Los retos demográficos, la desigualdad y el cambio climático tensan la financiación de los municipios catalanes

El debate sobre la financiación pública en Cataluña está muy focalizado, desde hace tiempo, en la necesidad de renovar el modelo de financiación autonómica, caducado desde 2009 y cuya mejora es clave para que la Generalitat afronte los retos pendientes. Pero hay un nivel de financiación por debajo que lleva todavía más tiempo sin tocarse y que tiene un diseño, a juicio de los académicos, desfasado para las necesidades acuciantes que tienen los municipios, ya sean pequeños o grandes. La ley de financiación local española es de 1988, y solo tuvo una pequeña reforma en 2002. Un informe del Instituto de Economía de Barcelona analiza la realidad de las poblaciones catalanas, y pide que el modelo se renueve para dar más autonomía fiscal a los municipios y que puedan tener más presupuesto. El objetivo es que puedan hacer frente a una serie de desafíos propios de nuestro tiempo que están tensionando sus finanzas: el envejecimiento y la despoblación en los pueblos, la masificación en las ciudades, los efectos del cambio climático, la desigualdad creciente, el desbordamiento de los servicios públicos o el drama de las infraestructuras, entre otros.

“Se dice mucho que el modelo de financiación autonómica ha quedado desfasado porque es de 2009, pero el modelo de financiación local es muy anterior, y a nadie se le ocurriría ahora diseñar el impuesto sobre actividades económicas (IAE) o el impuesto de vehículos (IVTM) de la manera en que están hechos”, expresa José María Durán-Cabré, director del centro de estudios, vinculado a la Universidad de Barcelona, durante la presentación del informe el miércoles.

Una de las autoras del estudio es Maite Vilalta, investigadora de la UB en federalismo fiscal y haciendas autonómicas y locales, y una de las expertas que conforman el grupo que está diseñando el nuevo modelo de financiación singular para Cataluña, acordado entre el PSC y ERC. “Un buen modelo de financiación es el que financia según la realidad que hay, y no siempre es el caso”, dice Vilalta. En el ámbito local no es el caso nunca, ya que el modelo hace muy pocas distinciones y está muy lejos del “traje a medida” que según Vilalta debería ser la financiación para cada tipo de municipio. “Los municipios, según su tamaño, tienen competencias distintas, pero el tipo de financiación es único. El objetivo de un alcalde es garantizar el bienestar de la ciudadanía, pero hay que ver si están bien equipados para hacerlo”, señala la doctora en Ciencias Económicas y Empresariales.

El estudio se centra en vincular la financiación con el tamaño de las poblaciones. Para ver los efectos del modelo en sus extremos, analiza la situación en municipios muy pequeños, en municipios grandes y en el Área Metropolitana de Barcelona por su especificidad de entidad supramunicipal.

También hay un apunte, hecho por Luiz de Mello, director del departamento económico de la OCDE, sobre qué se hace en las áreas metropolitanas de otros lugares del mundo. Las grandes concentraciones urbanas sufren en todas partes los mismos problemas: necesidad de infraestructuras masivas para toda su población y la que pasa por ahí por motivos económicos, demandas de servicios muy diversas porque existe mucha desigualdad, servicios que van más allá de sus fronteras y que son utilizados por residentes fuera de estas áreas, y dificultad en la toma de decisiones por la fragmentación institucional. Todos estos problemas hacen que las vías tradicionales de ingresos —sobre todo los impuestos sobre bienes inmuebles— no sean suficientes para abordarlos, ni para hacer frente a otros como la digitalización de los procesos, el envejecimiento de la población o el cambio climático. Por ello, el experto propone otras fórmulas, como un impuesto sobre la renta basado en la residencia —que ya existe en los países nórdicos— o un gravamen a los commuters, las personas que viven fuera y trabajan en la gran ciudad.

Pueblos pequeños y ciudades grandes

El estudio analiza la situación en los municipios pequeños, de menos de 5.000 habitantes. “Es un grupo muy heterogéneo, porque hay pueblos rurales pero también hay pueblos turísticos, con realidades distintas. Pero por su tamaño, las tendencias son las mismas en todos ellos: envejecimiento y descenso de la población, reducción de la actividad económica, erosión de las infraestructuras y dificultad de acceso a servicios básicos”, expresa la profesora Cristina de Gispert, una de las autoras del estudio. En los municipios pequeños, el potencial recaudatorio es menor: las casas tienen menos valor catastral, y por lo tanto el IBI también; muchas actividades están exentas de IAE precisamente para fomentar que haya dinamismo, pero esto quita opciones de recaudación a los ayuntamientos; y no hay economías de escala que permitan recaudar menos pero compensarlo en volumen. Todo esto se traduce en una alta dependencia de las transferencias de las administraciones superiores, como el Govern o la Diputación: en 2021, el 49% de la financiación de los pequeños municipios venía por ahí. “Lo vivimos todos los alcaldes. Faltan servicios básicos imprescindibles. O por ejemplo tenemos muchos caminos y casas diseminadas, con lo que nos cuesta mucho la gestión de los residuos, y para no penalizar de más a los vecinos, no podemos trasladar todo el coste a la tasa”, explica Àlex Muntanyà, alcalde de L’Esquirol, un pueblo de la provincia de Barcelona de 2.300 habitantes.

En las ciudades grandes, los problemas son distintos pero también tienen que ver con la financiación. “Son motores de crecimiento de las regiones y tienen que competir, ofrecer servicios para ser atractivas. También tienen que ofrecer servicios muy heterogéneos para una población desigual, y para población que no vive en la ciudad pero acude ahí para los servicios. La densidad de población hace que la necesidad de gasto sea muy elevada, y hay problemas nuevos como la vivienda o la falta de infraestructuras”, resume la profesora Paula Salinas, autora de este capítulo. “Que las ciudades puedan dar respuesta a estos retos dependerá de los recursos que tengan. Y sobre todo de su capacidad de decidir sobre su modelo de ingresos. Existen algunos tributos propios, pero muy poca capacidad de decisión”, señala, para concluir que el modelo de financiación local actual “provoca baja corresponsabilidad fiscal, baja autonomía de las ciudades y mucha dependencia de las transferencias”.

La colaboración entre ciudades en áreas metropolitanas es una vía para buscar soluciones más allá de la propia ciudad, por ejemplo en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El alcalde de Cornellà, Antoni Balmón, que es vicepresidente ejecutivo de la AMB, reconoce que la financiación puede ser insuficiente en algunos casos, pero reclama ser eficiente en la gestión y “ver políticamente hasta dónde están dispuestos los alcaldes a pedir a los vecinos que paguen más impuestos”. El alcalde de Vic, Albert Castells, un ejemplo de ciudad que da servicio más allá de sus fronteras y sufre la tensión de ser capital de comarca, expresa que el modelo de financiación local “es un despropósito”, y ha puesto el ejemplo de que la policía local tiene que asumir funciones que no le corresponden por la baja presencia de Mossos d’Esquadra en estas zonas. “Si nos creemos el equilibrio territorial del país, tenemos que poner recursos”, dice.