Interior cesa al jefe de la Policía Nacional en Lleida tras conocerse que fue condenado por acoso sexual

El Ministerio del Interior ha decidio cesar al recién nombrado máximo responsable de la Policía Nacional en Lleida, el comisario Antonio José Royo Subías, tras conocerse que fue condenado en junio de 2003 por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa por acosar a una subordinada para que mantuviera relaciones sexuales con él a cambio de beneficios laborales y por propinarle “un manotazo en el glúteo”, ha confirmado EL PAÍS en fuentes de departamento de Fernando Grande-Marlaska. La destitución se oficializará este martes. Royo, de 63 años y que tomó posesión de su cargo el pasado 9 de diciembre, fue considerado por aquellos hechos autor de un delito de acoso sexual agravado por hacer prevalecer superioridad, por lo que fue condenado a una multa de 1.080 euros y a indemnizar a la víctima con 3.000 euros. La sentencia no incluyó ninguna pena accesoria de inhabilitación (se incorporó a este delito en una reforma del Código Penal de 2022), por lo que el agente continuó en la policía y ascendió a comisario en 2017.

La sentencia de la Audiencia de Gipuzkoa ―que fue confirmada un año después por el Tribunal Supremo― consideró probado que el mando policial, que entonces era inspector jefe en un grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP, los conocidos coloquialmente como antidisturbios) con sede en San Sebastián, comenzó a acosar, en marzo de 1999, a una agente a los dos días de incorporarse esta al grupo. Según el fallo, el mando le requería “que mantuviera relaciones sexuales con el mismo, para ello indicaba a la misma que su incorporación al grupo había sido con su intervención y que si accedía a sus pretensiones se encargaría de que obtuviera dietas por salidas a otras ciudades, más días de descanso, permisos, facilidades para ascender y en caso contrario le señalaba que se convertiría en su enemiga, con lo que ellos suponían en la relación jefe-subordinada, de adscripción a peores servicios, etc.”.

La sentencia recalcaba que el entonces inspector jefe, “tanto a solas como en compañía de terceras personas, efectuaba comentarios de carácter vejatorio en relación a la anatomía de la misma y su menstruación”. “Te quedan un par de días para la regla”, le llegó a espetar. Según los magistrados, todo ello afectó a las relaciones de la mujer con el resto de miembros de su unidad. En el fallo se detalla que en el transcurso de una comida celebrada en Pamplona en la que participaban miembros del grupo policial, el mando “propinó un manotazo en los glúteos” a la víctima, que terminó sufriendo “un trastorno adaptativo con ansiedad crónico”, entre otras dolencias, que requirió de tratamiento farmacológico y psicoterapia.

La polémica por el nombramiento ha llegado al Senado y al Congreso. En la Cámara alta, el grupo Izquierdas por la Independencia (formado por ERC y EH Bildu) preguntará este martes en la sesión del control del Gobierno a Grande-Marlaska “cómo justifica” el nombramiento de un alto mando condenado por acoso sexual para dirigir la Policía Nacional en Lleida. En el Congreso, Sumar, que forma parte del Gobierno, ha registrado una pregunta por escrito para que Interior explique qué medidas tomará el Gobierno “para asegurarse de que no se recompense con puesto de mando a personas condenadas por acoso sexual en el seno de las Fuerzas de Seguridad”.

No es la primera vez que el nombramiento del comisario Royo Subías para un puesto de responsabilidad se ve rodeado de polémica. En la etapa de Juan Ignacio Zoido al frente de Interior, en la última etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, este mando fue nombrado Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Aragón, de la que dependía, entre otros grupos, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), especializada en la lucha contra violencia de género, doméstica y sexual. Entonces, al conocerse sus antecedentes penales, Royo fue destituido por Grande-Marlaska y trasladado a otro puesto en la misma comunidad autónoma, según transcendió entonces. Más adelante, en 2021, el comisario consiguió un puesto en una Embajada de España en el extranjero, uno de los destinos más deseados dentro de la Policía Nacional por su elevada retribución económica. En concreto, fue a la de Argelia. Aquel nombramiento provocó entonces críticas de los sindicatos policiales.