Sin techo y sin documentos, la regularización más incierta: “No sabemos qué papeles presentar”

En Arrels, una entidad catalana que atiende a personas sin hogar, llevan semanas dándole vueltas a un problema: ¿cómo lograr que los extranjeros que viven en la calle y sin documentación sean, también, beneficiarios de la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno? “Presentaremos los expedientes lo mejor que podamos, pero no sabemos qué papeles vamos a poder tener y si van a servir”, reflexiona Eva Hobiech, responsable del equipo jurídico de Arrels ante un procedimiento administrativo que vuelve a constatar la invisibilidad de los más vulnerables entre los vulnerables. En conversación con EL PAÍS, Hobiech advierte del riesgo real de que muchas de esas personas, sobre todo las que carecen de documentación, queden fuera del abrigo de la regularización, expulsadas del sistema a perpetuidad.

El objetivo declarado de la norma es facilitar al máximo que los extranjeros dejen de vivir en situación irregular en España. Pero los requisitos que impone el decreto, que para la mayoría son una dificultad salvable, se convierten, para las personas sin hogar, en un muro casi infranqueable. La última encuesta de Arrels a extracomunitarios que viven en la calle en Barcelona revela que el 75% de los 670 entrevistados carece de documentación, bien porque la perdieron en algún momento, bien porque les fue sustraída. “La falta de documentación del país de origen, o incluso de documentación en vigor, es el principal escollo que nos encontramos; a partir de ahí, todo son problemas”, apunta Hobiech.

La primera dificultad se presenta, en forma de paradoja, con el requisito más básico: pueden acogerse a la regularización los extranjeros que hayan entrado en España antes del 1 de enero de 2026 y acrediten que han permanecido en el país cinco meses consecutivos al presentar la solicitud. Las personas sin hogar a las que atiende Arrels llevan aquí mucho más tiempo. El problema para ellas es demostrarlo: muchas no tienen certificado de empadronamiento ni otros documentos acreditativos. “Sin domicilio fijo, les es mucho más difícil conseguir el padrón. No todas las solicitudes acaban en éxito, y si lo hacen, caducan a los dos años y luego no las renuevan. Cuando vives fuera del sistema, te quedas sin medios de prueba”, agrega la letrada.

Y ese es el reto: ¿cómo acreditar que, personas que oficialmente no constan en ningún sitio, han estado aquí todo este tiempo? Un certificado médico puede valer, pero “no prueba una estancia continuada”. Arrels y otras entidades intentan ser imaginativas. “Estamos buscando lugares donde van a ducharse, e incluso declaraciones de ciudadanos que ven a esa persona siempre en el mismo lugar”, dice la abogada. Pero no tienen claro el resultado. “Presentaremos los expedientes como podamos”. La norma prevé que el interesado pueda aportar un pasaporte en vigor en caducado, pero también una cédula de inscripción, un documento oficial español que identifica a los extranjeros que, por lo que sea, no han podido obtener un pasaporte de su país.

Otra contradicción se da con la vulnerabilidad. El decreto presupone que los inmigrantes en situación irregular están en situación de vulnerabilidad; más aún, los que duermen en la calle. Pero exige un informe que lo acredite. Las personas sin hogar y sin documentación muchas veces no están atendidas por servicios sociales, de modo que éstas no pueden emitir ningún informe. Sí podrán hacerlo entidades colaboradoras en extranjería que, sin embargo, se enfrentan a un “cuello de botella” ante la necesidad de emitir cientos o miles de documentos con sus propios recursos, sin apoyo de la administración.

El compendio de dificultades superpuestas se aprecia mejor con los antecedentes penales. El texto exige que el extranjero acredite la ausencia de antecedentes en su país los últimos cinco años. La lentitud de los consulados de ciertos Estados puede poner en aprietos a algunos extranjeros, aunque la mayoría empezó a moverse ya en febrero. Para las personas sin techo y sin documentos, el panorama es bastante peor: no se trata de pedir la hoja penal, sino que primero necesitan el pasaporte. Y ya van tarde. “Muchos no van a estar a tiempo de conseguir el pasaporte o ni siquiera una partida de nacimiento, para la que necesitan vínculos con personas en sus países de origen de los que carecen. Y entonces no van a poder tener los antecedentes ni, por tanto, la regularización”.

Si de algún modo se logran saltar esas vallas, queda un último obstáculo que atraviesa todo lo anterior: el dinero. La regularización implica el pago de una tasa que aún debe fijarse, pero que será de en torno a 40 euros. Es una cifra pequeña, que crece cuantos más papeles se necesiten. Los sin techo salen, de nuevo, perjudicados: si no pueden acceder al pasaporte pero sí a una cédula de inscripción, han de acudir ante notario y pagar. Lo mismo con los antecedentes: algunos países cobran cifras que alcanzan de media los 150 euros, según Hobiech. Entidades como Arrels, que en próximos días van a empezar a acompañar a los sin techo en los trámites, se harán cargo de esos gastos, pero reclaman más implicación de los poderes públicos. “La Administración no piensa, en general, en las personas a las que nosotros acompañamos. Son invisibles”.