Susa, la inquilina a la que arrojaron sus enseres por la escalera en Valencia, asegura que agotará su contrato

María Jesús Plaza, la última inquilina de una finca situada en pleno casco histórico de Valencia y que compró un fondo de inversión francés, asegura que agotará su contrato de alquiler en vigor hasta octubre de 2029 después de meses de tensiones con los nuevos propietarios por quedarse. Está de baja por depresión después de dos años de pulso con el fondo por una vivienda que su familia alquiló hace más de 100 años y que ha ido pasando de generación en generación.

Esta diseñadora valenciana, de 60 años, conocida como Susa en el barrio, firmó en 1998 un nuevo contrato por 30 años con los anteriores dueños del inmueble situado en la calle Sogueros de Valencia, pero los actuales propietarios quieren reformar los pisos y sacarlos a la venta como residenciales en uno de los barrios mejor valorados de la capital. “Estoy contenta de poderme quedar en mi casa tranquilamente. Voy a reponer todo lo que me han roto”, afirma en alusión al brutal asalto que sufrió su casa hace dos semanas y que desencadenó una oleada de apoyo vecinal y social a su caso. Al volver un fin de semana a casa, se encontró sus pertenencias tiradas por el hueco de la escalera.

Esta modista es la última residente del antiguo edificio y lleva meses peleando su derecho a la vivienda con los nuevos propietarios. El resto de inquilinos se marcharon, bien porque caducaban sus contratos, bien porque negociaron una indemnización. El multipropietario que le alquiló décadas atrás el piso a su familia vendió el inmueble en 2020. Una año después, Susa y sus vecinos recibieron la primera carta de los nuevos propietarios, informándoles de que iban a iniciar obras de rehabilitación y tenían que desalojar el edificio. Lleva desde entonces denunciando presiones pero ella se aferra a sus años de contrato en vigor en un momento en el que los alquileres están por las nubes.

El pasado abril, hastiada de pelear, se rindió y aceptó un acuerdo que le ofrecía Odriali Trade, mercantil propietaria del edificio, para rescindir su contrato a cambio de 60.000 euros de indemnización. De hecho, llegó a firmar entonces el documento y recibir una señal de 6.000 euros. Pero cuando consultó con su abogado, éste le dijo que no era válido “por tener cifras diferentes, estar firmado por una persona que no se identificaba y en nombre de una empresa que no es la que correspondía”, cuenta María Jesús. La diseñadora intentó devolverlo en mayo, según muestra un burofax pero, añade, que no hubo respuesta.

No obstante, había empezado ya a meter sus cosas en cajas a la espera de un documento bien redactado. Pero la madrugada del 21 de julio, a la vuelta de un fin de semana fuera, abrió su portal y vio que todas sus pertenencias habían sido arrojadas por el hueco de la escalera. La imagen era dantesca. Los medios de comunicación se hicieron eco de su caso, de los dos años que llevaba resistiendo en el edificio a pesar del fondo. Éste contrató una empresa de seguridad que desembarcó en el vecindario y cuyo personal se instaló en el zaguán de entrada del inmueble día y noche. La situación se puso realmente tensa. Incluso llevaron un camión para retirar a las bravas sus cosas de la escalera pero la policía lo evitó. En la semana del 21 de julio se sucedieron las muestras de solidaridad de vecinos y de organizaciones antidesahucios con ella y hasta su piso se acercaron políticos del PSPV y de Compromís para conocer su caso de primera mano y brindarle apoyo.

El 25 de julio, con una concentración de apoyo convocada a pie de calle por la tarde, un representante de Odriali le dio un ultimátum para que aceptara lo estipulado en el contrato de abril, desistieran (una y otro) de acciones judiciales o extrajudiciales sobre el contrato, y se comprometiera “a no realizar declaraciones públicas ni publicaciones que puedan suponer una difamación, descrédito o perjuicio al honor o a la imagen de la propiedad”. Luego debía abandonar la casa de inmediato.

La negociación se malogró ese día. Un representante de Odriali asegura que la inquilina pasó a pedir más del doble de la indemnización inicial -ella reconoce que pidió más de 60.000 euros por todos los daños del asalto- y dio por finiquitados las negociaciones y el pacto. Incluso le escribieron un whatsapp diciéndole que el ofrecimiento expiraba a las 15,15 horas y que si para entonces no aceptaba las condiciones se anulaba el acuerdo y podía agotar su contrato de alquiler en vigor hasta 2029. Ella asegura que dio por bueno el contrato original el lunes siguiente, 28 de julio, a través de su abogado, pero el fondo de inversión no varió de opinión. La empresa contaría ya con permiso para retomar las obras de rehabilitación en la finca, que comenzarían en unos días, según sugieren fuentes de la propiedad.

Pero el caso no ha terminado. Susa ha enviado un burofax a la propiedad quejándose de que, tras el asalto y los días posteriores, la escalera “está hecha un asco”, llena de basura, sigue sin luz y quiere que la repongan. También que quiten los andamios instalados desde el pasado marzo porque las obras están paradas y suponen un problema de seguridad para su piso. Eso sí, las aguas se han calmado, ya no hay agentes de seguridad privada, vestidos todos de negro, en la calle ni concentraciones ni policía. “La empresa de seguridad APD retiró a toda su gente la semana del 28 de julio y conectaron la alarma que hay en los espacios comunes. “Desde entonces nos suena constantemente cuando subimos o bajamos”, de manera que la policía se ha presentado ya en varias ocasiones pensando que estaban ante un posible caso de ocupación, añade.

Un portavoz de Odriali, en conversación con este diario, no descarta negociar con la inquilina. “Pero nuestro trato es: ‘dime, día, hora y llave y te hago la transferencia’. Si no, no hay acuerdo”, aseguran .