Los migrantes del instituto B9 de Badalona piden al Tribunal de Estrasburgo que frene su desalojo

Las abogadas de los migrantes que viven en el antiguo instituto B9 de Badalona han jugado una última baza para evitar que el Ayuntamiento les expulse: han elevado este miércoles al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una petición de medida provisional urgente para frenar el desalojo. Un juzgado de Barcelona autorizó la semana pasada al consistorio, liderado por Xavier Garcia Albiol, a entrar en las instalaciones y expulsar a las casi 400 personas que viven allí desde hace dos años y medio. La jueza dio un máximo de 15 días para ejecutar el lanzamiento, que se efectuará previsiblemente en los próximos días.

El texto presentado ante el TEDH pide al tribunal que decrete la suspensión del desalojo “hasta la decisión definitiva sobre la existencia de violación” de diferentes aspectos del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y del Protocolo nº 4 al Convenio por parte del Ayuntamiento de Badalona, como los relativos “al derecho a la vida y a no ser sometido a tratos inhumanos y degradantes”. Entre otras, las abogadas también recogen “violaciones del derecho a la vida privada y familiar”, así como del derecho “a no sufrir discriminación, en relación con las declaraciones con sesgo racista” que observan en el alcalde de Badalona.

El escrito también solicita al TEDH que “condicione” la ejecución del desalojo del antiguo instituto B9 “a la adopción de medidas efectivas de realojo” para las personas que viven en él “de forma previa” a su expulsión. En un comunicado, el equipo jurídico advierte de que, si se hace efectivo el desalojo en los plazos actuales, “se ocasionaría un daño irreparable e inminente a las personas afectadas”, lo que “limitaría” los efectos de una “futura demanda contra el Estado español” ante instancias judiciales europeas.

El Ayuntamiento ha admitido que no puede dar una alternativa habitacional a los ocupantes, la inmensa mayoría de ellos migrantes de origen subsahariano. Solo dará un techo, de forma muy provisional, a una treintena de casos de personas especialmente vulnerables, según explicó Albiol a este diario. De los 400 ocupantes, un total de 166 están en seguimiento de servicios sociales, que sin embargo ya han admitido a la jueza que no tienen capacidad para ofrecer una solución habitacional.