Cataluña invertirá 75 millones para proteger las urbanizaciones contra el fuego

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este miércoles la inversión de 75 millones de euros entre 2026 y 2030 para financiar franjas de protección antiincendios alrededor de urbanizaciones y núcleos de población. El anuncio ha ocurrido durante su intervención en la reunión, en el Palau de la Generalitat, con los alcaldes de los municipios afectados por los incendios en les Terres de l’Ebre (Tarragona). “El cambio climático es una realidad innegable y debe gestionarse de forma integral”, ha advertido Illa durante el acto. La propuesta busca acelerar la apertura de perímetros de seguridad de al menos 25 metros de ancho de las zonas habitadas.

El proyecto, que aumentará de 1.5 millones a 15 millones las ayudas anuales de la Dirección General de Bosques y Gestión del Medio, busca acelerar una mayor seguridad de las zonas habitadas tras un verano marcado por incendios graves en toda España y con cerca de un millón de hectáreas arrasadas en la Unión Europea. En Cataluña, el verano “complicado” y “de los más exigentes” ha causado graves quemadas que desataron la muerte de tres personas: una en Pauls (Tarragona) y dos en Agramunt (Lleida). Al recordar, Illa también ha lamentado: “Han amenazado nuestros paisajes, nuestros negocios, nuestros hogares y nuestras vidas”. Al encuentro también han asistido la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y el consejero de Presidencia, Albert Dalmau.

Según datos del Govern, el 65% de la superficie catalana es masa forestal, donde 758 municipios están expuestos a un riesgo alto de incendio, de los cuales solo 414 disponen del plan de prevención. Dos décadas después de la ley de 2003, que obliga a garantizar franjas de protección, todavía falta por ejecutar lo que equivale a unas 15.000 hectáreas, la mitad de los municipios afectados.

La normativa impone que estos perímetros, libres de vegetación seca y con la masa arbórea despejada, sean responsabilidad de forma subsidiaria de los ayuntamientos. El jefe del ejecutivo ha defendido que la gestión forestal debe convertirse en una “prioridad” y ha sostenido la necesidad de reforzar la colaboración institucional y de contar con servidores públicos preparados. “Una vez más, cuando hay momentos complicados, los servidores públicos dan la cara y se evidencia la necesidad para afrontar los retos de un clima cada vez más extremo”, ha subrayado Illa.