Junts quiere endurecer para los migrantes el acceso a los pisos de protección oficial

Junts per Catalunya pretende endurecer los requisitos para que las personas migrantes puedan lograr un piso de protección oficial en Cataluña. La formación que lidera Carles Puigdemont propone aumentar hasta los diez años de residencia el plazo para que una persona extranjera tenga derecho a inscribirse en la bolsa de vivienda pública. El partido lo quiere oficializar en el Parlament a través de una propuesta que defenderá en el debate de política general que arranca este martes. Ahora, la ley de derecho a la vivienda, aprobada en 2007 por el Govern tripartito que comandaba José Montilla, deja en manos de los ayuntamientos fijar el plazo mínimo, pero impone un tope máximo que impide exigir más de tres años de residencia. “Es lógico que tengan prioridad para un recurso público tan escaso los vecinos que hace tiempo que viven en un municipio y que, por lo tanto, también hace años que contribuyen con sus impuestos a sostener un servicio público como este”, ha justificado la portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales.

Junts mueve ficha para no quedar fuera de la foto. El acceso a la vivienda, según la encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (el CIS catalán), se ha convertido en la primera preocupación para todas las franjas de edad de catalanes, excepto para aquellos que tienen más de 64 años. Tras prometer la incorporación de 50.000 pisos de alquiler social en cuatro años tan pronto como accedió hace un año a la presidencia de la Generalitat, el Govern de Salvador Illa tiene previsto avanzar nuevas medidas en materia de vivienda durante este debate de política general.

Sin apenas ventanas de poder más allá de la Diputación de Girona y con dificultades para justificar, con logros y contrapartidas, su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, la estrategia del partido de Puigdemont es divulgar un fajo de propuestas que aporten algo de luz a la problemática de la vivienda, a la vez que sirva para marcar posición frente al auge de la extrema derecha independentista que encarna Aliança Catalana.

No es nuevo el flirteo de Junts con el endurecimiento para los migrantes de los requisitos de acceso a la vivienda pública. Hace meses el alcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Josep Maria Vallès, manifestó la necesidad de tomar cartas en el asunto: “Impedir que nuestros jóvenes tengan que marcharse fuera para optar a un piso público”, argumentó el edil, en un vídeo donde aparecía al lado de Carles Puigdemont, presidente de la formación. Sant Cugat figura en los primeros puestos de la clasificación de municipios con renta más alta y su alcalde es una figura de peso en la esfera municipal de Junts.

En Cataluña, la Ley del Derecho a la Vivienda establece que para inscribirse en el registro de solicitantes de vivienda pública se pueden exigir hasta tres años de empadronamiento. A partir de este requisito de acceso en la bolsa de solicitantes, cada municipio puede fijar sus condiciones, que incluso pueden ser distintas en función de la tipología de vivienda pública que se sortea. En Barcelona, el reglamento no fija una antigüedad mínima de empadronamiento, aunque la mayoría de convocatorias piden un año, con la excepción de las viviendas en derecho de superficie (habitables por 75 años) cuando la antigüedad que el consistorio ha pedido ha llegado a ser de tres y cinco años.

El portavoz del Sindicato de Inquilinas, Enric Aragonès, ha valorado, sobre la propuesta de Junts, que “no se puede convertir un derecho básico en una competición” y que, en cualquier caso “lo que no sobran son inmigrantes, sino rentistas y políticas que les hacen el trabajo sucio”. El observatorio Desca, en un comunicado ha tachado la propuesta de Junts de “irresponsable” y ha acusado al partido de Carles Puigdemont de “hacer el juego a la extrema derecha después de haber estado en el Gobierno sin invertir más recursos en vivienda protegida y negándose a regular el alquiler de temporada”. “Llamamos a las entidades antirracistas y por el derecho a la vivienda a denunciar cualquier iniciativa municipal que vaya en el mismo sentido”, ha añadido.

Hay encuestas que vaticinan un salto en el Parlament de 2 a 19 diputados para Aliança, el partido que comanda Sílvia Orriols, y la escalada es a costa de Junts. La formación posconvergente arma el contraataque amplificando la idea que hay un colapso de solicitudes, no solo en materia de vivienda accesible, sino también en la sanidad y en la educación pública.

También durante el debate de política general, Junts planteará una propuesta de resolución en el Parlament para exigir conocimientos de catalán a las personas migrantes que quieran regularizar su situación y para que los profesionales sanitarios acrediten un nivel intermedio de lengua catalana cuando ejerzan en Cataluña. “En un momento en que la lengua vive una situación de vulnerabilidad, tiene que haber una implicación de todo el mundo y, también, de aquellos que vienen a nuestra casa”, ha opinado Sales.

Comuns, contra la especulación

En un Debate donde la relación entre el Govern y sus socios de investidura estará bajo la lupa de cara a la negociación de los Presupuestos autonómicos, Comuns reclamará prohibir las “compras especulativas” y aplicar el régimen sancionador de la ley de contención de rentas, entre otras medidas, en la carpeta de vivienda.

En el ámbito de Salud, la formación de Jéssica Albiach reclamará incrementar el personal sanitario para garantizar que las visitas presenciales en la atención primaria no superen las 48 horas de espera (como se comprometió Illa) y reducir las listas de espera; y desplegar en 2026 ayudas económicas en función de renta para las coberturas de oftalmología y las audiometrías para toda la población (y no solo los colectivos de más edad, como establecía el acuerdo de investidura)