Los expertos alertan de la “falta de financiación” de la Generalitat para gestionar la inmigración

La necesidad de gestionar mejor la inmigración y de calibrar sus efectos en la economía y la sociedad se ha convertido en un asunto cada vez más urgente para la administración catalana. En un contexto en el que crecen los discursos antiinmigración de la mano de la extrema derecha, un informe encargado por la Generalitat a un equipo de expertos incide en una de las grandes preguntas que flotan en el aire: ¿está preparada Cataluña para acoger e integrar como es debido a los 2,1 millones de extranjeros que ha incorporado en un cuarto de siglo? Y la clave para responder pasa por el dinero. El informe admite que el aumento del gasto social en los últimos años ha sido insuficiente para que los servicios básicos estén a la altura del aumento de población, lo que ha generado parte del creciente malestar social.

El informe del Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (CETIS), con el elocuente título de Repensar la gobernanza migratoria en Cataluña, asume que “el modelo propio de integración” está “sometido a fuertes limitaciones”, en especial por la “falta de recursos estables” y, también, por la “ausencia de una coordinación real con el Estado”. El margen para mejorar el potencial de acogida es muy amplio: las herramientas están ahí, pero algunas ni siquiera se han usado. Como la Agència Catalana de Migracions, una carcasa vacía que, según los expertos, debe ser el pilar de una gestión ahora fragmentada. Los expertos proponen crear un “fondo catalán para acogida e inclusión” e implantar transferencias directas para los municipios, que gestionan la primera acogida muchas veces sin los recursos apropiados.

Los libros, artículos, estudios y pronunciamientos públicos sobre inmigración que se suceden en los últimos meses hacen pensar, y así lo asumen también los expertos, que Cataluña está “en un momento clave”. A la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez —que en Cataluña podría beneficiar a más de 150.000 personas— se une la posible “ampliación” de competencias en inmigración a la Generalitat (una de las exigencias de Junts al ejecutivo).

Sobre el hipotético trasvase de competencias, los expertos alertan de que su planteamiento actual es “continuista y de alcance limitado”, ya que solo “extiende” competencias “ya existentes”, sin que eso suponga un necesario cambio en el modelo de gobernanza. Las delegaciones previstas sobre el control migratorio son, subrayan, “de carácter simbólico”. Y reclaman que, en cualquier caso, las políticas de la Generalitat se orienten en mejorar la “inclusión y los derechos sociales”, eje vertebrador de la propuesta, que han defendido seis autores del informe en la Casa de Convalescència de Barcelona.

Y si la “cohesión social” está en riesgo es, precisamente, por una financiación insuficiente. El aumento de las inversiones en los últimos años ha sido innegable, examina el informe. Pero no ha resuelto los problemas y, en sanidad y educación, pilares del Estado de Bienestar, el gasto per cápita no ha aumentado e incluso ha disminuido ligeramente. El resultado ha sido una “tensión entre el crecimiento demográfico y la capacidad de provisión pública”. Existe “el riesgo” real de que se vea “comprometida la capacidad” de los poderes públicos para “garantizar niveles adecuados de cobertura, calidad y equidad en la provisión de servicios públicos”.

Aunque canta las buenas nuevas de inmigración en materia económica que aplauden también los grupos empresariales, el informe admite igualmente los “desafíos” que plantea. Parte de la población autóctona puede tener una “sensación de privación relativa y amenaza cultural”; en especial, aquellos que pueden llegar a “competir” con los extranjeros por “trabajos similares” o por servicios que son escasos. Ese descontento es el caldo de cultivo para los partidos de extrema derecha, que aprovechan “lecturas parciales” para atribuir a la inmigración unas tensiones que “responden, en buena medida, a déficits estructurales de financiación y capacidad institucional”.

En el acto de presentación, la consejera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo ha planteado una “tercera vía”. Frente a las “deportaciones” que propugnan países como Estados Unidos y frente a un crecimiento “basado en salarios bajos”, el Govern ha propuesto una “prosperidad compartida” que combine el fomento de los sectores más productivos con “el reconocimiento a las personas que vienen a trabajar y a contribuir con un gran nivel de esfuerzo”.

Cambiar la narrativa

La creación de una “narrativa inclusiva” que incorpore “la lucha antiracista y contra la xenofobia” es clave, según el texto. “Hay que ir más allá de los argumentos económicos y construir un relato positivo e innovador que sitúe la diversidad como valor fundamental de la sociedad catalana”. La mención viene a cuento ante la constatación de que la inmigración genera un rechazo de capas cada vez más amplias de la sociedad. La inmigración es ya, también, un arma electoral. Partidos como Vox y, sobre todo, Aliança Catalana han cimentado su auge sobre la base de un rechazo expreso a los extranjeros, en especial a los de origen musulmán. Las encuestas sitúan ya al partido de Sílvia Orriols como tercera fuerza en el Parlament, en empate técnico con Junts. Amenazado por ese flanco, el partido de Carles Puigdemont ha reforzado también su discurso sobre la necesidad de controlar la inmigración.

“No podemos dejar que el único relato que se imponga sea deshumanizador y de tergiversación de la realidad”, ha añadido la consejera Martínez Bravo. “No podemos renunciar a una mirada basada en derechos humanos y valores democráticos, algo que hace diez años parecía obvio”, ha afirmado la consejera, que ha aplaudido la aportación del informe para “gestionar mejor una realidad que ya tenemos aquí”.