El juez advierte de que no se puede iniciar una “causa general” contra Colau por las subvenciones

El juez que investiga a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por las presuntas irregularidades en subvenciones a entidades afines, ha denegado que se practiquen nuevas diligencias. La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), la entidad que se querelló contra Colau, había solicitado que se analizaran todas las ayudas concedidas por el consistorio en los últimos años. El magistrado lo ha rechazado en un auto en el que critica que no se puede llevar a cabo “una causa general contra el gobierno del Ayuntamiento”.

La Fiscalía ya había advertido de que las nuevas diligencias solicitadas por la entidad -todos los convenios y expedientes de subvenciones entre 2014 y 2021- eran excesivas e inútiles. El titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona le da la razón y critica que la entidad haya sacado ya “sus propias conclusiones” sobre el caso y pida “una investigación puramente prospectiva proscrita por el derecho penal”.

El juez considera improcedentes esas diligencias, y más teniendo en cuenta que hace unos días declaró, como testigo, la interventora municipal, que avaló la legalidad de las subvenciones. El juez también ve “cuanto menos extraña” la petición de que la Policía emita un dictamen sobre las irregularidades, cuando ese es, precisamente, el objeto de la investigación.

La defensa de Colau, que ejercen los abogados Àlex Solà y Olga Tubau, ha presentado un escrito en el que pide al juez que archive la causa contra la alcaldesa con el argumento que ella misma ya dio cuando declaró como investigada: que no tuvo ninguna intervención “directa ni indirecta” en la concesión de las ayudas a entidades con las que tanto ella como varios miembros de su equipo de gobierno habían mantenido vínculos ideológicos y relaciones laborales. Las entidades bajo el punto de mira de la entidad son el Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ingenieros sin Fronteras y la Alianza contra la pobreza energética.

martes un escrito en el que solicita al juez que archive la causa, alegando que no tuvo ninguna intervención “directa o indirecta” en los expedientes y que las ayudas se tramitaron bajo el “control” de la Gerencia. La investigación se abrió a raíz de una querella presentada por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, que acusa a la alcaldesa de otorgar de forma arbitraria subvenciones a entidades afines como la PAH o el Observatorio DESC, en una denuncia que es prácticamente idéntica a otra que Fiscalía archivó el año pasado al no apreciar indicios de delito.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal