Los parques naturales catalanes pueden quedarse casi sin personal a partir de otoño

Los Parques Naturales de Cataluña podrían quedarse sin apenas gestión a partir de este otoño. Sus trabajadores alertan de que, si la Generalitat no encuentra una solución “urgente y contundente”, entre un 50% y un 80% de sus técnicos quedarán en la calle el 1 de noviembre. En esta fecha es cuando finaliza el programa temporal para el despliegue de los instrumentos de la gestión de la Red Natura 2000 (2022-2025), que se puso en marcha hace tres años y que da cobertura a 38 puestos de trabajo esenciales. En algunos casos, técnicos que llevan dos décadas en sus puestos pueden quedarse sin trabajo. En otros como en el Parque Natural (PN) de las Capçaleres del Ter i el Freser, quedará solo el director. En un manifiesto firmado por más de doscientos profesionales, estos alertan de que la finalización de este programa tendrá consecuencias devastadoras. Este viernes, con unos ánimos muy caldeados y profundo malestar, los trabajadores se reunirán en asamblea para decir las medidas a tomar.

La salida de estos 38 trabajadores, técnicos y administrativos, que a pesar de estar contratados como refuerzo mediante el programa temporal asumían funciones estructurales, dejará situaciones que dificultarán o impedirán la gestión del parque. Algunos podrían tener que “cerrar”, explican. La superficie total que gestionan los espacios de la Red Natura 2000 supera las 957.000 hectáreas terrestres. El Parque Natural del Alt Pirineu, con unas 79.500 hectáreas, el espacio protegido más extenso de Cataluña, cuenta en la actualidad con once trabajadores y en otoño quedarán siete, uno por cada 11.300 hectáreas. El parque del Montgrí, Illes Medes y Baix Ter perderá el 83,3% de sus técnicos, algunos que, sumando contratos programa, llevan más de veinte años en sus puestos. De la docena de parques afectados, la mitad están en la provincia de Girona, donde todos, como el de Cap de Creus, perderán empleados. También afecta al parque del Delta del Ebro, o al del Cadí.

En un manifiesto firmado por más de doscientos profesionales, se alerta de las consecuencias de esta situación y se reclaman “soluciones excepcionales e inmediatas” para cubrir las carencias estructurales de personal. También pide el desarrollo urgente de la aprobada Ley 7/2020, de la Agencia de la Naturaleza de Cataluña (ANACAT), de 7 de junio de 2020, inspirada en modelos europeos –que sigue sin avanzar por falta de consenso con el mundo rural-, la regularización de niveles y categorías laborales, y dotación de brigadas fijas propias.

Por su parte el Departamento de Territorio insiste en que las plazas que desaparecerán forman parte de un programa de refuerzo temporal para la realización de actuaciones en espacios de la Red Natura 2000. Por tanto, sostienen, “no son plazas estructurales de los parques” y se volverá a la situación anterior al programa temporal. Los trabajadores de los parques naturales niegan que sea así, ya que aseguran que no hacen trabajos “de refuerzo”, sino que son labores “estructurales, que deben hacerse a toda costa”.

Destacan que “hay una valoración que se hizo de la plantilla hace unos diez años, en la que se decía que faltaban unos cien trabajadores en los parques naturales”. Aunque se ocuparon 30 plazas con el programa de refuerzo, ahora se volvería a la situación de 10 años atrás, con más visitantes, una situación ambiental peor y mayores exigencias burocráticas, por lo que la situación sería mucho más precaria de lo que ya era. “Se necesita más gente, no echar a los que hay”, reivindican.

El Govern mantiene que “este programa va mucho más allá de la contratación de personas. Por eso desde la Generalitat se trabaja para garantizar el buen funcionamiento de los parques y las tareas de preservación de la biodiversidad”. Sin embargo, afirman: “Es un tema que tenemos sobre la mesa, tenemos todavía unos meses para trabajar, y trabajamos para concretar una solución óptima para todos”.

Los parques naturales tienen diferentes áreas de funcionamiento, la económica y de administración, la de conservación, uso público o la de educación ambiental y comunicación. Los trabajadores alertan de que todas las áreas perderán técnicos y se verán afectadas, lo que generará un impacto laboral, social y ambiental muy grave. También que la carga de trabajo de los empleados que queden aumentará, y con ella la precariedad de su trabajo. Todo ello, afirman, redundará en una afectación a la gestión forestal, la flora y la fauna: no podrán llevarse a cabo seguimientos de especies amenazadas, se perderán subvenciones para empresas del territorio, y servicios básicos en zonas frecuentadas por el turismo.