División dentro de la bancada de Junts per Catalunya por la adhesión al Pacto por el Padrón

Segundo disenso entre Junts per Catalunya y Moviment d’Esquerres (MÉSCat), el partido del diputado Agustí Colomines y del exconsejero Toni Comín. Ambas formaciones conviven en el grupo del Parlament, tras un acuerdo de colaboración firmado en abril, y este miércoles han topado a cuenta del Pacto por el Padrón en Cataluña. Mientras que la formación que lidera Carles Puigdemont ha declinado adherirse (como PP, Vox y Aliança Catalana), MÉSCat se alinea con PSC, ERC, Comuns y la CUP.

El Pacto, que incluye la defensa del derecho al padrón universal sea cual sea la situación administrativa o de vivienda de la persona residente, ha sido presentando este miércoles en la Cámara. El documento de la Xarxa d’Entitats pel Padró lo apoyan más de 200 entidades de la sociedad civil. A nivel político, dieron su apoyo el PSC, ERC, Comuns y CUP. El PP, Vox y Aliança Catalana declinaron participar. Junts expresó su rechazo porque considera que no resuelve “en profundidad cuestiones fundamentales para una gestión del padrón que sea coherente con las herramientas y recursos que tiene el país en estos momentos”.

MÉSCat, por su parte, ha informado este miércoles que se adhiere a la propuesta, al considerar que la denuncia de exclusión residencial y de criminalización de la pobreza que se hace desde el Pacto “entronca con la reivindicación de los derechos humanos básicos de los que se derivan los derechos sociales”. Sin embargo, también pide trabajar con la Generalitat “para definir una estrategia para redimensionarlos servicios públicos municipales para que puedan dar respuesta al crecimiento poblacional”.

De momento no hay ninguna votación en el Parlament sobre este tema y el propio Colomines ha explicado a este diario que “ya se verá” qué pasa en el caso de que se ponga sobre la mesa. El choque, sin embargo, vuelve a mostrar las costuras de la bancada de Junts, en donde un amplio espectro ideológico puso sordina a sus diferencias sectoriales gracias a la figura de Puigdemont y la bandera independentista. En los últimos meses, sin embargo, Junts había optado por remarcar sus propuestas más de centroderecha, de cara a reafirmarse en el espacio político que tradicionalmente ocupó Convergència.

La posición de Junts respecto al padrón es una de las piezas clave en su pugna con Aliança Catalana. Los de Puigdemont intentan endurecer su discurso respecto a la inmigración para intentar frenar el avance de una formación que recurre sin rubor a postulados xenófobos. Eso se ha visto con políticas específicas. El alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, por ejemplo, ha ordenado que no se empadronen ocupas. Para hacer el trámite en el Ayuntamiento es necesario tener un contrato de alquiler, una escritura de compraventa o que el propietario se persone para certificar que autoriza la residencia de un vecino. En el caso de Sant Cugat del Vallès quieren ampliar de tres a diez años el tiempo de empadronamiento necesario en un municipio por optar en una vivienda pública.

El discurso oficial de Junts es que esas medidas no responden a un interés de control de la población inmigrante sino de una garantía de derechos y de efectividad de la ley. Fonollosa, en una entrevista a este diario, aseguró: “De un delito, como la usurpación, no pueden emanar derechos”. En el caso de Sant Cugat, el alcalde Josep Maria Vallès insiste en que detrás de la propuesta se quiere evitar expulsar a los vecinos y jóvenes.

Hace dos meses, Junts y Moviment d’Esquerres firmaron en Waterloo un acuerdo para colaborar de manera “más sostenida en el tiempo” y coordinarse en diferentes ámbitos de “trabajo común”. El texto, entre otras cosas, favorece la doble militancia entre sus afiliados y establece que MEScat tendrá representación en la Ejecutiva de Junts y viceversa. La primera vez que públicamente chocaron fue a raíz de la reducción de la jornada laboral. Mientras que Junts per Catalunya ya llegado a registrar en el Congreso una enmienda a la totalidad al proyecto, los de Colomines aseguraron en un comunicado que se trata de “una conquista histórica del movimiento obrero y una reivindicación central de la izquierda”.