La Generalitat quiere matar 12.000 jabalíes para que no se propague la peste porcina en Barcelona

El inspector jefe de los Agentes Rurales de la Generalitat, Antoni Mur, ha contabilizado que el cuerpo de forestales —junto con varios grupos de cazadores— deberán matar a cerca de 12.000 jabalíes dentro del radio de 20 kilómetros creado desde que en noviembre se encontró en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) el primer cadáver de animal que apareció contagiado por peste porcina africana (PPA).

Mur ha realizado este cuenteo en la rueda de prensa celebrada en el departamento de Agricultura en la que se ha informado del cierre definitivo del parque natural de Collserola en Barcelona después de que, esta semana, apareciera el cadáver de un jabalí infectado de PPA. Pese a la magnitud de la cifra de animales exterminados, el inspector jefe no ha marcado una fecha final para alcanzar el objetivo.

“Entre el punto cero y el radio de seis kilómetros del foco original hay cerca de 400 jabalíes a los que hay que sumar los 500 ó 600 que calculamos que hay en la sierra de Collserola”, ha contabilizado Mur. El cierre del medio natural del parque de Collserola anunciado este jueves facilitará la captura, con redes, de varios de estos ejemplares. Una vez capturados, los rurales los matarán en el mismo lugar. En el radio que va de los seis a los 20 kilómetros. Mur calcula que hay entre 8.000 y 12.000 ejemplares que se cazarán con trampas y redes, pero también con un “trabajo muy intenso de los cazadores”. Mur, que no ha anunciado un calendario, ha admitido: “El objetivo es llegar al cero absoluto de jabalíes en la zona. Un objetivo que es imposible pero tenemos claro que el máximo que podemos admitir es un jabalí por kilómetro cuadrado”.

Según los Agentes Rurales, la zona cero de la peste porcina tenía en noviembre una densidad media de cerca de 10 jabalíes por kilómetro cuadrado. “Es una zona muy urbana en la que no es posible realizar batidas de caza. Además, los jabalíes se han acostumbrado a frecuentar zonas urbanas y eso favorece la densidad de población. Ahora, hemos instalado 18 trampas y montaremos hasta un centenar para reducir drásticamente el número de ejemplares. Fuera de la zona cero y hasta los 20 kilómetros, calculamos que hay entre cuatro y seis jabalíes por kilómetro cuadrado”, ha concluido.

Mur ha defendido que, pese a que la PPA se ha ido extendiendo hacia el sur, los 185 cierres de pasos de fauna han conseguido “contener la enfermedad” en un radio que ya afecta a 18 municipios. El inspector jefe defiende que los blindajes para contener la enfermedad han funcionado. “La impermeabilidad absoluta no existe pero hemos dificultado muchísimo la propagación de la enfermedad”, ha destacado.

“Nuestra prioridad ha sido siempre intentar que no se extendiera la enfermedad hacia el norte. De hecho, hemos capturado ya 1.100 jabalíes. En zonas agrícolas lo hemos hecho con drones, visores térmicos y caza con una actividad muy quirúrgica. En las zonas boscosas, los hacemos con las trampas de redes. Una vez capturados los sacrificamos en el lugar y extraemos los cadáveres con las medidas de seguridad indicadas y las extracciones de sangre pertinentes para enviar al laboratorio del Cresa”, ha pormenorizado el inspector jefe de los Agentes Rurales.

1.800 muestras

Desde que se detectó el primer caso, los laboratorios han analizado 1.800 muestras, ya que también se han analizado cadáveres encontrados en el espacio natural. De hecho, uno de los problemas con los que se están encontrando los agentes forestales es que cuentan con pocos perros adiestrados para localizar cadáveres de jabalíes. Un trabajo que es importante ya que los jabalíes son caníbales y pueden contagiarse al ingerir otro ejemplar contaminado. Siguen faltando perros pese a que los Rurales cuentan con el apoyo de unidades de la Guardia Civil, de Andorra y de la Comunidad de Madrid.

El responsable de los Agentes Rurales ha asegurado que en las zonas boscosas solo es posible la captura con trampas ya que con armas de caza sería muy complicado evitar que los animales salieran en estampida. “Necesitamos que la gente cumpla con las obligaciones impuestas y que no accedan al medio rural para sí mantener tranquilos a los animales. También necesitamos que no manipulen las trampas porque nos hemos encontrado trampas vandalizadas”, ha denunciado.

En la rueda de prensa, la secretaria general del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Cristina Massot, ha anunciado que queda prohibido —desde la tarde de este jueves— acceder al medio rural del parque de Collserola y ha confesado: “Nuestros esfuerzos han sido, sobre todo, para que la enfermedad no se propague ni a la Cataluña Central ni a Girona. Se ha ido hacia el sur donde el problema es menor”. Massot ha justificado la prohibición de acceso a Collserola alegando que la presencia de personas provoca una dispersión de animales y el objetivo es que estén lo más quietos posibles para poder acabar con ellos. También ha destacado que las suelas de zapatos o los neumáticos pueden contaminarse por contacto y expandir así la enfermedad. Massot y el teniente de alcalde de seguridad de Barcelona, Albert Batlle, han destacado la prohibición de acceso a todo lugar de Collserola que no esté asfaltado. Han recordado que el acceso a las viviendas, escuelas o las actividades económicas como el parque del Tibidabo están garantizadas.

En el parque natural de Collserola viven 15.000 personas y recibe cinco millones de visitas al año. Además, cada año visitan esta zona rural cerca de cinco millones de personas lo que se traduce, depende de la época del año, en 5.000 personas cada día laborable y entre 10.000 y 15.000 los festivos. Por otro lado, la montaña de Montjuïc no tiene ningún tipo de restricción ya que se trata de un parque urbano.

Todo aquel que vaya por caminos o lugares donde ha quedado prohibido el paso y sea interceptado por los agentes de la autoridad se entiende que habrá vulnerado la Ley 8/2003 de Sanidad Animal que establece un régimen sancionador para conductas que puedan favorecer la propagación de enfermedades animales o incumplir medidas sanitarias impuestas por la autoridad.