Religiosos y comunidades de toda España censuran a Albiol por el desalojo del B9: “Ninguna ciudad es justa si deja gente en la calle”

Un centenar de religiosos de diócesis y asociaciones y comunidades de toda España han firmado un manifiesto en el que que “desde el Evangelio” denuncian la actuación del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol en relación con el desalojo de 400 migrantes de un antiguo instituto de la ciudad, ejecutado mientras presumía de que no les prestará ningún tipo de asistencia. “Denunciamos con claridad la actuación del alcalde de Badalona y de las instituciones que, amparándose en la ley, han abandonado deliberadamente a los pobres”, comienzan. Y acaban afirmando: “Ninguna ciudad es justa si deja gente en la calle”.

“No se puede invocar el orden mientras se destruye la vida. No se puede hablar de seguridad cuando se fabrica exclusión. No se puede gobernar fomentando el miedo y señalando al extranjero como problema”, dicen. Y arremeten también contra los vecinos que se han manifestado ante la parroquia de Montserrat rechazando la idea de que les acogiera. “Ese rechazo organizado, cargado de racismo y xenofobia, no es una opinión, se una negación de la dignidad humana”.

“Jesús no se identifica con el poder que desaloja, sino con el pobre desalojado. No camina con el que criminaliza la pobreza, sino con quien la sufre”, escriben y acaban proclamando que “ninguna ciudad es justa si deja gente en la calle”. “Ninguna política es legítima si humilla, y ninguna sociedad es cristiana si normaliza el odio. La Ley sin compasión es violencia. El orden sin justicia es mentira”, insisten.

La carta la firman más de cincuenta párrocos y 50 asociaciones y fundaciones vinculadas a la Iglesia. Miembros de diócesis de toda España, como la de Santiago de Compostela, Jaén, Ourense, Madrid, Bilbao o León, han participado en el escrito, que también firma Peio Sánchez, rector de la parroquia de Santa Anna de Barcelona, que tiene un hospital y ofrece comida a los más vulnerables. Hasta una diócesis de La Ceiba, en Honduras, se ha sumado a la carta. Entre las entidades que reprueban a Albiol figuran la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Revuelta de mujeres en la iglesia de Madrid, la Asociación de San Francisco de Asís, la Comunidad Universitaria Santo Tomás de Aquino o el Consejo General Apostólicas del Corazón de Jesús.

Mientras, en el plano político, el eurodiputado de Comuns Jaume Asens ha presentado una denuncia penal ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía contra el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, por cuatro posibles delitos relacionados con el macrodesalojo del antiguo instituto B9. La denuncia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, sostiene que Albiol ha podido cometer hasta cuatro delitos: denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y delito de prevaricación administrativa.

Por su parte, la consejera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha explicado este miércoles que 120 personas vulnerables desalojadas han sido reubicadas en algún tipo de equipamiento para evitar que duerman bajo el puente de la autovía. En declaraciones a SER Catalunya, Martínez Bravo ha señalado que a todas las 180 personas que fueron desalojadas e identificadas como vulnerables se les ha ofrecido “un recurso de emergencia” para evitar que duerman al raso. Pero no todas han aceptado.

“¿Cómo es que la tercera ciudad del país no dispone de recursos para hacer frente a una emergencia como esta?“, se ha preguntado. La consejera ha destacado la “alianza” de entidades sociales con la Generalitat para “ofrecer un recurso puntual para estas personas” y ha denunciado la “inacción” del Ayuntamiento de Badalona y de su alcalde. “Todas las administraciones hemos de contribuir, no puede ser que haya administraciones que no cumplan sus obligaciones competenciales”, ha recalcado. Martínez Bravo ha puesto en valor el “trabajo con bisturí” realizado” con discreción" por las entidades y los servicios sociales, para intentar reubicar a las personas vulnerables que fueron desalojadas, muchas de ellas refugiadas debajo de un puente de la C-31, donde hay un asentamiento con tiendas de campaña.

En su escrito a Fiscalía, Asens señala que la resolución judicial que autorizó el desalojo condicionaba el mismo a que se “garantizara una alternativa habitacional a las personas afectadas conforme al protocolo municipal de las personas sin techo”, de forma que lo primero quedaba “expresamente condicionado” a lo segundo. Pese a ello, Albiol ha dicho en reiteradas ocasiones que el consistorio “no iba a ofrecer alojamiento ni recursos habitacionales” y, así, “persistió en una actuación contraria al mandato judicial”. Asens denuncia también la “tolerancia institucional” del Ayuntamiento de Badalona con los “episodios de bloqueo y presión vecinal” que impidió que los migrantes desalojados pudieran dormir en los recursos habilitados por entidades sociales como Cáritas y Cruz Roja.

“El Ayuntamiento de Badalona había procedido al cierre del principal recurso municipal de acogida de emergencia, el antiguo albergue de Can Bofí Vell, dejando a la ciudad sin un dispositivo público básico de alojamiento de urgencia”. Según consta en el escrito, esa medida agravó de manera decisiva la falta de respuesta institucional y la desprotección de los desalojados.

Asens denuncia que, el 21 de diciembre, un numeroso grupo de personas “bloqueó y hostigó” el acceso a una parroquia de la ciudad “con el fin de impedir que varios desalojados pudieran recibir una acogida temporal”. Albiol, en posteriores encuentros con los vecinos contrarios al realojo, reiteró que no iba a facilitar alojamiento a estas personas. La denuncia expresa que se escucharon expresiones de carácter xenófobo y estigmatizador que “no fueron objeto de una desautorización clara e inmediata” por parte del alcalde. Entre ellas, una vecina que incitaba a “quemar” a los desalojados.

Una frase pronunciada por Albiol que recoge el eurodiputado en su denuncia es: “Dejadme margen, coño, para intentar resolverlo. Si no, haced lo que consideréis”. Según Asens, esta expresión puede ser “razonablemente interpretada como una tolerancia implícita de la intimidación colectiva o del uso de la fuerza”.

El último punto de la exposición de los hechos asegura que varios medios de comunicación grabaron esa reunión con los vecinos, por lo que probaría “el clima de exaltación existente, constituyendo material probatorio relevante para la valoración de los hechos”.