Inquilinas de Barcelona amenazadas por fondos tras pararse el desahucio de Txema: “Somos capital de la lucha contra el ‘coliving’, se acabó al impunidad”

Rosario, Gemma, Marga y Melanie. Inquilinas de Barcelona afectadas por empresas del negocio inmobiliario. Hace un mes las cuatro quedaron para participar en la protesta contra el primer intento de desahucio de Txema, el vecino de Gràcia a quien el fondo de inversión New Amsterdam Developers (NAD) quiere echar de su casa. Ahora, tras la movilización popular, el rechazo del Ayuntamiento y la Generalitat, la mediación del Síndic de Greuges, que ha conseguido una tregua de tres meses, están convencidas de que el aplazamiento marca un antes y un después. Creen que los inquilinos han convertido Barcelona “en la capital de la lucha contra los colivings y la especulación”, y que que “se acabó la impunidad” con la que hasta ahora han actuado fondos que compran edificios, los vacían de vecinos y sustituyen los alquileres residenciales en alquiler de habitaciones o temporada.

Las cuatro mujeres se conocieron en plenarios del distrito del Eixample donde acudían para exponer sus dramas. Tienen en común que son vecinas de edificios de propiedad vertical que han sido comprados por fondos o empresas que sustituyen a los inquilinos por clientes de temporada o alquiler de habitaciones. Todas tienen alguna singularidad. Rosario Castelló es la última vecina que queda en un edificio de colivings de la calle de Entença propiedad de Vandor. La compra del edificio donde vive Gemma Tramullas fue liderada por una sociedad que se repartió los pisos con otras tres empresas. El mismo día que la sociedad compró el piso de Gemma ya lo revendió a otro inversor. Marga Aguilar vive en la Casa Papallona, catalogada por su mosaico modernista: la finca la compró NAD, su contrato acabó, la quieren echar por finalización de contrato y tiene fecha de desahucio para mayo. Melanie Andrada vive en la calle de Tarragona, en el edificio de viviendas de alquiler donde la propiedad, la familia Gallardo, tramitó y logró 120 licencias de piso turístico.

Junto a Txema Escorsa, el vecino de la calle de Sant Agustí de Gràcia que ha conseguido aplazar dos veces su desahucio, forzaron al Ayuntamiento de Barcelona a crear la Mesa en Defensa del Alquiler en el Eixample, que ya se ha reunido cinco veces. Hace unos días celebraban que “las cosas están cambiando” tras conocerse el segundo aplazamiento del desahucio de Escorsa: primero fue la presión propular y luego la intervención del Síndic David Bondia, que medió con NAD y la empresa ha pedido a la juez aplazar tres meses y darse tiempo para negociar. Que NAD, que hasta ahora no dialogaba, haya asumido ese paso intermedio de interlocución es un cambio relevante. Porque además, destacan, “es una de las empresas más agresivas” con los inquilinos. Este diario ha intentado desde hace semanas por escrito y por teléfono recoger la version de NAD, sin éxito.

“Querían convertir Barcelona en la capital del talento internacional a costa de sus vecinos, pero la lucha de los inquilinos ha convertido la ciudad en la capital de la lucha contra el ‘coliving’ y la especulación”, dice Gemma Tramullas. “No es un choque entre el derecho a la propiedad y el dereho a la vivienda, sino un abuso del derecho a la propiedad. Con el caso de Sant Agustí se ha acabado la impunidad”, sentencia. Melani Andrada, vecina de un bloque donde han conseguido prórroga de tres años los vecinos cuyos contratos acababan este 2026, está convencida de que el caso de Txema muestra que “cada vez es más dificil hacer las cosas mal y que no pase nada”. “Las cosas están cambiando, la gente se da cuenta y ya no es tolerable un comportamiento que años ah lo fue. Estas noticias penalizan los malos comportamientos, crean un precedente y no se lo van a poner fácil a pisos turísticos y colivings”.

El propio Txema celebra, por su situación personal y por la lucha inquilina en una crisis habitacional sin precedentes, que “la presión tan transversal, popular, con apoyo institucional y político, con administraciones rechazando estas prácticas, evidencia que este modelo tan agresivo de echar a los vecinos para hacer otros negocios ha empujado a la empresa a frenar el desahucio”. “Nos da cierta tregua”, entiende, pero alerta de que “quedan muchos vecinos amenazados por New Amsterdam”. “Hemos de mandar el mensaje claro a los fondos de que se ha acabado actuar como querían y echar a la gente sin miramientos. Esperamos que sea un punto de inflexión”, dice. También inquilina en un edificio propiedad de NAD, Marga se emociona porque, entiende, “un pequeño triunfo que es una gran victoria”. “Demuestra“, dice, “que juntar la presión de entidades, sindicatos, vecinos y administraciones y plantar cara a unos fondos que están destrozando nuestras vidas y los barrios vale la pena”.

“Aquí vivían familias, yo no me voy. Algo está cambiando: nos tenemos que plantar y que el negocio de los colivings desaparezca”, añade Rosario, combativa mientras grupos de jóvenes bajan con estruendo las escaleras de la finca donde vive un día laborable a las siete de la tarde. Todos celebran haber conseguido que el Ayuntamiento cree la Mesa en Defensa del Alquiler en el Eixample, que ya se ha reunido cinco veces. “Hemos de trabajar en dos vías en paralelo: para salvar inquilinos y para ahogar a los fondos de inversión que expulsan vecinos”, sintetiza Marga.

El comisionado de Vivienda del Ayuntamiento, Joan Ramon Riera, explica que la Mesa impulsada por las vecinas ha comenzado rondas de diálogo con las propiedades, “con el mensaje de que el alquiler de temporada y habitaciones se acaba y que [tal y como es ahora, con precios superiores al mercado] queda fuera del ordenamiento jurídico, pero pueden seguir ganando dinero, aunque no tanto, con el alquiler residencial”. Riera añade que se han abierto expedientes por incumplimientos de legislación o en materia de obras, y que la asociacion de vecinos del Eixample Esquerra se ha incorporado a la mesa.

De los propietarios de los cinco edificios citados en esta información, solo Vandor da su versión en los conflictos. Fuentes de la empresa explican sobre el caso de Rosario que “está fuera de contrato desde hace cinco años”, aunque ha seguido pagando. Y que le han ofrecido siete años de contrato de alquiler en otro edificio de su propiedad, en la calle de Sepúlveda, “reformado, a ocho minutos andado de su casa y con rentas menores de las que paga”. Ella insiste en que no se quiere ir y reprocha la intención de Vandor de “realojar a afectados por su negocio en pisos de un edificio donde antes también había vecinos. Vandor insite en que está “siempre abierto a la negociación con los inquilinos para gestionar cada caso de forma personal, adaptándose a las situaciones y necesidades para encontrar un acuerdo que sea favorable para ambas partes”. Ofrecen, concretan, “compensacines económicas, ayudas logísticas en mudanzas y flexibilidad en los plazos” y recalcan que “la compañía no ha ejecutado ningún desahucio”. Vandor también desmiente que hayan puesto su patrimonio en venta y explican que la empresa inversora Patron Capital está explorando “opciones que permitan a Vandor avanzar hacia una nueva fase de crecimiento junto con un nuevo socio estratégico” tras “alcanzar un grado óptimo de madurez operativa”. “La compañía niega que este proceso esté motivado o precipitado por las recientes propuestas normativas o cambios legislativos. Este proceso implica la incorporación de nuevos accionistas o inversores para que Vandor continúe creciendo y siga siendo parte de la solución al problema de la vivienda que existe actualmente”, precisa ante el convencimiento de algunos de sus inquilinos de que han puesto en venta los edificios.