La Fiscalía no ve delito en Mónica Oltra tras ser acusada de encubrir los abusos de su exmarido

La Fiscalía de Valencia no aprecia delito en la actuación de la que fuera vicepresidenta y consejera de Igualdad de la Generalitat Valenciana entre 2015 y 2019, Mónica Oltra. La exdirigente está procesada en una causa que investiga si encubrió los presuntos abusos sexuales cometidos por su exmarido entre 2016 y 2017 a una menor tutelada en un centro que dependía directamente del departamento de la exconsejera. “Los hechos relatados no son constitutivos de infracción criminal alguna”, apunta el escrito de calificación del ministerio público, que solicitará la absolución en el juicio.

En su resolución, la Fiscalía sostiene que, al no apreciar delito, no solicitará pena de prisión ni multa para la que fuera también dirigente de Compromís.

Acorralada por la polémica, Oltra abandonó en 2022 el Ejecutivo valenciano de Ximo Puig (2015-2023), renunció a su acta de diputada y a sus cargos en la formación política tras las presiones del entonces president socialista. La exdirigente siempre defendió su inocencia.

La historia que cercó a la exvicepresidenta arrancó en 2017. Una chica de 14 años denuncia que sufre abusos de un educador del turno de noche de un Centro de Menores, que –según la joven- entraba por la noche en su habitación, le cogía la mano y se masturbaba.

Según la Fiscalía, la relación entre Oltra y su exmarido, del que se divorció en 2018, se encontraba deteriorada cuando ocurrieron los hechos. Y se reducía a compartir la educación de sus hijos.

En tres años, la causa contra la exmandataria y una docena de miembros y funcionarios de su antiguo departamento ha sufrido un vaivén en los tribunales. La investigación fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia en abril de 2024 al estimar que la exvicepresidenta no maniobró para encubrir los abusos de su exmarido, el educador L. R. Icardi, que fue condenado a cinco años de prisión.

Dos meses después, la Audiencia de Valencia reabrió las pesquisas tras estimar los recursos de la víctima y las dos acusaciones populares personadas: Vox y Gobierna, una entidad vinculada a la agitadora ultra Cristina Seguí.

Para reactivar las pesquisas, la Audiencia de Valencia sostuvo que existían indicios “plausibles” de la comisión de delitos y que no se podía descartar la infracción penal. Y apuntó que las responsabilidades del caso debían dilucidarse en el juicio oral.

La víctima reclama tres años y medio de prisión y 12 de inhabilitación para Oltra. Su abogado es José Luis Roberto, empresario de la seguridad y líder de la formación ultra España 2000.