La auditoría sobre el descontrol de la DGAIA detecta “importantes disfunciones” en el pago de ayudas a  extutelados

La auditoría externa encargada por el Departamento de Derechos Sociales del Govern catalán, a raíz de la crisis de pagos indebidos en la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), ha detectado “importantes disfunciones” y “procedimientos ineficaces” en el seguimiento de las prestaciones económicas y de vivienda para jóvenes extutelados. El documento, de 22 páginas y al que ha tenido acceso la SER Catalunya, descarta el fraude, pero muestra que antes de que el servicio se externalizara en 2022, la DGAIA estuvo otorgando ayudas a los extutelados sin realizar ningún seguimiento posterior.

A partir de septiembre de 2022, la gestión recayó en dos fundaciones contratadas —una UTE entre Resilis y Mercè Fontanilles— y sus educadores comenzaron a detectar muchos casos de pagos indebidos, que se detuvieron sin calcular el perjuicio retroactivo y sin verificar por vías oficiales lo que otros adolescentes explicaban a los trabajadores sociales. Esto, en 50 casos de muestra revisados por los auditores, supuso que la Generalitat pagara casi 170.000 euros de más en solo dos años.

El informe auditor analiza la práctica administrativa de estas ayudas entre 2022 y 2024 en la demarcación de Girona —donde se originó la denuncia de irregularidades— y concluye que en 29 de los 32 expedientes iniciados por la DGAIA antes de externalizar el servicio “no constan actuaciones de seguimiento y verificación que exige la normativa”. También señala que 16 de esos beneficiarios no deberían estar percibiendo la ayuda porque ya tenían trabajo con un sueldo superior al IRSC (el indicador de renta de suficiencia de Catalunya).

Existen dos ayudas destinadas a jóvenes que han sido tutelados por la Generalitat: por un lado, una prestación económica que equivale al IRSC (755 euros) y, por otro, ayudas vinculadas a la vivienda. Tienen tres requisitos: no tener ingresos o que no superen el IRSC en un 1,5%, haber sido tutelado por la DGAIA el último año y suscribir un plan de trabajo pactado y revisado por los educadores sociales para conseguir empleo, formarse o mejorar hábitos sociales con el fin de emanciparse.

Ahora, con la transformación de la DGAIA en la nueva DGPPIA, a partir de este 1 de noviembre, será la Dirección General de Prestaciones Sociales quien se encargará de dirigir la gestión de las prestaciones sociales de las personas jóvenes extuteladas, tal y como anunció la consellera Mònica Martínez Bravo en el Parlament de Catalunya y destacan desde Derechos Sociales.

El informe constata que no se comprobaba la información

Según la auditoría, entregada hace semanas al Departamento, los educadores del Servicio de Valoración y Seguimiento de las Personas Jóvenes Extuteladas (SEVAP), gestionado por las fundaciones Resilis y Mercè Fontanilles y creado en 2022, mejoraron la supervisión de estos jóvenes, cumpliendo con revisiones semestrales e incluso con llamadas casi diarias. Aun así, la auditoría concluye que “los procedimientos han resultado ineficaces porque se han basado, generalmente, en la información obtenida de la entrevista con la persona beneficiaria y, con excepciones, no consta que se comprobara” con datos como la vida laboral, a la cual la DGAIA sí tiene acceso pero los educadores no.

“Los educadores han pecado de creerse a estos jóvenes”, explican a la SER trabajadores del Departamento. Por ejemplo, algunos usuarios decían a sus referentes que habían trabajado un día en ferias, ingresando poco dinero. Después, cuando la auditoría lo ha comprobado con los informes de vida laboral y los contratos, se ha visto que ese joven tenía un trabajo con un sueldo incompatible con la prestación de la Generalitat.

Las consecuencias económicas no son menores

Solo en la muestra analizada, la auditoría detecta pagos indebidos por valor de 167.933 euros en prestaciones durante 2023 y 2024. El informe destaca el caso de siete jóvenes que percibieron 68.819 euros que no les correspondían, ya que durante ese período estaban trabajando. En cuanto a los pisos tutelados, la auditoría externa ha identificado incidencias por valor de casi 42.000 euros en dos años.

El informe externo propone cinco recomendaciones al Departamento que incluyen: fijar unos mínimos obligatorios de seguimiento, “establecer procedimientos ágiles y eficaces para contrastar la información obtenida por el SEVAP con información de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el padrón de habitantes”, o incorporar el reintegro retroactivo de los pagos indebidos.

Una “elevada carga de trabajo” de los educadores

El informe dibuja un sistema tensionado por la elevada carga de trabajo y la falta de instrumentos de verificación, que durante años ha confiado en la declaración de los jóvenes sin comprobarla. También resalta la profesionalidad de los educadores y su labor a la hora de hacer un seguimiento de los jóvenes en un contexto complicado. Consultados por SER Catalunya, los trabajadores del SEVAP lamentan que, de media, llevan 70 casos anuales, que en algunos casos superan los 100.

La auditoría concluye que la situación “no ha garantizado el cumplimiento de la normativa”, ha generado pérdidas económicas para la Administración y ha dejado sin control prestaciones sociales destinadas a un colectivo especialmente vulnerable. Del informe se desprende, sin embargo, que no ha habido fraude, ni enriquecimiento por parte de las fundaciones, ni responsabilidades penales, aunque tampoco se recoge explícitamente. El informe apunta a un “desajuste normativo”, a problemas “operativos” y a carencias en los “sistemas de control” existentes.