Las autonomías y el pacto de Estado

Los terribles incendios que en estos últimos días están quemando zonas enteras de España ponen de manifiesto hasta qué punto la emergencia climática es la gran cuestión de nuestro tiempo. No sólo o no tanto porque ahora amenaza directamente a los nuestros (¿quién no ha tenido en estos días conversaciones con amigos o familiares para cerciorarse de que están bien?), sino porque de una manera o de otra cualquier política sectorial está conectada con ella. La economía por supuesto, pero también la salud, la política internacional, el urbanismo, la agricultura o la innovación tecnológica. Todos estos ámbitos están influenciados por la emergencia climática y todos ellos influyen en ella. Es la cuestión transversal por antonomasia de la agenda política actual. O debería serlo.

Por eso el Gobierno de Pedro Sánchez —quizá tarde, pero acertadamente— ha planteado a las otras fuerzas políticas un pacto de Estado sobre esta materia. Como ya hace tiempo tiene acostumbrada a la sociedad española, el partido más importante de la oposición ha rechazado siquiera hablar del tema. El PP se encuentra en su particular encrucijada: comprar en todo o en parte los argumentos y la manera de proceder de la extrema derecha. Por convicción, o por miedo de que su electorado se le escape entre los dedos, seducido definitivamente por esa forma de impugnación destructiva y tóxica de la democracia que está triunfando en muchos sitios del mundo y que, precisamente tiene uno de sus pilares en la negación de la importancia del cambio climático.

Sin embargo, y más allá del laberinto particular del PP, de las prudencias de otras fuerzas (algunas de las cuales, como los Comunes o Compromís, han empezado a avanzar condiciones con respecto al contenido), o de las posturas electoralistas de unas cuantas más, la iniciativa del Gobierno es necesaria, pero incompleta. Muchas de las políticas más importantes vinculadas con el cambio climático son de competencia autonómica, como se ha visto de manera muy plástica y dramática en los últimos días. Por ello, por parte del Gobierno es correcto apelar a los partidos en las Cortes, pero insuficiente. Si se trata de un pacto de Estado, las autonomías deben tener centralidad, porque son, a todos los efectos, Estado, instituciones públicas que velan —o deberían velar—, por el bien común y que participan de manera sustancial a la gobernación.

Sería un gesto político de transcendencia, porque corresponsabilizaría en las grandes tomas de decisiones a aquellas instituciones que efectivamente tienen responsabilidades directas, dándoles la voz que merecen. A la vez, permitiría a los ciudadanos visualizarlas mejor como titulares de decisiones que les afectan, para que puedan ser fiscalizadas correctamente por la opinión pública, una de las cuestiones centrales de cualquier sistema que se quiera llamar democrático.