El Govern estudia controlar la compra especulativa de vivienda con nueva fiscalidad y la condición de que sea para vivir

Fiscalidad y urbanismo. Son las dos herramientas en las que el Govern confía para evitar las compras especulativas de vivienda dentro de sus competencias. El president Salvador Illa se comprometió en el Parlament a estudiar la cuestión, por la distorsión que las compras por parte de inversores o fondos tienen en el mercado residencial. El ejecutivo catalán, con todo, no habla de “prohibir” las compras especulativas, sino de “controlarlas”. La consejera de Territorio, Sílvia Paneque ha explicado que las recetas serán nueva fiscalidad y condicionar la compra al uso residencial. Unas medidas temporales acotadas a zonas de mercado tenso, como apunta el informe del jurista Pablo Feu, que forma parte del grupo de expertos.

Paneque admite, en una entrevista a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), que algunas de las medidas que harían posible el control tienen recorrido dentro de las competencias autonómicas, mientras otras habría que negociarlas con el Gobierno, donde no hay un posicionamiento unánime sobre la viabilidad de hacerlo con competencias estatales, pero también lo está estudiando. La consejera avisa, además, de que “no se puede prohibir la compra” de vivienda, con lo que la fórmula pasaría por limitar el uso de los pisos, con condicionantes y fiscalidad, y que el uso preferente sea “el residencial”. La Generalitat prevé tener los trabajos finalizados en las próximas semanas, un plazo que las fuentes consultadas sitúan entre enero y marzo.

El estudio de Feu defiende que las compras especulativas podrían vetarse en los tres niveles administrativos y legislativos: estatal, autonómico y municipal. Pero no entra en cuestiones fiscales. De hecho, fruto de un acuerdo con los comunes, el Govern modificó en verano el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) que los compradores de vivienda usada pagan a la hacienda catalana. La modificación del ITP ha consistido en hacerlo más progresivo (pasa de dos tramos a cuatro en función del precio del inmueble) y se ha subido hasta un 20% a los grandes tenedores o la compra de edificios enteros. También se han eliminado las bonificaciones para empresas inmobiliarias cuando compran y venden viviendas.

Las medidas fiscales pueden ser útiles para limitar “las transmisiones no deseadas”, las que protagonizan grandes tenedores que acumulan “una gran bolsa de viviendas de forma especulativa en términos de beneficio”, en palabras de la consejera Paneque, que recuerda la modificación del ITP para grandes tenedores. “Se aprobó en julio y en los primeros meses se ve realmente la caída de transmisión de grandes tenedores y un aumento de compraventas entre pequeños propietarios”, detalla.

Varios expertos del sector inmobiliario consultados indican que, con competencias autonómicas, poco más margen tiene el Govern que la modificación del ITP. Podría extenderse a otros compradores, además de los grandes tenedores. O buscarse la fórmula para subir el impuesto si el piso no es para vivir. Otras posibilidades, para las que habría que modificar legislación autonómica, serían subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios de más de una vivienda. Es otra propuesta de los comunes, en este caso de Barcelona en comú, que el alcalde Jaume Collboni se avino a estudiar como condición para aprobar sus ordenanzas fiscales: la idea sería implementar un IBI progresivo en función del número de viviendas que tiene un propietario. En este sentido, si el estudio económico y jurídico municipal lo ve robusto, la ciudad realizará una propuesta al Ministerio de Hacienda para flexibilizar la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Aunque modificar cualquier ley en el Congreso es, en el contexto actual, muy difícil para el gobierno de Pedro Sánchez.

En el estudio encargado por el Área Metropolitana de Barcelona a Pablo Feu, la propuesta en el ámbito autonómico parte de la base de que las comunidades tienen competencias en materia de urbanismo y vivienda. Así, la regulación se podría materializar con una ley autonómica específica (ley, decreto ley o decreto legislativo) o desplegando la ley urbanística existente. En Cataluña, la clave es que la ley de urbanismo fija que cualquier desarrollo debe garantizar la cohesión social y evitar la dispersión territorial.