El Ministerio notifica el derribo del Club de Mar Sitges en junio por la Ley de Costas
La ley obliga a las instalaciones costeras a no superar los 300 metros cuadrados en dominio público con una licencia máxima de 30 años
El Club de Mar de Sitges (Barcelona) ha recibido este martes una notificación jurídica del Ministerio de Transición Ecológica en la que fija esta fecha para su derribo: 2 de junio. Gonzalo Fuster, vicepresidente del club, ha confirmado a EL PAÍS la orden emitida por el ministerio. “Hemos convocado esta tarde al gabinete jurídico para ver qué acciones podemos tomar. Desde luego vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esta arbitrariedad de las administraciones no llegue a ejecutarse”, ha afirmado Fuster.
El Ayuntamiento de Sitges ha reaccionado con una nota donde pone de relieve su disconformidad con el derribo y dice lamentar que no se haya tenido en cuenta “una moratoria que permita aplazar la actuación, como mínimo hasta después de la temporada de verano”. El consistorio considera que ese margen de tiempo hubiera permitido, por lo menos, “minimizar el impacto” sobre el tejido social, económico y deportivo del municipio.
“Como bien sabe la demarcación de costas en Cataluña, el Club de Mar de Sitges y la piscina Maria Teresa son un Bien Cultural de Interés Local, junto al Kansas y al Picnic dado los valores históricos, sociales y culturales de este espacio. Por ello, está inscrito en el Registro de Patrimonio de la Generalitat de Catalunya como bien protegido. La demolición de dicho espacio constituye una ilegalidad flagrante”, explica el club en un comunicado.
Los clubes náuticos catalanes reciben desde hace años las advertencias de cierre del Ministerio de Transición Ecológica, que encabeza Sara Aagesen, por el incumplimiento de la Ley de Costas, vigente desde 1988 y modificada en 2014, que obliga a las instalaciones costeras a no superar los 300 metros cuadrados en dominio público con una licencia máxima de 30 años. De hecho, dos clubes echaron el ancla hace tres años por superar este límite: el CN de Cabrera de Mar y el CN Pineda de Mar.
El club náutico de Sitges, donde trabajan 35 personas a lo largo del año y acuden 550 socios, estaba envuelto en varios litigios por la normativa costera. Batallas legales que superaron tras ser declarados como Bien Cultural de Interés Local (BCIL). Pero no fue suficiente para evitar más advertencias de derribo. La única forma de evitar la regulación costera es convertirlo en Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), como confirmó en julio el propio Fuster a este periódico. “No tiene ningún sentido. Enriquecemos el tejido social de la comunidad local, formamos parte de su patrimonio y dinamizamos un deporte emblemático de Cataluña que se están cargando”, dijo el vicepresidente entonces.
La Generalitat es quien debe reconocer como BCIN a estos clubes náuticos federados que entre los 600 kilómetros de playa de la Costa Dorada, la Costa Brava y la de Barcelona, realizan regatas, clases de natación o paddle surf.
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