Amnistía Internacional denuncia que la Generalitat vulneró el derecho a la vida durante la dana

La Generalitat Valenciana vulneró el derecho a la vida y a la integridad física de miles de personas al no facilitar a tiempo información sobre la magnitud real de la dana, que el pasado 29 de octubre dejó 228 muertos y una senda de destrucción en Valencia. Amnistía Internacional defiende esta tesis en su último informe. Un documento en el que esta entidad critica que el Ejecutivo autonómico enviara tarde la alerta masiva a móviles, que llegó a las 20.11 horas de la aciaga jornada, cuando ya había decenas de personas fallecidas, muertas o atrapadas en garajes y plantas bajas de municipios valencianos como Catarroja o Paiporta.

La organización de derechos humanos enmarca estos hechos en una “actitud negligente” y de vulneración del “derecho a la información”, tal y como contempla -según Amnistía- el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece la obligación de los Estados de salvaguardar las vidas de sus ciudadanos.

El Consell no es la única administración que sale mal parada durante la mayor tragedia natural que ha asolado Valencia. “El Estado español, en sus distintos niveles, no cumplió con sus obligaciones internacionales de derechos humanos”, estima la organización humanitaria. Y, en la misma línea de los más de 110 testigos -la mayoría familiares de víctimas- que han declarado ante la titular del juzgado de instrucción número tres de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, Amnistía recaba los relatos de decenas de vecinos que estuvieron a punto de morir. Uno de ellos, José Manuel, de Alfafar, que pasó seis horas agarrado a un semáforo hasta que salvó su vida tras bajar el nivel del agua.

La responsabilidad de la gestión de la gota fría -según Amnistía- fue de la Generalitat. Sin embargo, esta organización considera que el Gobierno central “no ejerció la facultad que le reconoce la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para asumir la dirección de la emergencia”. Y recuerda que el Ejecutivo podría haber actuado “por iniciativa propia”, ya que, según la ley, la emergencia afectó a más de una autonomía. No obstante, “el presidente de la Generalitat no asumió de forma directa la dirección de la emergencia, en aplicación de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias”, zanja la organización.

Amnistía sostiene que el 29 de octubre reveló que los ayuntamientos deben aplicar planes de protección civil. Y, a su juicio, el desastre se magnificó porque, junto al retraso en el envío de la alerta a móviles Es-alert, fallaron los sistemas para comunicar a los municipios la magnitud de la riada.

La propagación de bulos y noticias falsas para desestabilizar a la población fueron otros de los riesgos que afloraron tas la catástrofe natural. Al día siguiente de la gota fría, se propagó una información de que agentes de la Guardia Civil alertaban de la rotura de la presa valenciana de Forata y pedía a los vecinos que subieran a las primeras plantas. Era mentira.