400.000 sufridores, y desde hace años

Son 400.000 trabajadores, estudiantes, profesionales, autónomos. Son los que día a día, año tras año, sufren la crueldad creciente de Rodalies, las cercanías catalanas, pero solo de nombre. Sufren la desgracia azarosa. Y la sistemática acumulación de errores y fallos de los poderes públicos. Centrales (más) y autonómicos (algo menos); conservadores (muchos más), progresistas (algo menos). Pero hay taza para todos.

Puesta en censo, es mucha más gente que la que habita en la segunda ciudad catalana, L´Hospitalet de Llobregat, y tanta como está sumada a Santa Coloma. Dos veces y media que Badajoz. Y cinco que Toledo. En los tres últimos años han perdido 291 días de transporte, casi uno entero en desplazamientos fallidos. Para acudir al tajo, a la facultad, al médico, a esa tienda, al evento musical. O al entierro, al que llegaron ya cumplido.

Gente sobre todo trabajadora, hay menos afición al transporte público entre los con-posibles. Gente joven, que no llega en bici; y mayor-mayor, a la que le cuesta siempre llegar. Vulnerables a los cortocircuitos de la movilidad, disponen de menos alternativas.

Gente que además cuenta con varios cinturones de seguridad político-administrativa: confía en un Estado (España) obligado a respaldarla; un cuasi Estado (la Generalitat) que le prometió cuidados universales así los necesitase; y una ciudad-Estado hanseática de prestigio taumatúrgico, Barcelona. Y de repente se topan con una precariedad parecida o peor a la de la España vaciada, tienen poco y nada con que responder. Es la Cataluña saturada.

El diagnóstico del mal es obvio. La infrafinanciación del servicio estatal ADIF-RENFE en unas líneas viejas de siglo y medio, casi dos centurias, renovadas a dosis homeopáticas. Solo en 2010 y 2011 la inversión estuvo a la altura (956 y 782 millones de euros). En tiempos de Mariano Rajoy, y del procés que alimentaba ilusiones en vez de nutrir kilómetros, bajó a una horquilla de entre 214 y 311 millones. Por miserable ejecución del presupuesto: en decenio y medio han dejado de invertír más de 5.000 millones de euros.

Recientemente, el ritmo se ha recuperado, con 516 (en 2022) y 615 millones (2023): unas inversiones con ambición y a borbotones. Imprescindibles, sí, porque procuran arreglo a medio plazo. Pero, simultáneas y solapadas, ocasionan desarreglos en lo inmediato. Y a la espera de una línea transversal por todo el Principado: a larguísimo plazo.

Ahora habitamos el desarreglo. Que se agrava por el clima adverso: el trazado es angosto de márgenes cercanos a taludes, con escasas escapatorias. Apto para inundaciones y temporales inesperados: los pantanos catalanes desbordan el 91% de su capacidad. Pesan los años, desde que nació el primer tren peninsular, Mataró-Barcelona, en 1848.

Pero era y es urgente paliar los pesares del usuario, que sí es corresponsabilidad de la Generalitat. Hasta el jueves pasado no se anunció una cohorte de 100 autobuses para suplir los desmayos del servicio, como sugeríamos en septiembre (“Las asignaturas pendientes de Salvador Illa”). Hoy, a punto de doblar otra “setmana tràgica”, ese (tardío) refuerzo y la (difícil) información o la (fácil) comunicación con los usuarios, siguen asmáticos y entrecortados. Dos altos cargos han sido cesados. Tanto o más nos interesa a todos que se arreglen los entuertos que sí tienen solución (provisional, parcial). Autocares. Paneles. Alertas telefónicas. Complicidad de ayuntamientos y conductores privados... Lo que convenga.