La patronal catalana abre otro frente contra el Gobierno de Illa por las políticas de vivienda

La patronal catalana Foment del Treball ha abierto un nuevo frente contra el Gobierno de Salvador Illa. La organización presidida por Josep Sánchez Llibre ha creado una comisión de vivienda y urbanismo que aporte una “visión empresarial” en las políticas sectoriales, según ha anunciado la entidad. El grupo de trabajo, liderado por el jefe de la patronal inmobiliario, nace después de que el Govern haya adoptado las primeras sanciones por el incumplimiento de la ley de Vivienda, aprobada para paliar la crisis de la vivienda en Cataluña. Sánchez Llibre ha reiterado que la iniciativa busca la “defensa de la propiedad privada” y de lucha contra “la excesiva regulación” del sector.

Foment ya había cargado en las últimas semanas contra el Govern por la posición contraria de los socialistas a alargar la vida útil de las nucleares y por considerar que el pacto de financiación alcanzado con el Gobierno central se quedaba corto. El Ejecutivo de Illa no ocultó su malestar con la organización y su consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, les acusó de tener una “agenda oculta” y de trabajar con Junts en Madrid para tumbar varias medidas impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como la reducción de la jornada laboral.

En esta ocasión, Foment ha ido más allá de las palabras y ha creado una comisión presidida por el jefe de la patronal inmobiliaria APCE, Xavier Vilajoana. La decisión llega después de varias decisiones que no han gustado a los empresarios, como los topes a los precios del alquiler, los límites al alquiler de temporada, el derecho de tanteo o retracto sobre viviendas de grandes tenedores o las reservas de suelo del 30% para vivienda social en Barcelona.

La patronal, de hecho, menciona explícitamente esa última medida en el comunicado, que ha considerado parte de la “excesiva regulación” que Foment se propone “revertir”. De hecho, Vilajoana señala cuál es el modelo que propugnan para resolver la crisis de la vivienda, cuyo precio se ha más que duplicado en una década. “O construimos más viviendas de todo tipo o arrastraremos el problema año tras año, sin aportar soluciones que beneficien a la ciudadanía”, ha señalado en el comunicado.

La creación de la comisión, formada por unas 40 entidades y empresas del sector, llega justo cuando sobre la mesa del Govern hay, según los comunes, varios informes que avalan poner freno a la compra especulativa en zonas donde haya mucha demanda y después de que el Ejecutivo haya multado a las primeras empresas por incumplir la ley de Vivienda y haya anunciado una nueva tanda para las próximas semanas. De esas medidas dependen, precisamente, los Presupuestos que el Govern quiere sacar adelante con comunes y ERC.