La Abogacía de la Generalitat pide cuatro años de cárcel por estafa al hermano del expresidente valenciano Ximo Puig

La Abogacía de la Generalitat Valenciana pide cuatro años de prisión para Francisco Javier Puig, hermano del expresident de la Generalitat Ximo Puig, por los delitos de falsedad documental continuada y de estafa agravada. Se une así a la petición de la Fiscalía que solicita cuatro años y 10 meses de prisión por esos delitos, por presuntamente emitir facturas falsas para cobrar subvenciones.

Así consta en el escrito de calificación de la Abogacía de la Generalitat, que añade que, de forma subsidiaria, por el delito de falsedad documental continuada procede imponer dos años y seis meses de prisión y por el de apropiación indebida agravada, tres años de prisión, lo mismo que solicita la Fiscalía.

En ese escrito también se pide para el socio de Puig, el empresario Juan Enrique Adell Bover, procesado en la misma causa, tres años de prisión por el delito continuado de falsedad en documento mercantil y el de estafa agravada. De forma subsidiaria, pide para él dos años de prisión por el delito de falsedad documental continuada y dos años por el de apropiación indebida agravada.

La Fiscalía pide para Adell tres años de prisión por el delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada, por cooperación necesaria. El origen de la investigación judicial es una querella que el PP presentó en un juzgado de Valencia en marzo de 2019 contra el entonces director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, y contra Francis Puig, hermano del entonces president de la Generalitat, Ximo Puig, por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en esas subvenciones.

El objeto de esa querella eran las ayudas de la Generalitat al valenciano en medios de comunicación de 2015 y 2016 a Comunicació dels Ports y Mas Mut Producciones, empresas en las que Francis Puig era administrador. A finales de noviembre de 2019, el PP amplió la querella para incluir a Juan Enrique Adell Bover, al considerar que el grupo empresarial de la familia Adell Bover (con empresas como Canal Maestrat, donde era administrador solidario, y Kriol, donde era administrador único) contribuyó al supuesto fraude de las ayudas al valenciano con cuestiones como facturas duplicadas.

El 31 de enero de 2025 se conoció el auto de procesamiento abreviado contra Francis Puig y Adell por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa y falsedad documental. El juez descartó expresamente el delito de fraude en las subvenciones, porque la cantidad supuestamente percibida de forma indebida, unos 67.500 euros, no alcanza la cuantía de 120.000 euros que requería el tipo penal vigente en el momento de los hechos.

La resolución judicial detallaba indicios que apuntan al uso por parte de los investigados de facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios o actividades no relacionadas con las subvenciones para obtenerlas.