Casi 2.000 personas duermen en las calles de Barcelona, un 43% más que en 2023

La Fundación Arrels, con el apoyo de más de 600 voluntarios, salió en la noche del 3 de diciembre para contar cuántas personas duermen en las calles de Barcelona. Repartidos por todos los distintos barrios y distritos, los equipos realizaron un recuento visual, sin encuestas ni entrevistas, y localizaron a 1.982 personas en esta situación, un 43% más que en el último censo elaborado por la misma entidad en 2023. El balance, presentado este miércoles, no incluye las plazas de los centros de acogida —las 100 camas de la campaña de invierno activadas el 2 de diciembre—, ni a las 63 personas que viven en el aeropuerto de El Prat, ni a quienes residen en asentamientos. “Es una cifra mínima, porque son únicamente las personas que nuestros voluntarios pudieron ver”, ha explicado la directora de Arrels, Beatriz Fernández.

El recuento muestra un aumento de personas sin hogar en todos los distritos de la ciudad y por primera vez, Ciutat Vella dejó de ser el distrito con más personas durmiendo en la calle. El crecimiento ha sido especialmente significativo en Sants-Montjuïc, que incluye el entorno de la Zona Franca, con un incremento superior al 50% y en Sant Martí, donde el aumento se acerca al 70%. El informe también señala una mayor presencia de elementos que ya se venían detectando en años anteriores, como la masiva presencia de tiendas de campaña y grupos de personas, que conviven juntas en el espacio público.

Según la fundación, estas dinámicas, aunque no analizadas desde una perspectiva cualitativa, apuntan a un sinhogarismo cada vez más heterogéneo, marcado por diferencias de nacionalidad, edad o situación laboral, y evidencian “la necesidad de un enfoque transversal del problema por parte de las administraciones públicas”. “Hablamos de una situación que requiere coordinación interadministrativa e interdepartamental a nivel autonómico. No puede abordarse solo como una emergencia puntual. Hace falta disponer de recursos estables que no estén sujetos a una temporalidad corta y definida”, ha subrayado Fernández.

Tras la presentación del informe, los grupos parlamentarios de Junts per Barcelona y Barcelona en Comú han convocado un pleno extraordinario para “abordar la gestión del sinhogarismo del gobierno municipal”. La propuesta de los grupos municipales, que cuentan con los votos necesarios para obligar al alcalde, Jaume Collboni, a convocar el pleno, reclama que se debata, entre otras medidas, un plan de acción contra el sinhogarismo dotado con 60 millones de euros. Entre las actuaciones previstas figuran la creación de un centro de baja exigencia y el refuerzo de programas como el Housing First.

El análisis de la entidad coincide con las conclusiones del reciente informe del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat, encargado a un grupo de expertos y publicado la semana pasada. Aunque la naturaleza de los datos es distinta (uno basado en un recuento y el otro en cifras del INE sobre personas que acuden a los servicios sociales), tanto la Administración pública como la entidad coinciden en la necesidad de un plan de actuación transversal que vaya más allá de los servicios sociales.

Por ello, Arrels también advierte de las dificultades de acceso a los servicios sociales, que describen como “saturados”. “Si lo abordamos únicamente como un problema de servicios sociales, dejamos de entender que se trata de una coordinación entre diferentes ámbitos, como salud, extranjería o vivienda”, añadió la directora. Entre los factores que explican el aumento del sinhogarismo, la entidad destaca el precio de la vivienda, el difícil acceso al empadronamiento y la precariedad laboral, que limita la disponibilidad de empleos estables y con recursos suficientes.

El recuento de la Fundació Arrels se realizó en distintas franjas horarias para captar las varias dinámicas de las personas que pasan la noche en la calle. “Han participado más personas de las previstas, no solo por la cifra, sino por la implicación que han demostrado”, ha destacado la fundación. El estudio no incluye un análisis de los asentamientos —espacios con barreras físicas que impiden el acceso— ni del aeropuerto de El Prat, aunque la entidad recuerda que allí viven unas 63 personas. En las últimas semanas, la presencia de personas sin hogar en las terminales ha vuelto a ser noticia después de que el aeropuerto restringiera la entrada a quienes no cuenten con la tarjeta de embarque.