Camps se alza contra Mazón y desafía a Feijóo

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps se siente fuerte. Desde que hace un lustro se embarcara en un plan soterrado para reconquistar la dirección del PP valenciano ―plan que afloró oficialmente hace dos años―, este político, que abandonó abruptamente el Ejecutivo autonómico en 2011 por la sombra de la corrupción, se ha transfigurado en un fantasma para Carlos Mazón. El president actual afronta esa irrupción tocado por la gestión de la dana que el pasado octubre dejó 228 muertos y un reguero de destrucción en la provincia de Valencia.

Tras un periplo en los juzgados de 15 años —inaugurado con el denominado caso de los trajes, que indagó si la trama Gürtel sobornó al que fuera president entre 2003 y 2011 a cambio de adjudicaciones millonarias de la Generalitat—, Camps resurge después de encadenar una decena de absoluciones judiciales en causas en las que, en cambio, decenas de sus colaboradores sí que fueron condenados.

Este miércoles presentó su candidatura en Alicante, arropado por la exalcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y haciendo oídos sordos a las advertencias de la dirección del PP de que no es el momento de abrir el melón sucesorio. En su presentación, insistió en que, con él, el partido ganaba por mayorías absolutas.

Para el entorno de este abogado de 62 años con tres hijos y nutrido del combustible espiritual de los jesuitas, los 80 actos de desagravio que ha organizado en dos años en la comunidad autónoma han devenido en una demostración de músculo. Cuentan que más de 3.000 militantes han desfilado por estas reuniones con tintes de epifanía religiosa en las que las tracas falleras se solapan con el eufórico himno de resistencia de Gloria Gaynor I will survive. Algunas de estas citas han tenido precio: 35 euros, que permiten disfrutar de un cóctel y evocan la pirotecnia de los grandes eventos en su etapa en la presidencia de la Generalitat que fueron su tumba política.

Desde que reinició su carrera, el aspirante no ha contactado con responsables de la dirección nacional y autonómica del partido, según fuentes próximas al expresidente. Tras restablecer el hilo con su otrora acérrimo enemigo Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat (1995-2022) y exministro de Trabajo (2002-2004), condenado a 10 años de prisión por corrupción en el caso Erial, el candidato ha admitido a su guardia pretoriana que no tiene el respaldo de Génova. Pero resta importancia a sonoras desautorizaciones, como la reciente del secretario general de los populares, Miguel Tellado.

En su travesía, Camps tampoco se ha visto con Mazón, a quien nombró en 2003 director de Comercio y Consumo de la Generalitat, ni ha recibido el espaldarazo de expresidentes como José María Aznar o Mariano Rajoy. Nadie de peso se ha mojado a su favor, pero tampoco consta que le han pedido en privado que tire la toalla.

Ofertas de otros partidos

Antes de mostrar sus cartas y de desvelar su candidatura, el aspirante combinó los beneficios de la oficina del expresident —que le proporciona chófer y una secretaria— con su trabajo como letrado especializado en Derecho Público y Mercantil en el bufete de Pablo Delgado, el abogado que ejerció su defensa en las últimas causas de las que fue absuelto.

Camps también imparte clases como profesor asociado de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Valencia, donde se oferta Medicina desde 2007 tras una polémica autorización aprobada por el Consell que él pilotó cuando controlaba los resortes del poder.

Antes de anunciar su candidatura al PP regional, donde milita desde 1982, el conservador fue tanteado por Vox. También tuvo relación con la extinta Unión Valenciana —una formación que exprimió el victimismo y el supuesto trato de favor del Gobierno con Cataluña frente a la Comunidad Valenciana— para pilotar en 2019 y 2023 las candidaturas al Ayuntamiento de Valencia, según las mismas fuentes.

El punto de ebullición de este movimiento que tantos recelos despierta en Génova llegó el pasado febrero. Fue entonces cuando resonaba con fuerza una maniobra de la dirección nacional popular para catapultar a la primera edil de Valencia, María José Catalá, a la Generalitat y forzar así la salida de un Mazón en la UVI política tras la dana, un president al que la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la tragedia, Nuria Ruiz Tobarra, ofrecería semanas después declarar voluntariamente como imputado, aunque el jefe del Consell declinó. La operación de sustitución no llegó a buen puerto por las presiones de Vox, socio del PP en el Ayuntamiento de Valencia; por la resistencia de Mazón, al que le llegó el runrún de los manejos para moverle la silla; y por la negativa de los presidentes provinciales del PP valenciano, según las mismas fuentes.

Pese a que a los últimos actos del campismo han atraído a centenares de simpatizantes y militantes, el entorno del aspirante destaca que los apoyos se dispararían si no fuera por el pavor de muchos a aparecer en una marchita foto que les abocaría a la caída en desgracia en el PP de Mazón. En el entorno del expresidente manejan una encuesta de NC Report que otorga a Camps un 37% en intención directa de voto como candidato a la Generalitat frente a Catalá (36,1%).

Génesis de un hundimiento

Para entender la resurrección de Camps hay que descender a la génesis de su hundimiento. Acorralado por el espectro de la corrupción, el hoy candidato abandonará en 2011 in extremis el gótico palacio de Manises, sede del Ejecutivo valenciano, para atravesar un periplo de tribunales que lo atormentará durante más de una década. Saldrá ileso de esta travesía, pero dejará en el camino un reguero de altos cargos condenados a prisión.

En 2011 se sienta por primera vez en el banquillo junto al que fuera su secretario general en el PP regional, Ricardo Costa. Estaban acusados de soborno por recibir regalos de la trama corrupta Gürtel. Camps llega a llamar a Álvaro Pérez, El Bigotes, prominente miembro de esta red, “amiguito del alma”. Un jurado popular absuelve al expresidente y a Costa por cinco votos a cuatro.

Poco más de un año después, la Audiencia Nacional asesta otro sobresalto en el entorno del popular. El tribunal condena a 18 personas por financiación irregular de las campañas municipales y autonómicas de 2007 (que ganó Camps), y las generales de 2008. Costa, que es sentenciado a cuatro años de cárcel, confiesa en el juicio que recibió un sobre con dinero negro por encargo del expresidente. También son sentenciados Cristina Ibáñez, exgerente del PP (tres años y cuatro meses), Yolanda García, extesorera (cuatro meses), y David Serra, ex secretario general del grupo parlamentario. El fallo expone que el PP de Camps, con el “propósito de obtener mayor despliegue” en las campañas, “contrató servicios” de la red corrupta.

La visita a Valencia en 2006 del papa Benedicto XVI se convierte en otro mal trago para este candidato que dice leer solo prensa conservadora. La Audiencia sentencia a 19 personas por la adjudicación ilegal al empresario Francisco Correa, cerebro de Gürtel, del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para recibir al antiguo pontífice. Pedro García, que fue director de la extinta Radio Televisión Valenciana (RTVV), es condenado a seis años y nueve meses de cárcel. Y el también acusado Juan Cotino, vicepresidente con Camps, muere durante la vista por coronavirus.

Cuerda de presos

En los cenáculos socialistas valencianos circula la maledicencia de que Camps resucita del ostracismo arropado por una cuerda de presos. Y es que, en su primer gran acto de demostración de músculo, celebrado el pasado mayo en Valencia en el icónico edificio Veles e Vents, el flamante candidato apareció flanqueado por el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, que fue condenado a cuatro años de prisión por delitos fiscales; el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, sentenciado a cinco años por malversación, prevaricación y falsedad documental; Josep María Felip, que fue director general de Cooperación de Camps condenado en el denominado caso Cooperación, que indagó el desvío de ayudas destinadas por la Generalitat a países en vías de desarrollo. El exalcalde de la Vall d’Alba (Castellón, 3.103 habitantes), Francisco Martínez, condenado a ocho meses de cárcel por negociación prohibida para funcionarios, también se dejó caer en la puesta de largo del expresidente.

En su última exhibición de fuerza, celebrada este julio en un restaurante de Valencia que ha acogido las noches electorales del PP de los días de vino y rosas, apenas había rastro de altos cargos condenados por corrupción. Cuando se pregunta por las ausencias de estos expresidiarios, el círculo de Paco, como llama su entorno al candidato, guarda silencio.