El dirigente justifica que sus jornadas de defensa son “deportivas”. Y, por eso, los agentes no tienen que comunicarlas a sus superiores. Asegura que están desprovistas de carga política. Un argumento que elude que los organizadores se definen como fascistas, recurren al saludo a la romana en sus actos y participan en homenajes al fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera.

Histórico de la ultraderecha valenciana, Roberto es un abogado de 71 años que pilota un emporio de la seguridad privada que emplea a mil trabajadores. Antiguo profesor y exsecretario general de la patronal de los prostíbulos Anela, el dirigente maneja su entramado a través de terceros para evitar que liguen sus compañías con sus ideas, apuntaladas en la defensa del prohombre del fascismo patrio Ramiro Ledesma Ramos, fundador de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas (JONS). Las empresas de Roberto han facturado más de 900.000 euros a administraciones públicas.

Para entender la trayectoria política de este hombre que se autoproclama fascista hay que remontarse a la Transición. El dirigente fue detenido en 1976 tras ser acusado de colocar unas bombas en el estadio del Levante UD durante un concierto independentista. El caso no llegó a juicio, pero modeló las formas de este hombre que agita el discurso antiinmigración y se mira en el espejo del lepenista Frente Nacional francés.

Con su epicentro en Valencia, España 2000 carece hoy de representación, pero en 2015 obtuvo seis concejales en cuatro municipios del madrileño Corredor del Henares. Habitual de los juzgados, el líder ultra encadena denuncias por delito de odio. Y, en la mayor parte de las ocasiones, sale indemene. Un juzgado de Madrid archivó el pasado mayo una investigación contra Roberto y el exlíder de Ultra Sur Alberto Ayala de Cantalicio por promover una marcha neonazi que recorrió en septiembre de 2021 el barrio madrileño de Chueca, punto de encuentro del colectivo LGTBI, al grito de “fuera maricas de nuestros barrios” y “fuera sidosos de Madrid”.