El Govern fija para 2028 el derribo de Venus, el principal edificio de la Mina

El plan de transformación urbanística del año 2000 preveía – a principios de siglo- el derribo del bloque Venus en el barrio de la Mina, en Sant Adrià del Besòs. 25 años después, no se ha producido. Ahora, el Gobierno que preside Salvador Illa anuncia de nuevo su intención de acabar con Venus. En uno de los barrios más humildes y conflictivos de Cataluña, se considera este edificio -con 244 viviendas de protección oficial y 15 locales distribuidos en seis escaleras- un claro ejemplo de lo que se conoce como “barraquismo vertical”. Hace 25 años se encargó al Consorcio de la Mina -integrado por la Generalitat, la Diputación de Barcelona y los ayuntamientos de Sant Adrià y Barcelona- realojar a los vecinos de este edificio y derribar este mastodonte de la construcción franquista. Ninguna administración ha conseguido el objetivo. Venus sigue viviendo en una eterna provisionalidad degradando -si todavía se podía más- el espacio.

El presidente de la Generalitat ha anunciado este miércoles un nuevo plan de transformación de la Mina para el que se destinará una partida de 113 millones de euros. El plan pretende transformar al barrio desde 2025 hasta 2030. La consejera de derechos Sociales, Mónica Martínez, ha asegurado que si el gobierno de la Generalitat no aprueba las cuentas del próximo año se realizará una ampliación de crédito para conseguir la financiación. Casi la mitad de la partida presupuestaria destinada al barrio, 53 millones de euros, estarán destinadas al edificio Venus.

Salvador Illa ha defendido: “Este barrio es un barrio como todos los barrios de Cataluña con ley y convivencia”. El presidente de la Generalitat ha reivindicado conceptos como “orden, inversión, esperanza, ilusión y oportunidad” para destacar los valores de la Mina y ha recordado al president, Jordi Pujol, y la necesidad de que la inmigración también haga Cataluña suya.

El desalojo de Venus no acaba nunca de llegar. De hecho, a principios de este 2025 se llegó a anunciar que hasta que no se construyera un nuevo edificio no se desalojaría. Este miércoles, el gobierno de la Generalitat ha prometido que ese derribo se realizará en 2028 cambiando, por completo, la estrategia. Ya no se construirá un edificio para los vecinos, sino que se comprarán pisos en el barrio para ir realojando a las familias una a una.

Hay 26 familias y siete locales que ya han recibido una indemnización por sus propiedades, renunciando a ser reinstaladas en otro piso. Otras 36 familias más están en proceso de acogerse a esta indemnización. Hay 12 familias que viven realojadas en pisos del Consorcio de la Mina y otras cinco que lo hará en los próximos meses. Además, el consorcio ha comprado 40 pisos en el mercado de segunda mano y hay 15 compraventas a las que les falta la firma ante notario y 26 más que se están tramitando. La Generalitat asegura que se seguirán comprando pisos para realojar lo más rápido posible. El tetris que el gobierno de Salvador Illa pretende solucionar, en menos de dos años, implica un plan de expropiaciones que afecta a 244 viviendas de protección oficial y 15 locales distribuidos en seis escaleras. 179 de estas viviendas son de propiedad privada, 33 pertenecen al Consorcio de la Mina y 32 al Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs.

El plan de transformación del barrio no acaba aquí. Se prevé la construcción de un edificio de 66 viviendas de protección oficial, una residencia de la tercera edad, una guardería y un Centro Internacional de Luchas Olímpicas. Para todo, se requiere que las administraciones implicadas dupliquen su aportación en el presupuesto del Consorcio de la Mina. El Centro Internacional de Luchas Olímpicas es uno de los proyectos que ha despertado mayor expectación. Se trata de un centro de referencia mundial donde se reivindica el papel del deporte en la integración social y la regeneración urbana para el que se detinará 6,6 millones de euros.

Para la guardería, con plazas para un centenar de niños, hay un presupuesto de 5,93 millones y para la residencia de ancianos, con 60 plazas, hay un presupuesto destinado de 12 millones de euros. Además, se prevé la construcción de 356 viviendas sociales, la remodelación integral del casal cívico. El gobierno de Salvador Illa mantiene el proyecto de instalar la futura sede del departamento de Derechos Sociales en el barrio.

La alcaldesa de Sant Adrià del Besós, Filo Cañete, ha presentado el proyecto y ha concluido: “ Hoy es uno de los días en que queda claro para qué me dedico a la política. Para mejorar el día a día de mis vecinos, de la ciudad y de los barrios con potencial como la Mina. La Mina puede convertirse en uno de los puntos más importantes del área metropolitana”.