Anticorrupción pide 12 años de cárcel para Carlos Fabra por ocultar bienes a Hacienda y más de cuatro para Fernando Roig por cohecho

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 12 años de cárcel para el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, por los presuntos delitos de insolvencia punible, ocultar sus bienes para no pagar a Hacienda y cohecho. Así consta en el escrito de acusación presentado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, que ha procesado a Fabra, y en el que señala también al empresario y presidente del Villarreal C.F. Fernando Roig como presunto autor de los delitos de frustración en la ejecución de una sentencia y pagar sobornos. Por la comisión de estos delitos solicita cuatro años y siete meses de cárcel.

El nuevo caso Fabra comenzó en 2017 cuando Hacienda presentó una denuncia porque el dirigente popular no pagaba la multa impuesta en la condena por cuatro fraudes fiscales. “Con la finalidad de ocultar su patrimonio ante la Administración Tributaria y ante la Administración de Justicia, Carlos Fabra urdió una amplia trama económica, financiera y contable”, señala el fiscal delegado de Anticorrupción en Castellón. Esta trama “ha impedido hacer efectivas la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, quedando pendiente de pago a cargo del penado 1.031.457 euros”, señala el escrito fiscal. Fabra fue condenado en 2013 a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,3 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales.

Tras la denuncia de Hacienda ante el impago de la multa, se abrió una investigación que desveló, según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que recoge el fiscal, que “la aparente situación de penuria económica es notablemente discorde con el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo que, en el periodo comprendido entre 2007 y 2017, consta haber utilizado por un montante de 2,6 millones de euros”. Anticorrupción, que asegura que Carlos Fabra contó con su familia para el diseño de la trama, implica además a dos empresarios: Fernando Roig y Enrique Gimeno. Para el primero, solicita una pena de cuatro años y siete meses de cárcel. Para el segundo, presidente de Facsa, empresa de gestión del agua, pide nueve meses de prisión. A Roig le acusa de haber participado en la ocultación de los bienes del dirigente popular ante a Hacienda y, al igual que a Gimeno, de cohecho.