El Govern ultima la reducción de plazos para solicitar la Renta Garantizada y otros trámites ciudadanos

Acelerar los trámites para acceder a la Renta Garantizada, contratar a nuevos profesionales para reducir las miles de solicitudes pendientes o anticipar la detección de pagos indebidos. El Govern avanza en la reforma de la administración catalana con el objetivo de mejorar la atención ciudadana. En total, el Ejecutivo impulsa la transformación de más de 170 trámites y servicios, de los que 31 (10 de carácter ciudadano, 10 más dirigidos a empresas y 11 vinculados a la agricultura) son prioritarios. El Departamento de la Presidencia aspira a mejorar todos estos procedimientos en junio de 2026, en el marco del Programa Catgirem.

El pasado noviembre, en paralelo al inicio de los trabajos de la comisión de expertos que pilota la reforma de la Administración, el Gobierno ya activó un primer plan de choque para rediseñar los diez trámites digitales con mayor impacto en la ciudadanía. De estos, ocho ya han aplicado mejoras a partir de la automatización de algunas tareas y la contratación de nuevos profesionales. Las ayudas para la compra de vehículos eléctricos, el título de familia monoparental o numerosa, el reconocimiento de una discapacidad o la obtención de una pensión no contributiva son algunos procedimientos ciudadanos que ya cuentan con implementación mejorada.

Según datos de la Generalitat, los 10 trámites ciudadanos más habituales generaron el año pasado 657.600 solicitudes. El objetivo es acelerar las respuestas o facilitar el trámite, especialmente porque los usuarios que aspiran a determinadas ayudas económicas pueden tener dificultades para completar todo el proceso. Por ello, defienden fuentes de Presidencia, los trámites no solo deben ser digitales, sino “fáciles y amables”. La administración plantea la transformación de los tradicionales formularios en formato PDF (no permiten ser editados en un ordenador) a formularios web, además de otras mejoras sistémicas en algunos de los principales trámites.

Renta Garantizada de Ciudadanía. Con el fallo del sistema que destinó en octubre del 2024 erróneamente ayudas a 9.500 familias aún en la memoria, las mejoras pretenden resolver a corto plazo los 73.000 trámites pendientes de modificación acumulados, que tardan de media 207 días en solventarse. Para reducir la carga de trabajo, el Departamento contratará a entre 60 y 100 nuevos profesionales.

Pensión no contributiva de jubilación o invalidez. Uno de los objetivos es reducir el número de pagos indebidos. A través de un sistema de avisos de defunciones vinculado a Salud y al Registro Civil, la administración aspira a detectar en un mes el final de estas pensiones. Actualmente, se ha implementado esta pensión al sistema T-social para digitalizar la prestación y el Departamento aspira a reducir el tiempo medio de resolución de 108 días a 84.

Ayudas a renovables en autoconsumo y vehículos eléctricos. El Govern pretende reducir el plazo del pago de las subvenciones de 1,1 años a 6 meses durante este 2025. la administración se ha reforzado con 82 profesionales para acelerar la resolución de las ayudas y ha automatizado parte de la gestión administrativa.

Título de familia monoparental o numerosa. A través de una modificación legislativa del departamento de Derechos Sociales, la intención es alargar la vigencia de los títulos de forma automática siempre que se sigan cumpliendo los requisitos. De este modo se evitan visitas presenciales y carga administrativa. la media de tiempo de las resoluciones es de entre 20 y 30 días.

Reconocimiento de la situación de dependencia. A través de la implementación de un visor para acceder a los informes médicos del sistema sanitario, los ciudadanos ya no deben aportarlos. El objetivo es reducir el tiempo medio de las resoluciones de los 326 días a los 90. El Departamento tenía a principios de año 52.600 solicitudes pendientes de valorar.

Grado de discapacidad. La administración pretende extender el uso de formularios web automático, con el que aspira a reducir el tiempo medio de tramitación de 360 días a 120. A finales de año había 165.000 solicitudes pendientes.

Movilidad internacional de estudiantes. A partir de la aplicación de un sistema de revisión de documentación con Inteligencia Artificial, el Gobierno aspira a reducir (de 213 a 153 días) el tiempo de tramitación de la convocatoria. También prepara un rediseño de los trámites para reducir un 15% las consultas previas.

Homologación de estudios extranjeros. A principios de año había 16.000 solicitudes pendientes de tramitar, de las que ya se han resuelto 9.000 gracias a la contratación de nuevos profesionales y de la activación de credenciales electrónicas que evita visitas presenciales. Los pagos pueden realizarse también a través de Bizum.