El reto de dar clase a alumnos que viven un desahucio: “No es un chulo, lo está pasando mal”

La Plataforma de Docentes 080, de maestros de Barcelona que han reaccionado ante el impacto que los procesos de desahucio tienen en sus alumnos, han intentado poner cifras a un fenómeno, perder la casa, que entienden que es “una vulneración de los derechos básicos” para los menores. La plataforma lanzó una encuesta a las escuelas de la ciudad y este miércoles han presentado los resultados. Respondieron 46 centros (la mayoría escuelas e institutos), sobre todo de los tres distritos más afectados (Nou Barris, Ciutat Vella y Sants-Montjïc), y los datos revelan que tienen 215 alumnos amenazados con perder la vivienda y 180 alojados en pensiones. Un 96% de los centros ha identificado situaciones de infravivienda (sobreocupación, contratos en precario, ocupaciones o familias que viven en locales), y un 13% casos de sinhogarismo (familias en chabolas o menores no acompañados que acuden a un centro para mayores de 16 años).

El informe Detección de situaciones de infravivienda y desahucios en centros educativos de Barcelona, se ha realizado en colaboración con el Observatorio Desca. La plataforma defiende que la escuela es un derecho básico y debe ser garantía de equidad y que no pueden dejar a estos alumnos atrás. Durante la presentación han pedido a la administración que haga un informe oficial de la cuestión.

Los afectados por procesos de pérdida de su casa son niños o jóvenes que presentan estrés emocional, les cuesta concentrarse, y su rendimiento académico empeora, llegan tarde o no van al cole, apunta el estudio. Si están alojados en pensiones, pueden estar ubicadas en la otra punta de la ciudad respecto a su barrio de origen. Y, en estos casos, las familias comparten habitación, no pueden cocinar y deben compartir espacios como los baños.

“Constatas que en los desahucios, el sistema no cuenta con los menores, y un día llega un caso a la escuela que te dispara un click y decides que tienes que hacer algo”, explica la directora de la Escuela Jacint Verdaguer, del barrio del Poble Sec (Sants-Montjuïc), Anna Pérez, que ha presentado el informe. “Un alumno no debe vivir esto, ni casos graves con intervención policial. Y la familia debe sentir que la escuela es un lugar seguro, que no debe esconderse ni avergonzarse. Pero hay que respetar su ritmo”, relata. En Poble Sec crearon la Red de Atención a menores en situación de pérdida de vivienda que aglutina escuelas, centros abiertos por la tarde, servicios sociales, el plan comunitario, la red de infancia y está en contacto con el Sindicato de Inquilinas.

Y ¿cómo lo abordan? “Estamos con mil ojos, pero respetamos el momento en el que la familia quiere decirlo. Si piden ayuda, colaboramos en explicar la situación a los afectados: que habrá un cambio, trabajamos las emociones, y le dejamos claro que la casa es la familia, las personas. Vemos que hablando, los problemas no son tan grandes. Y si el niño está más tranquilo, todo va mejor”. Llegado el día del lanzamiento, si la familia lo pide, alguna representación del centro les acompaña. El profesorado se ha formado y lidia con situaciones que, más allá del desahucio, “se alargan, se cronifican”, lamenta esta directora. Su centro, por ejemplo, tiene alumnos alojados muy lejos: en L’Hospitalet, Badalona o el Guinardó.

¿Y los alumnos, comparten lo que están viviendo? “Depende”, prosigue Pérez: “No hay una receta: si lo piden, trabajamos en círculos de diálogo y la situación mejora”. Los niños, celebra esta directora, “tienen un sexto sentido, detectan cuando alguien necesita ayuda”. Recuerda un caso: “Un día que un niño tenía una actitud disruptiva en el patio”, se enfadó con otro, y un tercero le defendió: “‘No es que sea un chulo, es que lo está pasando mal’”.

En el Eixample, con rentas medias, el fenómeno es más reciente, explica la directora de la escuela Diputació, Marta Ortiz. “La política de dar equidad y de que todas las escuelas atiendan a población con necesidades han modificado la configuración de las aulas”, explica de un barrio donde las rentas están en la media de la ciudad. En el distrito, detalla Ortiz, hay pocos casos de alumnos en proceso de desahucio y pueden dedicarles más atención. Por otra parte, las familias de la escuela tienen perfiles profesionales que les permiten ayudar. “Tenemos familias muy sensibilizadas y con profesiones como juristas, trabajadoras sociales o expertas que pueden colaborar, siempre como familias”. En la escuela han creado una comisión de familias y están aprendiendo, admite la directora. “Lo primero es que pase lo que pase el alumno no sea diferente: si no trae el material, o si su familia no se puede permitir una salida, aunque el estado emocional cambia”. “Es complicado porque perder la casa provoca vergüenza, culpa, las familias sienten que la situación no es correcta para sus hijos, o si no pueden pagar algo se sienten mal... El mensaje, si son cuestiones económicas, es: calma, lo solucionaremos”.