La jueza de la dana rechaza de nuevo investigar a Mazón y citar como testigo a Maribel Vilaplana

Una vez más. La magistrada de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha rechazado, de nuevo, poner en marcha la maquinaria para imputar al president Carlos Mazón en la causa que indaga la colosal tromba que dejó 228 muertos el pasado 29 de octubre en Valencia.

La instructora desestima un recurso de reforma de una ausación particular que pedía elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para investigar al barón popular, que está aforado. “No es procedente en el presente momento”, apunta la jueza en un auto notificado este lunes y al que ha tenido acceso EL PAÍS. La resolución alude a que la instrucción todavía no está concluida. Y quedan decenas de testimonios y pruebas por recabar.

Al ser aforado, Mazón solo puede ser investigado tras una exposición razonada de la instructora al TSJCV. En el auto de imputación del pasado marzo de la exconsejera de Justicia e Interior durante la riada, Salomé Pradas, y de quien fuera su segundo, Emilio Argüeso, la jueza puso sobre la mesa por primera vez la posibilidad de la declaración voluntaria como investigado del president. Una oferta que Mazón rechazó.

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el mandatario mientras se inundaba la provincia de Valencia, tampoco declarará en el juzgado. Por ahora. La magistrada ha rechazado de nuevo la citación como testigo de la informadora que almorzó con el dirigente en el céntrico restaurante El Ventorro mientras sucedía la mayor catástrofe natural de la historia autonómica.

Justifica la instructora que Pradas declaró en el juzgado que el envío de la alerta masiva a móviles, que se ha convertido en la piedra angular de las pesquisas, no estuvo condicionado por Mazón. Y que si se citara a declarar a Vilaplana, la causa -que indaga los delitos de homicidio y lesiones imprudentes- se desplazaría al president. “No existe, en el presente momento, dato alguno que permita afirmar que la testigo [Vilaplana] hubiera oído alguna de las conversaciones o que se hubiera puesto en alto el altavoz del móvil”, recoge el auto.

Ruiz Tobarra se refiere así a la eventualidad de que la periodista se hubiera enterado en el restaurante de algún dato relevante sobre el envío de la notificación a los teléfonos durante la comida con Mazón. El aviso llegó a las 20.11 horas, cuando se acumulaban los fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes.

La jueza también ha pedido a la Consejería de Emergencias los informes de seguimiento que remitió al Cecopi, el órgano de la Generalitat que coordinó la crisis de la riada, de las 17.00 horas del 29 de octubre. Y ha rechazado otorgar la condición de investigada a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, por no haber declarado la emergencia nacional. Una acusación particular solicitaba la imputación de la dirigente por los presuntos delitos de omisión de socorro y homicidio imprudente. La magistrada argumenta que la protección civil es competencia autonómica y que la instrucción judicial se circunscribe al 29 de octubre y no a los días posteriores, cuando se registraron episodios de pillaje. “La declaración de emergencia nacional no era precisa para alertar a la población, ni para que se adoptaran medidas de autoprotección”, justifica el auto.

La magistrada recuerda, además, la información que recibió la administración autonómica en forma de las alertas de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) -que vislumbró la dana nueve días antes del 29 de octubre- y los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica.

También ha solicitado la jueza a la Consejería de Emergencias una copia de los correos electrónicos que la Generalitat envió al Cecopi. Y ha preguntado qué miembros de la administración autonómica formaban parte de un grupo de comunicación a través de SMS que recibió información de la tragedia.

El movimiento se produce después de que Cristina V., técnica de Emergencias de la Generalitat, relatara la semana pasada en su declaración como testigo que altos cargos del Ejecutivo de Mazón formaban parte de un grupo de SMS que recibió información sobre la magnitud de la dana.