El Supremo tumba el veto de Barcelona a bingos, casas de apuestas y casinos
El Ayuntamiento suspende las nuevas licencias de locales de juegos de azar mientras redacta una nueva normativa
El Tribunal Supremo ha anulado los principales artículos del plan urbanístico que Barcelona aprobó en 2021 que impedía abrir casas de apuestas, bingos o casinos, ha informado este viernes el Ayuntamiento. Para impedir que entren nuevas licencias, el Consistorio ha anunciado que suspende las licencias de nuevos locales de juegos de azar, mientras redacta una nueva regulación que dé cobertura a un veto con el que Barcelona fue pionera y buscaba proteger a la infancia y otros colectivos vulnerables. La suspensión tiene efectos inmediatos.
La norma aprobada en 2021, durante el segundo mandato de la ex alcaldesa Ada Colau impedía abrir nuevos bingos, casas de apuestas o casinos a través de un Plan Especial Urbanístico que también contemplaba el decrecimiento del sector: si cerraba un local de juegos de azar, no podía abrir otro. En comunidades autónomas como Valencia o Baleares hay normativas parecidas que frenan la proliferación de estos negocios.
La sentencia del Tribunal Supremo ha anulado parcialmente el Plan Especial. Concretamente ha tumbado los artículos que prohibían establecimientos de juego a menos de 800 metros de centros educativos y menos de 450 metros de otros espacios sensibles como centros sanitarios o equipamientos para jóvenes. El actual ejecutivo del alcalde Jaume Collboni ha asegurado que “comparte los objetivos del conjunto de las restricciones del Plan Especial que ahora han sido anuladas e introducirá las enmiendas necesarias para su desarrollo con todas las garantías legales”.
La sentencia del Tribunal Supremo determina, ha explicado el consistorio en un comunicado, que si bien el Ayuntamiento tiene plena legitimidad para regular urbanísticamente las condiciones de implantación de los establecimientos de juego, es necesario que estas regulaciones sean cuidadosamente justificadas, proporcionadas y respetuosas con los principios de libre mercado y libertad de establecimiento, así como con la normativa sectorial autonómica vigente.
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