Acció Ecologista-Agró abandona el Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Generalitat “por falta de participación y rigor”

Acción Ecologista-Agró renuncia a su permanencia en el Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente (CAPMA) de la Generalitat “por la falta de participación real, transparencia y rigor de este organismo” y de las consejerías a la que está vinculado. El escrito detalla las actuaciones del Consell que, según Agró, “están enmascaradas como necesarias para la reconstrucción tras la dana del año pasado”, pero “solo benefician a la especulación urbanística de nuevo”. La organización ecologista añade que se niega a contribuir “de esta farsa de participación en decisiones con las que están en completo desacuerdo”, y anuncia su marcha hasta que el Consell, presidido ahora por Carlos Mazón, “tome en consideración real la participación ciudadana y el medio ambiente”.

El CAPMA, un órgano amplio de participación en el que además de la Generalitat están representados ayuntamientos, universidades u organizaciones ecologistas, entre otros, cuenta entre sus funciones la de conocer e informar de los programas de actuación de la Generalitat con competencias en materia de medio ambiente, y también de sus normativas, así como colaborar en campañas de divulgación sobre temas medioambientales.

El escrito remitido a todos los miembros del CAPMA está muy centrado en “las políticas negacionistas del Consell, que niegan el cambio climático y sus efectos” y que según Acció Ecologista “son muy peligrosas, matan personas y degradan el medio ambiente”. Alegan que la base de la reconstrucción tendría que ser el derecho en la vida y disfrutar de un medio ambiente equilibrado y saludable, y que hasta que no se restablezca esta premisa no se estará actuando correctamente. “Volver a la situación previa al desbordamiento de ríos y barrancos del 29 de octubre, no asegura este derecho, porque las condiciones meteorológicas se pueden repetir y volver a poner en peligro la vida de las personas que habitan el territorio, así como sus bienes y medio ambiente de la zona”, argumentan.

La misiva continúa haciendo un repaso de las normas de carácter urbanístico que ha aprobado el Consell actual, donde se han introducido “propuestas tan osadas e imprudentes” como que un Plan de Ordenación detallado pueda modificar el planeamiento estructural y se ha eliminado la tramitación de los instrumentos urbanísticos y el informe vinculante de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. “Con esta normativa se refuerza y potencia los instrumentos urbanísticos para implantar usos en suelos no urbanizables, que son de uso excepcional, pero que acaban convertidos en instrumentos de uso ordinario, como son los Programas de Actuación Integrada (PAI)”, apuntan.

Según Acció Ecologista, la Comunidad Valenciana cuenta con 400 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable y 50 millones de suelo urbano. “No existe, por lo tanto, un problema de falta de suelo sino de gestión del suelo clasificado y también de necesidad de filtrar estos suelos que fueron clasificados en gran medida durante la burbuja inmobiliaria”, advierten. Además, más del 70% del litoral valenciano se encuentra ya urbanizado, por lo que cualquier nueva normativa o regulación que afecte a la franja costera tiene que tener como objetivo la protección del poco suelo que queda libre y procurar su calidad, para que pueda cumplir con las funciones ambientales esenciales.

Acción Ecologista-Agró no quiere permitir que se utilice el CAPMA “para blanquear” lo que la Administración considera “participación pública” y que “realmente no es más que un trámite para continuar con las mismas políticas que rompen el territorio, que no respetan los procesos naturales, que niegan los efectos del cambio climático y que no se adaptan a las nuevas condiciones generadas”.

La entidad añade que la eliminación de la ley de l’Horta, que protegía las zonas cultivadas de la especulación urbanística, favorece que se implanten en estos territorios actuaciones que aumentarán la impermeabilización del suelo y el riesgo de inundación de las zonas próximas. La organización se queja además de que los cambios en la ley no se han llevado al CAPMA “pues parece que solo el Gobierno valenciano tiene algo que decir algo respecto a esta normativa”, señalan.

Con las reformas legislativas realizadas, lo único que demuestra el actual Consell de Carlos Mazón es que no se escucha a las organizaciones ecologistas, a los habitantes de este territorio y se niegan normativas y recomendaciones ambientales procedentes de Europa, como el pacto verde europeo.

En el escrito remitido al órgano consultivo se hacen, no obstante, algunas recomendaciones como priorizar la consolidación de las ciudades existentes, tener en cuenta el principio de la no regresión ambiental a la hora de regular sobre un ámbito que ya ha sido evaluado ambientalmente, o la desclasificación de suelos urbanizables que no han sido evaluados ambientalmente.

La organización exige la inmediata aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), puesto que la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental está haciendo caso omiso de esta disposición que exige la inmediata desclasificación de los suelos urbanizables del litoral, que están paralizados, sin programa aprobado o anulado, como es el caso del PAI de Doña Blanca a Torreblanca, o el caso del PAI de Sant Gregori, en Burriana, y otros 8 sectores más que hay a lo largo de la costa que no tendrían que ser urbanizados.