Vivienda: cuestión de Estado

Pocos cuestionan la necesidad de intervención pública para posibilitar el acceso a una vivienda. Una necesidad perentoria ante las crecientes dificultades para encontrar una oferta digna, sea en alquiler o en propiedad.

El problema es pues evidente. Pero no lo es su solución. No hay una solución correcta e indiscutible, sino opciones distintas con efectos y prioridades diferentes, con dudas sobre su efectividad, sus consecuencias y sus costes, que se distribuyen de modo desigual entre los afectados. Por eso es un problema político. Por eso exige ponderar intereses, valorar disponibilidades y asumir opciones y riesgos. Desconfiemos pues de quien ofrece soluciones mágicas, pontifica sobre decisiones indiscutibles, descalifica las opciones de los otros como deshonestas, ilegítimas o interesadas; o niega que sus propuestas puedan tener consecuencias negativas.

Un problema político lo es, en primer lugar, porque exige valorar intereses diversos: sin duda, el del derecho a acceder a una vivienda; también los efectos del turismo; o las exigencias de protección de quienes invirtieron su ahorro en un inmueble; o la garantía de solvencia de los créditos; o los de otras finalidades de actuación pública a las que destinar recursos. Es necesario ponderar efectos, compensar actuaciones, redistribuir costes, y todas esas decisiones exigen priorizar en función de valores, opciones ideológicas y posiciones políticas.

Y lo es, en segundo lugar, porque los efectos y las consecuencias de las actuaciones propuestas no son matemáticas. Las instituciones no juegan al solitario, sino que intervienen sobre una realidad con otros actores, nacionales e internacionales, públicos y privados, con derechos y opciones propias: los propietarios deciden si ofertan o no sus viviendas, los bancos si arriesgan sus fondos, los promotores si construyen y los compradores o inquilinos con rentas altas si participan y hasta dónde. Y los medios de actuación de los poderes públicos no son ni infinitos ni omnipotentes; al contrario, los parques de vivienda pública son escasos; los recursos disponibles concurren con otras necesidades; y las obligaciones y sanciones no son fáciles de imponer. Es muy fácil calcular consecuencias sin errar, pero sólo cuando las propuestas se limitan al papel o al micrófono.

Por todas estas razones necesitamos políticas de vivienda, en plural y sin garantías de efectividad ni apriorismos innegociables. Políticas que atiendan a necesidades distintas y que apuesten por vías diversas de incidencia y las combinen. Políticas que consideren distintas alternativas, sin descalificar ninguna a priori: que incidan en los actores privados, facilitando suelo, financiación y condiciones favorables para construir, valorando imponer condiciones de precio y no discriminación, reduciendo o eliminando alternativas especulativas; o aportando préstamos y garantías a quien los necesita… Y también que impulsen la intervención pública directa con vivienda protegida y con ayudas suficientes en casos de falta de recursos. En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha una batería de medidas en estos dos años de mandato.

En los últimos días el gobierno de la Generalitat de Catalunya ha dado nuevos pasos en este sentido. A las políticas ya conocidas de impulso de nueva vivienda protegida y de limitación de usos y precios, objeto de polémica, suma ahora ayudas para el acceso a la hipoteca de jóvenes que adquieren su primer piso. Políticas distintas, en beneficio de colectivos distintos, con medios también diferentes; pero todas con un papel que jugar ante un tema que, como todas las cuestiones políticas, se juega en el largo plazo y en la combinación de esfuerzos y actuaciones. Bienvenidas sean.